La falta de garantías para las víctimas de crímenes de Estado nº3:

Campaña de difamación y criminalización en contra de integrantes del MOVICE

“En América Latina existen políticas de criminalización, entendidas como la implementación del conjunto de estrategias y acciones político jurídicas, por parte del Estado y/o los grupos de poder que lo sustentan, para colocar en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad a las comunidades, organizaciones y personas que luchan por el ejercicio y defensa de los derechos humanos y derechos de los pueblos establecidos en los marcos internacionales y nacionales.”¹

El imaginario colectivo del “enemigo interno” que ha creado la política de la “Seguridad Democrática” justifica y legitima cualquier estrategia de persecución contra la oposición política bajo el argumento de que esta forma parte de supuestos brazos jurídicos, políticos y/o sociales de las organizaciones guerrilleras. A esto se suma un proceso de legalización y mimetización de las estructuras paramilitares en la sociedad colombiana y la llamada “guerra política” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en contra de opositores/as políticos, defensores/as de derechos humanos y periodistas entre otros. Como resultado directo nos encontramos hoy en día con supuestas organizaciones “civiles” que juegan un papel clave en el desprestigio, los montajes judiciales y las amenazas en contra de defensores/as de derechos humanos, opositores/as políticos y/o víctimas de Crímenes de Estado.

 

Mimetización de las estructuras paramilitares – Grupos de Extrema Derecha

“Las redes virtuales que adelantan la campaña de difamación contra nuestra comisión de Justicia y Paz, son las mismas que se articulan en la campaña a favor de militares comprometidos con el holocausto del palacio de justicia como el Coronel Alfonso Plazas Vega, con la masacre de Mapiripán como el General Uscategui, con la Operación Génesis como el General Rito Alejo del Rio.”²

El Movimiento Vanguardia Nacional (MVN) es una de muchas expresiones de ultra derecha que se han fortalecido como resultado de la mimetización del paramilitarismo en la sociedad colombiana en los últimos ocho años. La organización nació en febrero de 1999 y fue fundada por Fernando Aizgorri, quien en los años 60 lideró el movimiento “Nuevo Orden” y por Armando Valenzuela Ruiz, fundador del Movimiento Político “Morena”, constituido en agosto de 1989 en Puerto Boyacá para apoyar políticamente a los paramilitares. El Movimiento Vanguardia Nacional ha usado una simbología y un lenguaje abiertamente nacional-socialista y un discurso que defiende el uso de la fuerza para difundir sus ideas. El MVN ha incrementado sus difamaciones en contra del Padre Javier Giraldo, Iván Cepeda, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en especifico a sus integrantes Padre Alberto Franco y Danilo Rueda, y las organizaciones internacionales de acompañamiento PBI y PASC.

“El nombre de sus organizaciones (referiéndose al MOVICE y sus integrantes el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Fundación Manuel Cepeda y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz) señalan inequívocamente la militancia ideológica de sus miembros. Pese a ser una ideología genocida que ensangrentó la humanidad, son ustedes libres de profesar y militar en movimientos comunistas, pero no de aparentar como “neutrales” ante el mundo, ni de defensores de derechos humanos.”³

En abril de 2010 en varias paredes de la ciudad de Bogotá se encontraron amenazas escritas en contra de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Padre Javier Giraldo que fueron suscritas por grupos aparentemente nacional-socialistas. Estas organizaciones de ultra derecha y de tinte nacional-socialista no sólo han difamado a través de sus redes virtuales, sino también han amenazado a las organizaciones de derechos humanos y opositores políticos con el presunto apoyo de estructuras paramilitares y la omisión del Estado Colombiano.

Organizaciones conformadas con el apoyo del gobierno nacional – Manos por la Paz

“En los últimos días, las emisoras radiales de Urabá, que se mueven inconfundiblemente en la órbita de poder e intimidación de la Brigada XVII, han hecho un verdadero festín contra nuestra Comunidad, retransmitiendo repetidamente la entrevista de alias “Samir”. Algo similar ha hecho la ciudadana holandesa Liduine Zumpolle, quien dirige la fundación “Manos Por La Paz”, dedicada a convencer a los combatientes de las FARC que han caído en prisión, para que firmen convenios y promesas de no retornar a la insurgencia y así obtener beneficios del Estado, actividad que, sin negar su validez, la ha llevado a establecer relaciones estrechas con los sectores más ligados al polo contrario del conflicto, o sea, a militaristas y gentes de extrema derecha.”⁴

El gobierno nacional ha promovido, apoyado y/o permitido en los últimos años la creación de decenas de organizaciones civiles para poder dividir, difamar y criminalizar a organizaciones sociales y de oposición política. Encontramos entre otros, a la organización UnoAmérica fundada a finales de 2008 y que tiene como objetivo “defender la democracia y la libertad en nuestro continente, que se encuentran bajo amenaza.” UnoAmérica ha hecho una campaña de difamación en contra de políticos/as opositores y defensores/as de derechos humanos, señalándoles de formar parte de la “guerra política y jurídica” de las FARC-EP. En un informe elaborado por UnoAmérica en marzo de 2010 sobre el asesinato de Manuel Moya y Graciano Blandón en diciembre de 2009 en la cuenca del Curbaradó señalan entre otros, a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de colaborar con la guerrilla, basándose en declaraciones del desmovilizado de las FARC-EP alias “Samir” e integrantes de la Brigada XVII.⁵

Otra organización es Manos por la Paz, fundada a finales de 2007 e impulsada desde la cárcel de la Picota por un grupo de guerrilleros que dijo no querer formar parte de un posible acuerdo humanitario. Las personas visibles de la organización en medios nacionales e internacionales han sido alias “Karina”, “Samir” y “Olivo Saldana”. Estas tres personas han sido postuladas por el gobierno nacional como “gestores de paz” y desde el inicio de su trabajo han dado testimonios en procesos judiciales y medios nacionales e internacionales en contra de decenas de defensores de derechos humanos, políticos y también organizaciones e integrantes del MOVICE, acusándoles de formar parte de la estrategia jurídica, política y/o base de apoyo de las FARC-EP y/o ELN, entre estos el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Juventud Comunista, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Gloria Cuartas, el Partido Comunista Colombiano, Fensuagro y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Por el testimonio de alias “Olivo Saldana” fueron detenidos y acusados del delito de rebelión en agosto de 2009 el ex fiscal del sindicato campesino FENSUAGRO Alirio Garcia y tres estudiantes de la Universidad del Quindio, dos de ellos pertenecientes a la organización estudiantil FEU. El fiscal 10 antiterrorismo delegado ante las Fuerzas Militares, Ramiro Antury Larrhondo, quien llevaba el proceso, fue detenido con fines de extradición el 9 de febrero de 2010 por sus supuesto vínculos con el narcotraficante alias “Comba”. El 25 de marzo de 2010 el juez absolvió a Alirio Garcia y los tres estudiantes, declarándoles inocentes.

Guerra sucia del DAS contra ONG's de derechos humanos y la oposición política

“En los últimos años hemos sido testigos de repetidos escándalos que envuelven y comprometen al DAS en el mundo oscuro de la criminalidad, favorecida a su vez, por una sistemática impunidad y por el sepulcral silencio que sigue a cada oleada de denuncias.”⁶

En el marco de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del radicado No. 11001600068620090002, el 3 de abril de 2009, la Policía Judicial realizó un informe consolidado. Según el informe, “el DAS contaba con un Grupo especial de inteligencia denominado G-3, el cual “no fue creado legalmente y por ende no tiene respaldo de acto administrativo alguno, pero su existencia era de conocimiento del Director General del DAS, los asesores de Dirección, Directores Generales de Inteligencia y Operativa, Sub Directores de Operaciones y Contra Inteligencia, tal como se evidencia en el acta de reunión No. 001 del 8 de marzo de 2005, obrante al folio 211 del AZ 33-2004. (…) “es evidente que el Grupo Especial de Inteligencia G3 nació con unos propósitos específicos, como fue la de realizar labores de inteligencia para lo que ellos llamaron OPOSITORES DEL GOBIERNO NACIONAL, lo cual es notorio si vemos que en los años de su existencia (conocidos en esta investigación 2004 y 2005), todos sus blancos fueron organizaciones no gubernamentales, periodistas, sacerdotes y, entre otros, políticos de los cuales públicamente se conoce que efectivamente han sido adversarios de las políticas del Gobierno Nacional”.⁷ Entre las organizaciones que figuraban en el informe estaban la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quienes fueron señalados como blancos de actividades de inteligencia del “G3” referidas a seguimientos, interceptación de correos electrónicos y registros migratorios entre otros.

En enero de 2010 la Fiscalía General de la Nación incautó en un allanamiento varios documentos clasificados del DAS fechados en junio de 2005. Estos documentos mostraron el carácter sistemático de persecución en contra de numerosas organizaciones y personas de las diferentes Cortes, periodistas, defensores y opositores políticos que ha ejecutado el DAS en el marco de una llamada “Guerra Política”. Los documentos entre otros hablaban de la necesidad de “desinformar la población que se encuentra a favor de los detractores del Gobierno”, “generar división al interior de los movimientos de oposición”, “neutralizar influencia en CIDH”, “neutralizar las acciones desestabilizadores de las ONG en Colombia y el mundo”, “Establecer vínculos con organizaciones narcoterroristas en busca de su judicialización” y “neutralizar influencia en sistema jurídico Europeo”.

Entre las organizaciones y personas que fueron seguidas, “chuzadas”, intimidadas y amenazadas por el DAS durante los últimos años, según la información que se conoce hasta la fecha, se encuentran el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

“Consideramos fundadamente que las actividades de inteligencia desarrolladas contra el CAJAR y demás ONG de derechos humanos fueron planeadas, decididas y ejecutadas al más alto nivel dentro del DAS, en acatamiento a directrices del alto gobierno, el cual recibía informaciones de tales labores. De hecho, es el poder ejecutivo el que nombra los directores de esa entidad, de los cuales cuatro están siendo investigados por estos hechos. Además, bajo la administración del actual gobierno, cargos importantes dentro de la estructura del DAS fueron paulatinamente ocupados por ex-oficiales de la Armada, lo que produjo una creciente militarización de esta entidad de naturaleza puramente civil, lo que facilitó que los defensores de derechos se convirtieran en el principal blanco u objetivo de sus acciones de inteligencia ofensiva y estratégica.”⁸

El trabajo ilegal de seguimiento y de “guerra política” por parte del DAS en contra de opositores/as políticos bajo el gobierno de Uribe es todavía más preocupante teniendo en cuenta la infiltración paramilitar dentro de esta institución y el intercambio de informaciones entre el DAS y estructuras paramilitares en varios departamentos del país.

Exigimos:

– Que la fiscalía investigue los hechos arriba mencionados

– Que los organismos internacionales se pronuncien sobre el trabajo de desprestigio y criminalización de la protesta social en general y el MOVICE en específico por parte de UnoAmerica y Manos por la Paz.

– Que los procesos judiciales en contra de defensores de derechos humanos no pueden basarse como única prueba en testimonios de desmovilizados que forman parte de la organización “Manos por la Paz”.

– Que el Gobierno Colombiano tenga una política integral de apoyo a organizaciones de derechos humanos.

– Que se depuren y desclasifiquen los informes de inteligencia del DAS.

– Que la Fiscalía juzgue a los responsables materiales e intelectuales de las “chuzadas”, la creación del “G3” y las operaciones en el marco de la “Guerra Política” del DAS en contra de opositores políticos.

– Que organizaciones y organismos internacionales den seguimiento al proceso judicial en contra de varios ex-funcionarios y funcionarios actuales del DAS por la infiltración paramilitar en esta institución y sus actividades ilegales.

Responsabilizamos al Estado Colombiano de cualquier agresión que puede hacerse en contra de integrantes del MOVICE como resultado de una política sistemática de difamación y criminalización que hemos visto en su contra.

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO-COLOMBIA

18 de mayo de 2010