Organizaciones de derechos humanos que representamos a víctimas dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- solicitamos que se realice una audiencia pública con el fin de evaluar la extensión del plazo para la presentación de informes, pues este vence el próximo 15 de enero de 2020 (según la Resolución 01 de la JEP). La propuesta se hace ante la falta de pronunciamiento oficial de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) de la JEP que tiene la facultad de extender este término de acuerdo con la recientemente aprobada Ley Estatutaria. La no ampliación del plazo limitaría la participación de las víctimas y afectaría sus derechos.
La solicitud es que se conceda esta audiencia pública entre el 16 y el 19 de septiembre próximos, fechas en las que víctimas de todo el país vendrán a Bogotá para iniciar un diálogo con la JEP sobre la necesidad de ampliar este plazo y sobre otras garantías para su participación efectiva dentro de la Jurisdicción. Esto con la finalidad de materializar el principio de construcción dialógica de la verdad y acceso a la Justicia que se estableció en el Acuerdo Final de Paz y las reglas de Procedimiento de la JEP (Ley 1922 de 2018).
Cabe recordar que la JEP entró en funcionamiento formalmente el 15 de enero de 2018, para efectos de la determinación de los plazos de conclusión de sus funciones y para el envío de informes; no obstante, inició atención al público el 15 de marzo de 2018. Según la Constitución Nacional, este plazo podría extenderse hasta completar un periodo máximo de 3 años, es decir un año más, salvo causa excepcional debidamente motivada en la que “el plazo podrá́ ser moderadamente extendido” (artículo transitorio No. 15).
Ante tan importante decisión, las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que en los últimos dos años hemos entregado informes ante la JEP, solicitamos esta audiencia para exponer la importancia de ampliar la vigencia del plazo; estos informes vienen siendo una primera oportunidad para las víctimas de exponer su perspectiva y pruebas sobre los hechos vividos, afectaciones y daños derivados de los crímenes, de manera que estos se puedan contrastar con las versiones de los comparecientes para el logro de la verdad histórica de lo ocurrido.
Destacamos que es la primera vez que se tiene la posibilidad de entregar este tipo de informes a la justicia colombiana, razón por la cual se trata de un gran volumen de información que las organizaciones de víctimas y representantes tenemos para presentar, pues recogen experiencias y vivencias de los últimos 60 años del conflicto armado y la violencia sociopolítica. Este es un trabajo que representa grandes esfuerzos humanos y económicos, cuyos resultados serían imposibles de alcanzar en el término de tiempo actualmente previsto para ello.
Bogotá, 3 de septiembre de 2019
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -Cajar
Asociación Minga
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Corporación Jurídica Libertad
Corporación Jurídica Yira Castro
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP.
Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda – COFB
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
Comisión Colombiana de Juristas.
Corporación Humanas
Caribe Afirmativo
FIDH