El día 24 de diciembre, en horas de la tarde, se conoció por vía telefónica de una fuente directa que hay un plan para asesinar a personas de la comunidad de Bracitos, territorio colectivo de Jiguamiandó.
La operación usaría el nombre de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, asesinando al lider Seferino Armanta y otros dos pobladores de la comunidad acusados falsamente de ser colaboradores de la guerrilla del ELN.
El acceso a Bracito, comunidad del territorio colectivo es a solo 30 minutos de Llano Rico, desde la base militar del Batallón 54
Ayer un grupo armado incursionó en horas de la tarde a Bijao Onofre buscando a la lideresa Rosario Amaya, lideresa de una Zona de Biodiversidad y reclamante de tierras.
El grupo se hizo pasar por la guerrilla del ELN pero en el mismo iban personas relacionadad con empresarios ocupantes de mala fe que se vistieron con camuflados. De acuerdo con testigos, uno de ellos expresó que venían por órdenes empresariales.
A pesar de la extrema situación de riesgo no hubo adopción eficaz de medios idoneos por la UNP, para la protección de 25, de 250 líderes de las comunidades que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, y los que son reclamantes de tierras en Bajo Atrato y Urabá antioqueño.
Desde ayer y en el día de hoy se están dando desplazamiento forzados de líderes y familias reclamantes, legales y legitimos propietarios en el bajo Atrato y Urabá antioqueño.
Desde 1996 y hasta el 20016 comunidades de La Larga y Tumaradó, Pedguita y Mancilla (Bijao Onofre), Curvaradó y Jiguamiandó se encuentran despojadas por operaciones paramilitares consentidas por la Brigada 17 bajo el pretexto de perseguir a la guerrilla de FARC EP
Empresarios bajo distintos mecanismos de apropiación ilegal han desarrollado un entramado criminal que goza de impunidad y con el que se ha posibilitado agronegocios ilegales de palma, banano, coca y la ganadería extensiva.
Hasta hoy a pesar de órdenes constitucionales ha sido imposible el saneamiento de la.propiedad. Los derechos territoriales de las comunidades siguen siendo desconocidos.
Bogotá, 24 diciembre 2017
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz