LUGAR: A las 2 de la tarde en la plaza Eduardo Umaña (Cra. 7a – Calle 20) hasta la Plaza de Bolívar, Bogotá (Cundinamarca) .
ACTIVIDAD: Marcha hasta la Plaza Bolívar para elevar ante la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad a la Ley Transicional y realizar un acto simbólico.
CONVOCA: Movimiento Nacional del Victimas de Crimenes de Estado (MOVICE), Gran Coalición Democrática, Polo Democrático Alternativo, Congreso de los Pueblos, Marcha Patriotica, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (Fenaltrase), Unión Sindical Obrera (USO), Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales (Comosoc), Partido Comunista Colombiano, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Coordinación Colombia-Estados Unidos-Europa, Senadora Gloria Inés Ramírez, Representante Iván Cepeda Castro y Representante Hernando Hernández.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado se une a la demanda de inconstitucional de la Ley 1424 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones de Justicia Transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la Ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones” porque aunque su enunciado afirme garantizar nuestros derechos realmente los vulnera.
En esta ley:
* El Estado renuncia a su deber de investigar las violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y violaciones al derecho internacional humanitario. Si no se investiga, no se llegará a todos los responsables de estos crímenes, estos no podrán ser castigados ejemplarmente, se mantendrán las estructuras paramilitares, no se determinarán los daños ocasionados; lesionado con esto nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, permitiendo además que estos crímenes se sigan cometiendo.
* Se otorgan beneficios desproporcionados a los desmovilizados que han sido autores de crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la tortura o los homicidios por razones políticas.
* Nos impide interponer acciones jurídicas para proteger nuestros derechos, en particular cuando suspenden órdenes de captura o ejecuciones de pena a los victimarios.
* Esta ley que viola la Carta Constitucional colombiana y un número considerable de tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos, derechos de las víctimas y DIH, se suma al marco jurídico que rodeó el frustrado proceso de desmovilización paramilitar: la Ley 782 de 2002, el decreto 128 de 2003, decreto 2767 de 2004, la Ley 975 de 2005, leyes que no nos han dado ni justicia ni paz.