Los miembros de las fuerzas armadas y la policía sospechosos de responsabilidad penal en graves violaciones de derechos humanos podrían eludir la acción de la justicia gracias a la reforma constitucional prevista en Colombia, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Los cambios, que están actualmente en el Senado y se espera que adquieran carácter de ley en breve, reforzarán el sistema de justicia militar del país, que ha garantizado en el pasado la casi total impunidad de los miembros de las fuerzas armas y la policía.
Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos llevan años pidiendo a las autoridades colombianas que pongan fin a la jurisdicción del sistema de justicia militar en los casos relacionados con violaciones de derechos humanos.
“La aprobación de esta reforma constitucional va en contra de las obligaciones internacionales contraídas por Colombia en materia de derechos humanos y entraña el riesgo de consolidar todavía más la impunidad de las fuerzas armadas y la policía”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
“Las víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas armadas y la policía colombianas tienen todo el derecho a ver que se haga justicia en el sistema judicial civil mediante procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos.”
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como casi una decena de expertos en derechos humanos de la ONU, han criticado recientemente la propuesta de reforma.
La Corte Constitucional de Colombia ha explicado también claramente que las violaciones graves de derechos humanos no deben ser competencia de los tribunales militares. En un fallo de 1997, determinó que este tipo de delitos están totalmente fuera de la jurisdicción militar.
La justicia militar existente
En muchos casos, las fuerzas armadas de Colombia ejercen ya control sobre las fases iniciales de la investigación criminal, y es habitual que manipulen la escena del delito para hacer que las violaciones de derechos humanos parezcan homicidios en acto de combate.
Pero la reforma constitucional propuesta aumentará aún más este control, al crear un Tribunal de Garantías Penales encargado de decidir la jurisdicción de los casos.
Aunque habrá en él representantes civiles y militares, este tribunal constituye una amenaza para el sistema de justicia civil, al reforzar la función directa que desempeñan ya las fuerzas armadas desde el primer momento a la hora de definir la naturaleza del delito y decidir la jurisdicción del caso.
Excepciones limitadas
El proyecto de reforma parece excluir de la revisión militar algunas de las más graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la violencia sexual, los crímenes de lesa humanidad (no tipificados como delito en la legislación colombiana) y el genocidio.
Sin embargo, dado el control que siguen ejerciendo las fuerzas armadas sobre las primeras etapas de la investigación criminal, hasta que se lleve el asunto al Tribunal de Garantías Penales y durante su tramitación en él, tendrán aún más poder para influir en los resultados de tales casos. En virtud de la reforma, a las fuerzas armadas les resultará más fácil definir las violaciones de derechos humanos como actos legítimos de situación de conflicto, tales como muerteshttp://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/colombia-reforma-fomenta-impunidad-militares-policia-2012-12-06 en combate, para que queden así sujetas a la jurisdicción militar.
Con arreglo a una disposición aún más preocupante de la reforma, los crímenes de guerra, que pueden incluir desaparición forzada, tortura y violación y otros actos de violencia sexual, estarán todavía sujetos a revisión en el sistema de justicia militar.
Los tribunales militares continuarán, asimismo, procesando casos de colaboración y colusión con grupos paramilitares, los cuales han sido parte integrante de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas colombianas.
A pesar de la supuesta desmovilización llevada a cabo con el ex presidente Álvaro Uribe, los paramilitares continúan activos en algunas partes de Colombia, en colusión con las fuerzas armadas y con su apoyo, a menudo cometiendo violaciones de derechos humanos, que incluyen el empleo de tácticas de “guerra sucia”.
“La aprobación de esta reforma será un indicativo claro de la falta de compromiso del gobierno con los derechos humanos en un contexto en que las fuerzas armadas y la policía continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos directamente o en coordinación con los paramilitares”, ha afirmado Lee.
“Cuando se mata o hiere a civiles en operaciones militares, las víctimas y sus familiares están en todo su derecho a pedir justicia, verdad y reparación.”
Amnistía Internacional reitera su llamamiento a los países que prestan apoyo militar a Colombia para que pidan un compromiso claro del gobierno colombianos con la aplicación plena de las reiteradas recomendaciones formuladas por la ONU en materia de derechos humanos, entre ellas la exclusión de todos los casos relacionados con violaciones de derechos humanos de la competencia de los tribunales militares. Sin tal compromiso no hay garantías de que el apoyo militar exterior no contribuya a que se cometan más violaciones de derechos humanos en el país.