Alfonso Castillo
Defensor de los Derechos Humanos
Está culminando el 2020, un año sin duda alguna inédito y lleno de incertidumbres generadas por los impactos profundos de la pandemia provocadas por el virus del COVID 19, con el cual se afectó la vida económica, social y cultural de la especie humana. Esta pandemia ha provocado millones de muertes a personas que por múltiples circunstancias no tuvieron la fortaleza para resistir el violento impacto del virus sobre el sistema inmune y respiratorio de las personas, a lo que se sumó un deficiente y mercantilizado sistema de salud y la precariedad de la política pública de salud preventiva. A pesar del alto número de personas fallecidas 37.305 en Colombia, La crisis generada por esta pandemia ha puesto en evidencia y reiterado que Colombia atraviesa por múltiples y graves situaciones de DDHH que es necesario denunciar.
En primer lugar, destacar el recrudecimiento de la violencia que durante este año registran más de 250 asesinatos de líderes y lideresas sociales, 245 ex combatientes fueron asesinados desde la firma del acuerdo hace 4 años, amenazas y panfletos contra líderes constructores de paz, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y un crecimiento inusitado de masacres a lo largo y ancho del territorio, según cifras de INDEPAZ durante 2020 se habían ocurrido 76 masacres que habían provocado la muerte de más 300 personas hasta finales de noviembre. Esta grave situación frente a un gobierno que pareciera no ver, ni reconocer la gravedad de la situación y por el contrario se justifica y continúa en plan negacionista de la existencia del conflicto y de grupos armados que muchas ocasiones ejercen su actividad criminal desmedido de son fuertemente militarizadas.
Al mismo tiempo, este año el gobierno se ha dedicado desde el partido Centro Democrático y su influencia en el parlamento a garantizar una concentración de poderes tanto en la Fiscalía General de la Nación, como en los órganos de control político y fiscal que ahora recaen en voceros de ese partido, en favor de fortalecer una dictadura civil.
Una característica General de la situación de derechos humanos en Colombia durante el año 2020, es la manera cínica como el gobierno ha tratado estos temas, al tiempo que he permite la profundización de los problemas de corrupción, impunidad, y ataques e incumplimientos a los compromisos asumidos en el acuerdo de paz.
El panorama de intensificación del conflicto armado en Colombia se da al mismo momento que el continente latinoamericano continuar el escenario de disputa entre sectores de derecha y ultraderecha que intentan usurpar y asaltar la democracia y tomar el control de la economía apuesta el servicio de los intereses neoliberales, y un creciente movimiento progresista y alternativo que desde la movilización popular retoma escenarios de poder político, fortalecimiento de la participación ciudadana y la democracia popular.
Bogotá no ha sido indiferente a la violación de los DDHH, durante este año un protagonista importante en la violación de los derechos humanos ha sido el abuso de autoridad y la brutalidad policial, ella se ha expresado en la represión a las manifestaciones que distintos sectores de la ciudadanía, trabajadores, educadores, personal de salud, estudiantes, jóvenes, pobladores, vendedores ambulantes, mujeres y comunidades indígenas, han realizado para exigir el respeto a los derechos y la respuesta ha sido el atropello y agresión que incluso, tuvieron su punto más agudo en la gigantesca reacción de indignación ante el asesinato del abogado Javier Ordoñez el 9 de septiembre del año 2020 y la reacción policial fue de nuevo el abuso de poder, que culminó con el asesinato de por lo menos 9 personas y decenas de heridos en la ciudad de Bogotá. A esta situación se suma el creciente número de panfletos amenazantes que han circulado a lo largo y ancho de la ciudad, en los que grupos paramilitares convierten en objetivos militares a líderes sociales, políticos o promueven acciones de la mal llamada “limpieza social” y ante las cuales la respuesta de las autoridades es formal y no redunda en el esclarecimiento del origen de las amenazas y la judicialización de sus responsables.
No menos importante en esta vulneración de los DDHH es la necesaria mención a la grave situación que vive un porcentaje importante de ciudadanos que no han tenido las herramientas, ni mecanismos para enfrentar situaciones de hambre y acceso a los recursos del “mínimo vital” para atender compromisos para la satisfacción de los servicios públicos domiciliarios, salud, y acceso a conectividad y medios tecnológicos que faciliten el derecho a la educación de miles de niños y niñas en la ciudad de Bogotá.
No obstante la incertidumbre que genera la actual crisis, social, económica y política por la que atraviesa la ciudad, reiterar el llamado para fortalecer procesos organizativos y multiplicar los escenarios de resistencia popular desde barrios y sectores sociales, que tendrán que enfrentar la agudización de la crisis económica que se avecina por cuenta de las medidas económicas del gobierno nacional que sólo benefician a los más importantes grupos económicos, dejando a la deriva a los trabajadores y al pueblo en general, también será necesario salir a las calles para continuar exigiendo un compromiso real del gobierno para que la culminación de la guerra, el desmonte de los grupos paramilitares y la construcción de la paz, asimismo, exigir del derecho a la vacuna contra el COVID 19 gratuita, universal, de buena calidad y oportuna.
De esta manera, el año 2021 debe ser una oportunidad para continuar fortaleciendo los procesos de movilización ciudadana exigiendo respeto al cumplimiento de todos los derechos humanos.
Bogotá, 8 de diciembre de 2020