Deyanira Gonzalías, una afrocolombiana del Norte del Cauca perteneciente a la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas, UAFROC, denunció el despojo y acaparamiento de tierras que su afros e indígenas Nasa han sufrido históricamente por parte de los ingenios azucareros de la zona. El rompimiento de los tejidos sociales, pérdida de la cultura y de la soberanía alimentaria, fueron impactos que la lideresa destacó como vulneraciones a los derechos de los campesinos y comunidades étnicas a la existencia digna, por encontrar que su identidad se encuentra estrechamente vinculada al territorio que habitan.
Efectivamente, la agro-industria, que se dirige principalmente hacia mercados exteriores, representa el 6,5 por ciento del producto nacional bruto y emplea al 20 por ciento de la población activa . Este modelo agrario ha intensificado la concentración de la propiedad de tierras en Colombia en manos de una pequeña elite económica, vinculada a conflictos violentos de despojo territorial.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, que participa de esta campaña, destaca que las denuncias de las comunidades se encuentran bajo un contexto legislativo adverso a sus derechos, que desarmoniza con los mandatos constitucionales y los puntos acordados en la agenda de paz de la Habana. Particularmente, la política minero energética y agroindustrial que prioriza la implementación de proyectos extractivos en el país, así como los acuerdos comerciales con la Unión Europea que asfixian las economías campesinas y otras formas de vida autónomas.
Por ejemplo, el Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 ha previsto cerca del 20 % del territorio para ser destinado a áreas estratégicas mineras, y cerca de 47 % de todas las inversiones extranjeras en Colombia en 2013 fue destinado a los sectores de petróleo y minería . Esta situación ha tenido un impacto en los derechos humanos de los ciudadanos, particularmente de campesinos, indígenas y afrocolombianos, pues el 90% de las violaciones registradas, ocurren en zonas donde la agricultura y la pesca tradicional fueron remplazadas por la extracción de oro y petróleo; además, la presencia de estas economías ha agudizado y prolongado el conflicto armado interno.
Recientemente, el Gobierno Colombiano sancionó la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES, en la cual las tierras originalmente destinadas a los pequeños campesinos en el marco de la reforma agraria, podrán ser entregadas bajo concesión a grandes empresas agroindustriales con capacidad de explotación a gran escala. Esta ley amenaza el espíritu de redistribución y equidad de la propiedad rural y atenta contra el derecho progresivo a la tierra del campesinado, pues permite la acumulación que ilegalmente muchas empresas multinacionales y particulares señalados de tener vínculos con perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, venían realizando en la altillanura y otras zonas del país.
Las relaciones comerciales europeas con Colombia también son una preocupación para el campesinado colombiano, pues la importación de productos agrícolas pone en desventaja su producción, y se prevé que serán equiparables a los impactos del Acuerdo Comercial con Estados Unidos, sobre el cual se estima que las economías campesinas tuvieron cerca del 70% en pérdidas sobre sus ingresos
En este sentido, invitamos a las organizaciones sociales belgas y europeas a solidarizarse con el pueblo colombiano en su clamor de paz con garantías de no repetición; asegurarse de que las empresas belgas y europeas en Colombia, así como la importación de productos de nuestro país no contribuyan a la violación de los derechos humanos, como la apropiación violenta de tierras; ofrezcan el apoyo y protección a los defensores de derechos humanos quienes construimos la paz desde los territorios; e insistan en el derecho de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas de permanecer en su territorio.