Alfonso Castillo Garzon
Defensor de los derechos humanos
Vocero nacional del Movice
Ante la crisis estructural de la FFMM, una necesaria reforma institucional
En las últimas semanas se han desatado muchas informaciones surgidas de denuncias a través de los medios de comunicación sobre delitos que ciertamente son de gran preocupación, cometidos por integrantes de las fuerzas militares, entre tales delitos se destacan las múltiples denuncias por violaciones perpetradas por integrantes activos de las fuerzas militares contra niñas y mujeres, también se han presentado los otros hechos que no pueden pasar inadvertidos y deben llevar al país a una necesaria reflexión sobre los cambios urgentes que deben incorporarse en las fuerzas armadas, dado que lo que se está presentando fácilmente puede calificarse como una crisis estructural, en una institución, que teóricamente tiene la misión de la salvaguarda de la libertad, la democracia y la paz y en todo caso es necesario que la sociedad recupere la confianza quebrantada, por esta cascada de actos de violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad que en los últimos años se han venido incrementando.
Entre las denuncias hechas a través de redes sociales y medios periodísticos y no necesariamente por las propias investigaciones de las fuerzas militares, abundan las que tienen que ver con el abuso de autoridad, violación a los derechos humanos, corrupción, violencia sexual, estas denuncias, que no son pocas, ni nuevas, dejan ver con toda claridad que al interior de las fuerzas militares no existen reales procesos de formación en derechos humanos, y que persiste en esos ejercicios de formación militar sustentadas en el discurso impartido a través de la “doctrina militar del enemigo interno”, a través del cual se inculca a los integrantes de la fuerza militares una mentalidad en la que se instala la idea equivocada de que: Quienes protestan, exigen el cumplimiento de derechos o cuestionan en la actuación de un gobierno determinado, se convierte en enemigos del estado y sobre los cuales hay que hacer recaer toda la fuerza intimidatoria y silenciadora de las fuerzas militares, valiéndose de todo tipo de métodos incluidos los violatorios de la ley.
Mujeres y niñas violadas con complicidad de los mandos?
Un grave e inaceptable el delito de violencia sexual por parte de un grupo de siete soldados contra una niña indígena de doce años, es una entre muchas denuncias que se conocieron posteriormente y hasta el momento involucran a más de 500 miembros de la fuerza pública acusados del delito violencia sexual en distintas guarniciones y en distintos momentos, lo grave de este asunto es que muchas de estas denuncias, no avanzaban en su investigaciones la mayoría de las cuales estaban llevadas a cabo por la justicia penal militar, y solo por la presión de los organismos de control y de los medios de comunicación es que ha permitido que estas aberrantes situaciones salgan la luz pública. En General todas ellas están rodeadas de muchas irregularidades: Como la temprana aceptación de cargos de los militares comprometidos en el delito de violación y secuestro de la menor indígena, como si se buscara evitar la investigación por otras responsabilidades en estos hechos, y también es un exabrupto del Sr. Fiscal Francisco Barbosa, imputar cargos de violencia sexual abusiva, como si claramente no estuviera determinado el hecho criminal de acceso carnal violento agravado, por la participación de un grupo de militares en el hecho. En fin, este como muchos hechos en los que están comprometidos militares en la violación de derechos humanos está colmado de impunidad. Desde este artículo también recordamos que el 12 de enero fue violada una joven de 20 años, en un bus de la policía en la ciudad, la joven había sido retenida tras una acción policial contra jóvenes que se habían colado en el Transmilenio, y aunque el agente acepto su responsabilidad en el delito de acceso carnal violento agravada, cabe preguntarse en que circunstancias, se facilito que se cometiera este crimen contra una mujer en un entorno de protección de la policía nacional.
Igualmente, en el mes de junio llamó la atención la información que circulo a través de redes sociales y en algunos noticieros, la manera atroz como un soldado del batallón de ingenieros Agustin Angarita en el departamento de Nariño, lanzaba de manera violenta desde la parte alta de una garita de vigilancia a un perro, el hecho causó por supuesto indignación y de nuevo el anuncio por parte de las autoridades de exhaustivas investigaciones contra los responsables y como se ha conocido, el retiro de cuatro soldados de la institución.
