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Nueva condena al Estado colombiano por los falsos positivos judiciales

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Saravena, 2 de agosto de 2011.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, profirió el pasado 21 de julio, fallo de primera instancia, dentro del radicado 2009-058, a través del cual declara a la Nación-Fiscalía General de la Nación, administrativamente responsables por los daños extra patrimoniales y materiales causados al señor HELIPE JOSÉ PALACIOS PALACIOS y su hija ARELYS PALACIOS SANTOS, por la privación injusta de la libertad del primero de los nombrados, ordenada por la Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de dicha declaración la condena a pagar por los perjuicios materiales y morales sufridos por los demandantes.

 

El Tribunal después de analizar las pruebas allegadas, arriba a la conclusión que “el demandante no cometió delito alguno que los testigos de inicio y las informaciones preliminares no fueron suficientemente contundentes y creíbles para imputar un hecho punible al sindicado, y que por lo tanto, su detención de nueve (9) meses y veintiún (21) días fue arbitrario y desproporcionada, además que se torna en un sacrificio del derechos a la libertad, sin que exista conducta alguna ilegal que desquebraje el ordenamiento jurídico”.

Los hechos:

El connotado dirigente campesino y comunal, Helipe José Palacios Palacios, fue víctima del eje de la judicialización de la estrategia de agresión contra el pueblo del centro oriente colombiano, y luego de un montaje fraguado en la Fiscalía Unidad Estructura de Apoyo de Arauca, entre ésta, la fuerza pública y unos testigos pagados supuestos desmovilizados de las organizaciones rebeldes, fue capturado junto con otras 15 personas entre el 13 y el 14 de agosto del año 2006, acusados de los delitos de Rebelión, Concierto para Delinquir y Terrorismo, durando más de 9 meses en prisión alejados de su familia, luego de lo cual se precluyó la instrucción en su favor.

Estas detenciones masivas y selectivas conocidas como falsos positivos judiciales, a pesar de los numerosos fallos en los cuales se ha condenado a la nación a pagar cuantiosas sumas de dinero por ser ilegales y temerarios se siguen presentando, como lo evidencia las denuncias sobre el particular presentadas en el Cabildo Abierto celebrado el pasado 29 de julio.

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