Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, manifestamos nuestro rechazo al posible nombramiento del Brigadier General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo como comandante de la IV brigada del Ejército Nacional, quien ha sido denunciado como presunto responsable de por lo menos 26 Ejecuciones Extrajudiciales, mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería N° 10 “Atanasio Girardot” entre el 25 de octubre de 2006 y 16 de abril de 2007 y posteriormente, como comandante del Batallón de Infantería N° 27 “Magdalena”, entre el 5 de diciembre del 2007 y el 2 de septiembre del 2009.
Estos batallones han sido denunciados como dos de las unidades militares con mayor número de casos donde se ve comprometida la responsabilidad de su comandante por la práctica sistemática y generalizada de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial Para la Paz, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que han sido objeto de preocupación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Reprochamos el nombramiento del señor Pinto Lizarazo en este cargo, acto del gobierno nacional que una vez más vulnera los derechos de las víctimas y pone en evidencia su falta de voluntad para garantizar la no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos, considerándose una acción deliberada que perpetúa la impunidad de estos actos criminales.
Reiteramos nuestra preocupación frente a los últimos nombramientos y ascensos del gobierno de Iván Duque en la nueva cúpula militar, fuertemente cuestionada por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos y su política guerrerista, contraria a las demandas del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, de las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional frente a la construcción de la paz.
Exigimos que los nombramientos de los mandos militares en todos los niveles territoriales y jerárquicos, no se conviertan en premios a la criminalidad Estatal, y por el contrario, se constituya como oportunidad para la construcción de una fuerza pública para la paz, excluyéndose de estos llamamientos a quienes están siendo investigados por estos graves crímenes.
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