Dentro de la conmemoración organizada por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se realizó el panel “La memoria, la verdad, el derecho a la vida y los Derechos Humanos de las víctimas de desaparición forzada en Colombia”, que contó con la participación del Movimiento de Víctimas de Crimenes de Estado – Movice capítulo Bogotá y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES). El siguiente es el texto de la intervención realizada en el espacio.
Intervención familiares Colectivo 82 – fundadores ASFADDES
Fuimos invitados aquí como colectivo del 82 para hacer presencia y memoria sobre el origen de nuestra lucha que culminó en la organización ASFADDES, en un largo camino que ya ronda los 35 años, siempre con el dolor y la esperanza de saber algo sobre el paradero de nuestros seres queridos.
Eramos familias que un día dejamos de ver, de oír, de abrazar, de discutir con nuestros familiares, sin conocer el motivo o razón para ello. Nosotros empezamos tratando de entender qué nos había pasado, qué había pasado con los nuestros, porqué pensar distinto los hacia vulnerables, porqué no los llevaron ante la justicia si es que habían faltado a la ley. Tuvimos que pasar por reuniones y talleres en los cuales conocimos de historia de Colombia, del ejercicio del poder, sobre derechos humanos, con el apoyo de trabajadores del CINEP, que en ese momento era una de las ongs más solidarias con el movimiento de derechos humanos y las víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos.
La mayoría éramos mujeres, madres, esposas, compañeras, hijas de los ausentes que empezamos a entender a golpes la realidad de nuestro país. Pasamos de la sorpresa a la certeza, de la tristeza a la indignación, del abatimiento físico y moral a la acción y firmeza que requeríamos para cumplir nuestros objetivos. No era fácil. Caíamos y nos volvíamos a levantar. Prestábamos el hombro a los otros familiares. Nos resistíamos a que se desdibujara la imagen de nuestros familiares desaparecidos. Entonces hicimos las pancartas con las fotos de nuestros familiares en lo que supimos y aprendimos de las madres y abuelas de plaza de mayo. Fuimos los que empezamos cada semana a caminar la carrera séptima ida y vuelta desde la Plaza de Bolívar hasta la sede de la Procuraduría en la cra. 8ª. con calle 17, donde parábamos para reclamar al Procurador investigaciones que condujeran a señalar y castigar a los responsables y obtener la verdad sobre lo que les sucedió, porque nuestras pesquisas señalaban a miembros de inteligencia de la policía como responsables. Contamos con la solidaridad activa de estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos, entre muchos otros.
En nuestro afán por entender miramos hacia atrás hasta la desaparición forzada de Omaira Montoya y reconocimos que era una práctica que ya se daba en Colombia antes y entendimos que solos y aislados estábamos indefensos y que nuestro compromiso era con los ausentes, a fin de obtener verdad y reclamar justicia.
Nos dedicamos un día a darnos un nombre y de allí surgió ASFADDES cuando aún no figuraba la desaparición forzada como un delito en el país. Hicimos contacto con familiares de otras ciudades para que se resguardaran bajo la sombrilla de ASFADDES y crecimos como una voz que se alzaba contra este delito de lesa humanidad.
Nosotros nos sentamos en el Palacio de Nariño ocupado por Belisario Betancur, frente a responsables de la desaparición de nuestros 13 familiares y los confrontamos a riesgo de nuestras vidas y de quienes nos apoyaban y representaban judicialmente.
Hicimos en 1985 el primer audiovisual sobre la detención desaparición en Colombia que comenzaba con las imágenes de la entrada violenta de los tanques del ejército al palacio de justicia, y tenía como fondo la canción de Ruben Blades sobre los desaparecidos.
Empezamos a facilitar apoyo sicosocial a los familiares, cuando poco se hablaba de ello en el país. Fuimos un colectivo humano cohesionado y solidario que se mantuvo así los primeros años, a pesar que no contábamos con recursos, y la asesoría jurídica y acompañamiento sicosocial era brindado por profesionales solidarios que muchas veces son olvidados.
Fuimos la semilla que germinó como ASFADDES y nuestro camino estuvo marcado por duros tiempos en los que recibimos amenazas y soportamos violencia de distinta índole. La impunidad en que se encuentran la mayor parte de los casos de desaparecidos no es fruto de la casualidad ni solo de las dificultades propias de la investigación en un contexto de violencia; es más bien el resultado de un conjunto de factores en los que se entremezclan la falta de voluntad política para el esclarecimiento de la verdad y justicia demostrada por sucesivos gobiernos; el poder de intimidación y corrupción con el que cuentan muchos de los responsables; así como la responsabilidad de numerosos organismos del Estado, estimulando el delito, dado que los perpetradores tienen mayores mecanismos y posibilidades de acción, sabiendo que sus acciones no tienen castigo.
