Bogotá, diciembre 2 de 2011.- Ratificamos nuestro respaldo a las reclamaciones de las familias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, ASOCAB, víctimas de despojo y desplazamiento forzado; y reafirmamos nuestra decisión de continuar trabajando en la defensa de sus derechos.
Respetamos las actuaciones de las autoridades públicas, en este caso la Fiscalía General de la Nación. Pero expresamos nuestra preocupación ante la providencia proferida por la Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Desplazamiento y Desaparición, Seccional Cartagena, Myriam Martínez Palomino, carente de argumentación jurídica sólida y que denota una carga política e ideológica parcializada en favor de los intereses económicos de empresarios palmicultores. Al respecto nos permitimos precisar:
1. Esta providencia de la Fiscal Quinta Especializada es respuesta de oficio a una denuncia pública hecha por nosotros ante el ilegal desalojo del que fue víctima la comunidad el 14 de julio de 2009, ilegalidad que corroboró la Corte Constitucional en su Sentencia T-267 de 2011. Contrario a lo solicitado, las indagaciones no se dirigieron contra los responsables del mencionado delito, sino contra las víctimas y sus defensores, como queda expresado a lo largo de la providencia de la fiscal.
2. Observamos con preocupación que la fiscal Martínez, sin adelantar un proceso formal de investigación, archiva la actuación por los delitos de desplazamiento forzado que tuvieron lugar en 2003 y 2006 contra la comunidad de Las Pavas. En consecuencia, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que inicie la investigación de estos hechos.
3. La presencia paramilitar en el Sur de Bolívar ha sido corroborada, entre otras, por la Comisión Independiente de Investigación convocada por la empresa The Body Shop en 2010 y ha quedado plenamente establecida en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, con base en las versiones libres de comandantes paramilitares. El municipio El Peñón no es la excepción. Así lo corrobora una carta del 6 de abril de 2011 del alcalde Catalino Meza Ruidíaz al comandante de Policía del municipio de El Peñón. Los campesinos y las campesinas de Buenos Aires fueron víctimas de los grupos armados ilegales y no parte de ellos, como lo sugiere la providencia de la fiscal Martínez
4. La declaración que soporta la decisión de la fiscal Martínez genera dudas. El señor Pedro Moreno mantiene lazos laborales con la empresa palmicultora Consorcio El Labrador, condición que podría ser utilizada para presionarlo o manipularlo al rendir testimonios contra la comunidad.
5. La aspiración de la comunidad campesina es que se garantice su derecho a la tierra. Las familias desplazadas de Las Pavas han sido beneficiarias de ayuda humanitaria por parte de Acción Social, como lo ordena la ley. Algunos medios periodísticos afirmaron irresponsablemente que ASOCAB ha orquestado, junto a las organizaciones que la defienden, una estrategia fraudulenta para recibir del Estado colombiano millonarias indemnizaciones. Estas acusaciones confunden a la opinión pública y generan un ambiente hostil hacia el legítimo derecho a la restitución de tierras.
6. La providencia de la fiscal Martínez, que archiva la investigación por desplazamiento forzado, no constituye cosa juzgada y es susceptible de controversia judicial. No resulta apropiado que el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, felicite a la Fiscalía por estas actuaciones, dando por hecho la existencia de un fraude procesal y de una defraudación económica al Estado.
Nos preocupa que se siga desvirtuando la lucha de las víctimas y que se busque desprestigiar a defensores y defensoras de derechos humanos. Esto pone en riesgo su integridad personal y genera un escenario de desconfianza e impunidad que es contrario a la obligación del Estado de brindar garantías con total transparencia. Además, contradice el ideal que anima, según el Gobierno colombiano, la ejecución de sus propuestas legislativas de restitución y reparación a las víctimas de la violencia.
De nuestra parte, la opinión pública no podrá esperar otra cosa que el firme compromiso de seguir trabajando por la defensa de los derechos de las colombianas y colombianos a quienes los violentos les han arrebatado la esperanza de un futuro digno, en paz y en su tierra.
MESA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS
POR EL DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS
Contacto: retornopavas@gmail.com
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