También se conoció a través de medios periodísticos el incidente de 3 lanchas (con armamento y emblemas) que se “soltaron y se fueron río abajo” por el río Meta hasta la desembocadura con el Orinoco en la orilla perteneciente a la frontera venezolana, la situación no es menor porque nos surge la pregunta ¿al mando de quien estaba las unidades que debían proteger las embarcaciones? Donde se encontraban los soldados, que estaban encargados de su protección y vigilancia, ¿cuáles son los protocolos que se establecen por la armada para la salvaguarda de este equipo?, y finalmente la pregunta las embarcaciones se soltaron? ¿O las dejaron ir deliberadamente, para provocar un incidente con el Hermano país venezolano?
Durante estos meses de cuarentena igualmente se conoció de varias denuncias periodísticas de hechos de corrupción que comprometen altos mandos militares y todo sigue como si nada estuviese pasando, los generales acusados, acusan a otros de persecución, en una especie de “Songo le dio a Borodongo, Borondongo, le dio a Bernabe, Bernabe le pego a….etc”
Operación tapabocas?
También el 1° de mayo se conoció a través de la revista semana las denuncias, en las cuales se supo que desde el ejército nacional se seguía haciendo labor de espionaje contra periodistas, defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos, qué hacen oposición al gobierno de Iván Duque. Lo que se logró determinar a través de la investigación periodística es que el ejército había establecido una “acción de perfilamiento” que no es otra cosa que labor de espionaje contra más de un centenar de personas, cuyo común denominador era haber hecho críticas al gobierno y al partido político que lo respalda el centro democrático.
Estos perfilamientos y seguimientos ilegales no son nuevos en el accionar de las fuerzas militares colombianas, ya en el mes de diciembre del año 2019 se conoció un escándalo similar, por el cual con toda seguridad fue removido el general Nicasio Martínez al frente de la comandancia de. Las fuerzas militares.
Esta práctica se ha hecho habitual en el proceder de las fuerzas militares en Colombia, sin embargo, hay que señalar que se trata de una práctica criminal, por cuanto estas labores de espionaje se hacen a partir de órdenes militares y no a través de órdenes judiciales, cómo debería suceder en un escenario democrático. El país recuerda como en el pasado se desarrollaron acciones como la operación Andrómeda, y mucho antes toda la labor de espionaje contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que se desarrolló desde el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y cómo se supo en su momento, una parte importante de esa información recabada era entregada a los grupos paramilitares para que ellos desarrollarán acciones criminales contra defensores de los derechos humanos y en general contra la oposición política que cuestionaba la labor del presidente Álvaro Uribe Vélez en su momento.
Hoy perfectamente cabe preguntarse, ¿si esta estrategia desarrollada por las fuerzas militares de interceptar de manera ilegal las comunicaciones, hacer seguimientos y perfilamientos son parte de la estrategia desarrollada por el partido Centro Democrático, para hacer trizas Los acuerdos de paz? Y más aún, preguntarse, ¿si esta información que se recoge de manera inconstitucional e ilegal, no termina en manos de grupos criminales, que eventualmente podrían ser los responsables del genocidio contra el movimiento social, expresado en centenares de líderes asesinados, y el exterminio de los firmantes de la paz,incluso en zonas de fuerte presencia militar ?
Igualmente se ha presentado una situación a todas luces irregular y violatoria de los derechos humanos en el caso del asesinato del ex integrante de las FARC Dimar Torres el 23 de abril de 2019, en el departamento de norte de Santander, en un hecho lleno de irregularidades y ocultamiento de la verdad por parte de los mandos militares que estaban al frente de la unidad militar que asesinó Dimar Torres, quién se encontraba en pleno desarrollo del proceso de reincorporación a la vida civil.
También fue escándalo, el montaje que desarrollaron miembros de las fuerzas militares en el caso del presunto campamento del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, en denuncia presentada por el presidente Ivan Duque ante Naciones Unidas, que tras investigación periodística se ha establecido que las fotos publicadas corresponden a una fecha muy anterior a la que se dio a conocer la noticia como la prueba de la presencia del ELN en territorio venezolano.
Así mismo, En el mes de agosto del año 2019 aviones super Tucano de la Fuerza Aérea bombardearon un campamento presuntamente perteneciente a disidencias de las FARC en el departamento del Caquetá, el operativo que fue calificado por el gobierno de Iván duque como “una operación impecable”, y que oculto durante 48 días que en dicho bombardeo habían muerto asesinados por efecto de la acción de las bombas 8 menores de edad que se encontraban en ese lugar. La revelación que se hizo en el debate de control político adelantado en el congreso de la república y a consecuencia del cual tuvo que abandonar el cargo como ministro de la defensa Guillermo Botero.
