El primero de ellos contra el ex subdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, José Miguel Narváez, que se encuentra en etapa de juicio y que recientemente ha sido suspendido porque la juez 7 especializada no resolvió una solicitud de los representantes de las víctimas, provocando la nulidad de lo actuado en el juicio desde enero de 2015. En consecuencia, un proceso que debería haber concluido puede dilatarse al menos por un año y medio más obligando a repetir diligencias ya cumplidas. Llama particularmente la atención la actitud de la Procuraduría Delegada que ha actuado protegiendo los intereses del acusado y no los de las víctimas.
En el otro proceso, el que se adelanta contra el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, el pasado 26 de agosto, en la audiencia de solicitud de pruebas, la jueza determinó que los abogados de la familia de Jaime Garzón -del Cajar y de la CCJ- debían volverse a constituir como parte civil dentro del proceso, un trámite innecesario al tratarse de una causa penal sin pretensión de reparación económica. Ante esta decisión arbitraria e irregular, los abogados presentaron una tutela que busca la nulidad parcial de esta decisión, en favor de los derechos de la familia del periodista.
Las maniobras dilatorias dentro del proceso obedecen a un mismo propósito que es ocultar el carácter de crimen de Estado que tuvo el magnicidio de Jaime Garzón y dilatar el caso hasta que prescriba. Sólo así se explica que la justicia avance un paso para retroceder dos ante cada nueva posibilidad de establecer la responsabilidad de miembros de las fuerzas militares. Cabe recordar que la única condena después de 16 años de los hechos es la que se dictó contra el comandante paramilitar Carlos Castaño que nunca respondió por el crimen.
El papel de la Fiscalía no ha sido el más idóneo. Durante cuatro años convalidó el desvío de la investigación que se fraguó desde la Policía y el DAS, haciendo caso omiso del reconocimiento de responsabilidad y denuncia consignada en un video de la banda La Terraza involucrando al general Harold Bedoya, al general Jorge Enrique Mora Rangel y al coronel Santoyo en el crimen. Pero quizás la más grande equivocación ha sido la de no reconocer el crimen de Jaime Garzón como un delito de lesa humanidad, a pesar de cumplir con todos los requisitos del derecho internacional y del evidente daño, reiterado en el reciente pedido de perdón de Don Berna no sólo a la familia del periodista sino que extendió a la sociedad colombiana.
El tercer proceso que se encuentra en etapa de instrucción ha sido el resultado de las revelaciones que hizo el mismo paramilitar don Berna ante una fiscal especializada en Miami en agosto de 2015, donde involucró al General Santoyo, y al Gral. Rito Alejo del Río como coautores o cómplices del magnicidio.
En sus declaraciones el paramilitar también corroboró que presenció cuando Narváez entregó a Carlos Castaño la carpeta con los documentos del montaje de la inteligencia militar para señalar a Jaime Garzón como colaborador de la guerrilla. Narváez actuó como emisario dentro del aparato organizado de poder que determinó el homicidio de Jaime. Fue pieza determinante dentro de un engranaje que permitió la concreción del crimen y que ha evitado ser condenado, utilizando tanto la tramoya jurídica que le permite la ley como la complacencia de la justicia.
En Miami “Don Berna” hizo una declaración trascendental que ha pasado inadvertida para la justicia y la opinión pública, al denunciar que no hubo crimen político o masacre cometida por los paramiltares que hubiese estado precedida de la colaboración del Ejército Nacional y o de la Policía, tanto como para la protección luego de cometidos los hechos. Los paramilitares no se mandaban solos, hicieron parte de una estrategia de guerra “sucia” desarrollada por las FFAA.
Junto con los voluminosos expedientes que reposan sobre la responsabilidad de militares en graves violaciones a los derechos humanos, las declaraciones de paramilitares ante tribunales de Justicia y Paz, sentencias como las de Mancuso o alias “El Iguano”, y las más de trece mil compulsas de copias para que se investigue la responsabilidad de agentes estatales, políticos y empresarios, hasta ahora sin consencuencia alguna, son la corroboración de un Estado que en lugar de prevenir crímenes se dedicó a auspiciarlos.
Las confesiones de los paramilitares, de algunos militares, así como la voz de las víctimas que se ha abierto paso en medio de las estrategias de ocultamiento, denunciando el terrorismo de Estado, coorrobora que este no fue una invención de los defensores de derechos humanos ni una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Militares sino una realidad que cobró y sigue cobrando la vida de miles de colombianas y colombianos que, como Jaime Garzón, fueron declarados enemigos por su postura política, sus críticas al establecimiento, su labor de defensa de derechos humanos o en favor de la paz. Esa lectura de contexto no puede seguir ausente de la investigación, ni de los juicios.