Hemos sufrido las conductas de funcionarios y agentes del estado que garantizan la impunidad, tales como el bloqueo de la búsqueda de información, dificultades para denunciar, declarar hechos consumados sin investigar, manipulación de las demandas, falta de respuesta e información sobre investigaciones, complicidad de autoridades, convertir a las víctimas en culpables, investigadores asesinados, marco legal restrictivo, mecanismos que no funcionan por la falta de voluntad política, bloqueo a través de la burocracia, amenazas a los testigos, utilización de la prescripción, lentitud y morosidad, dificultades legales en las investigaciones, ocultamiento y destrucción de pruebas, falta de actuación disciplinaria, premio a los responsables, entre otros.
Desde el punto de vista del impacto en los familiares, la impunidad invalida y niega lo que ha sido vivido y limita la posibilidad de una comunicación efectiva reduciendo las posibilidades de un duelo y de un trabajo colectivo. La impunidad afecta las posibilidades de planes a futuro; la falta de reconocimiento público de la historia de las víctimas los excluye de la historia oficial del país.
Por eso el valor de los juicios, no solo son una exigencia de justicia para nosotros los familiares, sino que también es una exigencia para reconstruir un sentido de justicia que toda sociedad necesita para poder llamarse democracia.
En medio de tantos años de incertidumbre, de duelos no terminados, de reclamos no satisfechos, de ausencia de verdad y justicia, podemos decir que hemos abierto trocha en relación con esta cruel práctica de la desaparición forzada:
Impulsamos con otras organizaciones de derechos humanos la Ley 589 del 2000 que tipifica entre otros delitos, la desaparición forzada y que creó la Comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas, con la función de apoyar y promover la investigación en estos casos. Compartimos con otros expertos en el tema que esta Comisión se quedó corta en el mandato que debió recibir, no tomó en consideración un enfoque desde los territorios, no tuvo la autonomía financiera ni institucional para cumplir su cometido con el mínimo de burocracia, y se quedó en el rol de apoyar a otras autoridades que tenían competencia en la búsqueda de personas desaparecidas, lo cual es un campo restringido a la fiscalía.
Casi una década después de los hechos de 1982, logramos colocar en la agenda de la CIDH la responsabilidad del gobierno nacional en los casos de nuestros familiares secuestrados y posteriormente desaparecidos, al declarar que el gobierno no había cumplido con su obligación de respetar y garantizar el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal y no había satisfecho su obligación sobre protección judicial, respecto del secuestro y posterior desaparición de nuestros familiares. Igualmente este organismo recomendó reabrir una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados para evitar la ocurrencia de una grave impunidad en relación con los cargos vigentes contra los oficiales que habían sido sobreseídos.
Logramos décadas después que la Corte Suprema de Justicia ordenara reabrir la investigación por delitos de lesa humanidad contra el exgeneral de la Policía Nacyn Yanine Díaz y otros 17 agentes por su presunta responsabilidad en la desaparición de nuestros 13 familiares en 1982
Al lado de otras organizaciones fraternas alcanzamos la aprobación de la ley 1408 de 2010 por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación, aunque solo fue reglamentada cinco años después en el 2015 por el actual presidente de la república, quien dijo en esa oportunidad que “Una sociedad indiferente a la desaparición de personas sería una sociedad enferma, y Colombia hoy –cuando buscamos la paz y la reconciliación– no quiere estar enferma sino sana, y esa salud pasa por conocer la verdad sobre nuestros desaparecidos”.
Pues pensamos que somos una sociedad enferma que nos sigue obligando a trasegar en búsqueda de la verdad sobre el paradero de nuestros desaparecidos y nos ha negado el acceso a una justicia pronta y eficaz. Como dijimos, luego de 35 años no se registra ninguna condena a los autores intelectuales o materiales de la desaparición forzosa de nuestros familiares.
Comienza ahora una fase posacuerdos en la cual queremos creer que podremos participar e incidir, a fin de poner en evidencia la verdad, reclamar justicia por los nuestros y garantizar que quede en la memoria de este país hechos tan horrorosos buscando que nunca más vuelvan a repetirse.
En relación con la recientemente creada Unidad especial de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, compartimos las propuestas del MOVICE que reclama una entidad no burocratizada, que tenga presencia en las regiones, que asegure la participación activa de los familiares de las víctimas, que acelere el proceso de identificación de los cuerpos encontrados, y no realizar entregas masivas de cuerpos a los familiares, que consideramos indigno.
Por último queremos decir que los familiares de las víctimas de desaparición forzada nos hemos empeñado a lo largo de estos años de ausencia de nuestros seres queridos en recordarlos, pero estamos convencidos que ese recuerdo debe tener una dimensión pública, porque la dignificación de las víctimas necesita un reconocimiento social para permanecer en la memoria colectiva del presente y en la memoria histórica para las próximas generaciones.