Prensa Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, citó a audiencia de juzgamiento al Estado colombiano este 17 y 18 de octubre de 2017, durante el 58 periodo de sesiones extraordinarias en la ciudad de Panamá, por cuatro casos de asesinatos de jóvenes presentados como guerrilleros muertos en combate, cometidos entre 1996 y 1998.
Se trata de las ejecuciones extrajudiciales de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, el 11 de agosto de 1996; Elio Gelves Carrillo, el 28 de mayo de 1997; Carlos Arturo Uva Velandia, el 21 de junio de 1992; y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, el 4 de septiembre de 1995.
La audiencia se puede seguir a partir de las 3 pm del día 17 de octubre por la web del Cajar www.cajar.org, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos www.corteideh.or.cr o en su canal de Livestream: https://livestream.com/accounts/1404510/events/7718297
En la presentación del caso, titulado “Caso Villamizar Durán y otros vs.Colombia”, la Corte destaca que:
“Además de la determinación de la privación arbitraria del derecho a la vida, en los casos de Gustavo Giraldo Villamizar Duran y de Elio Gelves Carrillo, la Comisión también encontró una violación del derecho a la honra y la dignidad debido a que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales. Asimismo, en los casos de Elio Gelves Carrillo, Carlos Arturo Uva Velandia, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, la Comisión determinó que debido a que su muerte habría estado precedida de una privación de libertad en la cual pudieron prever su destino fatal, estas personas también fueron víctimas de afectación a sus derechos a la integridad y libertad personales.”
Los casos fueron acumulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el informe de fondo presentado a la Corte, al haber encontrado la existencia de un patrón sistemático y generalizado en los cuatro casos consistente en presentarlos como guerrilleros muertos en combate y luego trasladar la investigación a la justicia penal militar, donde estuvieron, en el caso de Wilfredo Quiñonez, durante 12 años antes de ser asumidos por la justicia ordinaria como corresponde, donde aún hoy se encuentran en la impunidad. Los casos restantes siguen siendo de conocimiento de la jurisdicción penal militar.
El Estado colombiano en su escrito de contestación a la Corte Interamericana admitió su responsabilidad en la violación al derecho a la vida, a la honra de víctimas y familiares, y al debido proceso. Por tanto, la audiencia se centrará en el el contexto, la tortura, la impunidad, la reparación integral, el Fuero Penal Militar.
Al respecto cabe señalar que, en estos cuatro casos, la impunidad es generalizada. Por ejemplo, en los casos de Wilfredo Quiñonez, José Gregorio Ramírez y Albeiro Romero, el pasado mes de abril fueron condenados dos de los responsables,el soldado voluntario Luis Enrique Pineda Matallana y al entonces Teniente Coronel Jairo Alberto Prieto Rivera, pese a lo cual estos siguen en libertad.
La Comisión también encontró que estos cuatro casos hicieron parte de otros miles documentados por la misma Comisión en visitas in situ, por el relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales y por la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Cabe aclarar que el contexto de estas ejecuciones es distinto al del periodo 2002-2010 cuando se produjo una práctica más sistemática y generalizada, basada en una política estatal de recompensas emanada desde el Ministerio de Defensa de Colombia. Este periodo no será objeto del presente juicio.
Las víctimas familiares de los seis jóvenes asesinados serán escuchadas durante la audiencia, así como los representantes del Estado, y los peritos o expertos admitidos como tales por la CorteIDH, entre quienes se destacan los juristas Federico Andreu y Ángela María Buitrago. El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” junto con Humanidad Vigente Corporación Jurídica y otro abogado independiente participan en la audiencia como representantes de las víctimas.