Un fallo del Tribunal Superior de Bogotá del 2016, asegura que el Bloque Capital de las AUC, que operó en la capital del país, se consolidó a finales de 1997. Luego de la masacre de Mapiripán, Carlos Castaño ordenó la expansión de la estructura criminal, con el apoyo del capitán (r) del Ejército Jorge Rojas Galindo y el narcotraficante Miguel Arroyave (noticia completa en El Espectador). Las actuaciones del bloque tuvieron como centro de operaciones el Sanandresito de la 38 y las extorsiones a comerciantes, los nexos con la Policía, el ajuste de cuentas y el sicariato estaban dirigidos por Arroyave.
Respecto a las actuaciones de los agentes del Estado, la XIII Brigada del Ejército estuvo detrás de una serie de asesinatos y campañas de terror de finales de los 90. Específicamente en 1998, la oficina del Proyecto Colombia Nunca Más fue allanada, “Los soldados obligaron a los empleados a arrodillarse a punta de pistola para tomarles fotos, un gesto concebido aparentemente para evocar una ejecución sumaria. Durante el registro, los soldados llamaron “guerrilleros” a los empleados y los filmaron junto a los documentos en la oficina”, relata en un informe la ONG internacional Human Right Watch.
Para esta época, fue común la vigilancia de las organizaciones de derechos humanos atribuida a la inteligencia militar. Asimismo, los teléfonos interceptados, las amenazas, la caída de las páginas web y, de la línea de internet y telefónica. Hechos similares ocurrieron en el gobierno de Álvaro Uribe, por ejemplo, con las chuzadas realizadas por el DAS a defensores/as de DD.HH., sindicalistas, periodistas, líderes estudiantiles y de oposición política, denunciadas en 2009.
Por otro lado, la capital colombiana fue declarada la ciudad con más personas desplazadas del mundo: 350 mil en 2014. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), a mayo de 2018 Bogotá ha recibido a 549.700 personas desplazadas originarias de diversas regiones del país, víctimas por diferentes hechos de violencia sociopolítica y con ocasión del conflicto armado.
Desde que se llevaban a cabo los diálogos de La Habana, la persecución a líderes/as sociales es algo sistemático en diferentes departamentos del país. En Bogotá, el 19 de enero de 2015, el líder comunitario Carlos Alberto Pedraza fue desaparecido y asesinado. Asimismo, la capital colombiana se ha visto fuertemente golpeada por el genocidio que ha sufrido el sindicalismo desde los años 80 hasta el presente. En hechos recientes, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Luis Alejandro Pedraza, aseguró que en 2017 asesinaron a 37 integrantes de este sindicato, un ataque que no ha cesado a pesar de la firma de los Acuerdos, contra este y demás sindicatos del país. Ese mismo año fueron asesinados dos defensores de derechos humanos y se reportaron 68 agresiones contra este sector por Somos Defensores.
En el capítulo participan principalmente víctimas de desaparición forzada, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado provenientes de diversas regiones del país. Las organizaciones que participan son Hijos e Hijas, BeligerArte, Guarichas, El Embudo, Unión Sindical Obrera (USO), Semillas de Memoria y Dignidad, con el acompañamiento de personas voluntarias y estudiantes universitarios. La asamblea general del capítulo cuenta con la participación de víctimas y organizaciones de municipios de Cundinamarca como Fusagasugá, Zipaquirá, Soacha Y Facatativá.
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