El capítulo tiene su sede en Barrancabermeja (Santander), municipio que históricamente ha derivado su desarrollo económico de la industria del petróleo, cuyo primer pozo comenzó a explotarse en 1916. En Barrancabermeja se encuentra la sede central de la empresa Ecopetrol cuyo sindicato, la Unión Sindical de Obreros (USO), es uno de los más reconocidos del país.
Los principales responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad en la ciudad han sido las Autodefensas Unidas de Santander y sur del Cesar (Ausac) de las AUC, en connivencia con la Fuerza Pública, principalmente el Batallón Nueva Granada de la V Brigada. En el periodo comprendido entre 1988 a 1993, incrementaron sus acciones contra personas de sectores rurales y provenientes de barrios populares. Los casos más emblemáticos de la violencia sociopolítica en este municipio son la desaparición de 19 comerciantes; la masacre de la comisión judicial que investigaba dicho caso (1987 – 1988); las ejecuciones extrajudiciales ordenadas y ejecutadas por la Red de Inteligencia de la Armada Nacional (1990-1992); la desaparición colectiva y masacre del 16 de mayo de 1998; y la masacre del 28 de febrero de 1999.
El capítulo Barranca del Movice está constituido principalmente por víctimas de estos sucesos, por lo que confluyen familiares de personas víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. De él hacen parte 14 organizaciones de víctimas, como el Colectivo 16 de Mayo, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), el espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos, la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), el Observatorio de Paz Integral (OPIN), la Organización Femenina Popular (OFP) y el acompañamiento del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
El capítulo adelanta procesos permanentes de exigibilidad de derechos, principalmente en relación a la búsqueda de sus familiares desaparecidos y el cumplimiento de protocolos para la entrega de los cuerpos en el desarrollo de exhumaciones.
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