Una estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales
Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crímenes. Así, los instrumentos jurídicos utilizados en el llamado proceso de “negociación y desmovilización”, como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y amnistías al 93 % de los paramilitares.
Otras normas complementarias han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado, sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación económica, política y social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Por su parte la Ley975/05, mal llamada de “justicia y paz”, y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrareste ciclo de impunidad. En su versión original, estas normas no disponen las garantíasnecesarias para reconocer los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y a la no repetición de los crímenes. Tampoco reconocen la existencia de víctimas del Estado, y buscan encubrir la responsabilidad estatal en el surgimiento, accionar, desarrollo y consolidación de la estrategia paramilitar.
A pesar de que la Corte Constitucional ha producido la sentencia C-370 –cuya redacción final aún no se conoce- en la que se introducirían algunas limitaciones a estos extensos beneficios, desde ya es evidente que el Gobierno Nacional y los paramilitares emplearán toda clase de estratagemas para conseguir la impunidad, y mantener a salvo los capitales obtenidos con crímenes atroces, y legalizados hoy en operaciones de lavado de activos.
Por ello develar estos mecanismos de impunidad es uno de los retos y desafíos que tiene el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, usando diversas instancias y procedimientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Recurriendo al acumulado del proyecto Colombia Nunca Más, dilucidará la verdad de lo ocurrido a través de la recolección del testimonio de las víctimas, y documentará las nuevas formas de reingeniería paramilitar. Para este fin, esclarecerá los vínculos entre paramilitares y autoridades civiles y militares, así como los crímenes que siguen cometiendo, y pondrá en claro la identidad de los beneficiarios de los mismos.
El Movimiento de Víctimas exige que se sancione a los máximos responsables de más de 50.000 crímenes de lesa humanidad cuya documentación fue puesta a disposición del Fiscal General de la Nación el 29 de junio de 2006, y pide que se hagan efectivas en lo inmediato las órdenes de captura existentes. El Movimiento de Víctimas reafirma su exigencia de que los políticos corruptos, los empresarios, ganaderos y terratenientes, los intermediarios de multinacionales que han sido determinadores de estos graves delitos sean sancionados ejemplarmente, con condenas penales proporcionales a sus delitos y con medidas judiciales que les impidan el ejercicio futuro de cualquier cargo público.