Abuso policial y violaciones a los derechos humanos
Durante todo el periodo de la cuarentena se ha puesto en evidencia pública, toda suerte de abusos por parte de la fuerza pública en especial de la policía, y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la policía, sin embargo, sin dejar de decir que las denuncias por abuso policial son constantes en los últimos años. A través de los medios de comunicación y las redes sociales y hemos visto agentes policiales actuando como “auténticos pandilleros” contra ciudadanos inermes, adultos mayores o padres de familia en presencia de sus niños, y hemos visto como el proceder abusivo y desproporcionado que termina causando graves lesiones y afectaciones a las personas que resultan agredidas por los agentes policiales. También se ha conocido los excesos del ESMAD especialmente en la ciudad de Bogotá que Durante la etapa de la cuarentena han participado en varios desalojos en asentamientos subnormales o en la contención de manifestaciones sociales, el proceder ha sido a todas luces, violatorio de los derechos humanos y con uso desproporcionado de la fuerza, frente a los manifestantes. en general la fuerza pública actuado sin Dios y sin ley, prevalido seguramente de la certeza de que no serán investigados, ni sancionados como correspondería a un estado social de derecho.
Un cambio urgente en la estructura y doctrina de las fuerzas militares
Todos estos hechos tienen como común denominador la respuesta que en su respectivo momento han dado el alto mando militar el ministro de la defensa y en general el gobierno, “vamos a abrir exhaustiva investigación”, “no vamos a permitir que ese tipo de situaciones se deben nuestras fuerzas militares”, “procederemos con todo el peso de la ley frente a los responsables”, Etc, etc, …
Sin embargo, más allá de estas declaraciones protocolarias, la mayoría de los hechos no son investigados a fondo para determinar la responsabilidad de Mando que hay alrededor de los mismos. En algunos casos terminan siendo los soldados los que pagan los platos rotos y son desvinculados de la institución y en algunos casos llevando todo el peso de la investigación y el proceso judicial, mientras comandante y cúpula militar siguen impunes ante estos hechos.
Muchas de estas situaciones deberían terminar con el cuestionamiento político del máximo responsable, y en todo caso con el retiro de responsabilidades que quien funge como responsable de las fuerzas militares. Sin embargo, esto no sucede en nuestro país, se presentan toda suerte de irregularidades y actos violatorios de la Constitución y los derechos humanos y los ministros de defensa y comandante de las fuerzas militares continúan tan campantes en sus cargos, y en algunas ocasiones son removidos de sus responsabilidades, pero se les promueve a cargos, diplomáticos generalmente, y en algunas ocasiones con el llamado calificar servicios con todos los honores y sin ninguna investigación por las responsabilidades disciplinarias y judiciales que debería corresponder en un país democrático.
Pero más allá de este tema de la responsabilidad del mando militar otro tema que es necesario tener en cuenta para el análisis de este tipo de situaciones, y contrario a la respuesta que siempre dan los mandos militares no se trata de simples “ovejas negras”, o de militares “descarriados”, aquí vale la pena considerar, ¿qué tanta responsabilidad tienen en este tipo de comportamientos y prácticas sistemáticas a lo largo y ancho del país, el proceso de instrucción militar que se imparte por las fuerzas militares a sus integrantes desde hace muchos años? Y es que “la doctrina del enemigo interno”, que hoy sigue siendo utilizada por las fuerzas militares se sustentada en el desprecio hacia el pueblo, es un discurso de odio que provoca en los militares que reciben este tipo de formación, la misión implícita de doblegar, humillar y someter al que se le inculcó, era el enemigo. Esta doctrina impuesta por los manuales de guerra norteamericanos y que se sustentaban bajo la tesis anticomunista “que el pueblo era eventualmente agente el comunismo internacional y por tanto había que considerarlo objeto de la acción represiva del estado”, por cuanto no se podía permitir el avance del comunismo en nuestro país.
Es necesario insistir en la necesidad de replantear el proceso de formación instrucción en las fuerzas militares, sustentadas en los derechos humanos, la democracia y el respeto de la dignidad, y la obediencia a la Constitución y las leyes.
Bogotá, 4 de agosto de 2020.