La secretaría departamental de Derechos Humanos de Juventud Rebelde-Tolima denuncia graves agresiones y abuso de autoridad por parte del Esmad contra la integridad física de los miembros de la barra del Club Deportes Tolima “Revolución Vinotinto Sur” en el marco de la acción de protesta realizada el pasado martes 16 de febrero de 2016, en cercanías del Estadio Manuel Murillo Toro.
Uno de los afectados fue Emanuel Angarita quien se vio afectado por un impacto en el rostro causado por un arma aturdidora de uso oficial. Todo lo anterior constituye una evidente violación de los derechos humanos por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, cuyo operativo estuvo a cargo del Coronel Mora.
Se alerta sobre el peligro que corren los barristas anteriormente mencionados a que le sean conculcados sus derechos fundamentales y los de toda la comunidad que desde hace varios años sufre persecución y hostigamientos por parte de agentes del Estado.
Se responsabiliza por los anteriores hechos a Juan Manuel Santos Calderón presidente de la República, GermánVargas Lleras vicepresidente de la República, Luis Carlos Villegas Echeverri Ministro de Defensa, Juan Fernando Cristo Ministro del Interior, Yesid Reyes Alvarado Ministro de Justicia y del Derecho, Luis Eduardo Montealegre Fiscal General de la Nación, Alfonso Cajiao Cabrera Defensor del Pueblo, Alejandro Ordoñez Maldonado Procurador General de la Nación, Óscar Barreto Quiroga Gobernador de Tolima y a Guillermo Alfonso Jaramillo Alcalde de Ibagué.
Se exige por todo lo anterior que se tomen las medidas pertinentes a fin de no poner en riesgo, y amparar como corresponde los derechos fundamentales de los ciudadanos de Ibagué. Asimismo se exige al Estado colombiano que active los mecanismos necesarios a fin de garantizar la legítima protección de los derechos humanos. Se solicita a las entidades estatales que inicien las investigaciones respectivas disciplinarias y penales a las que haya lugar por los hechos mencionados.
Se solicita igualmente a la comunidad internacional que se continúe con el seguimiento y monitoreo frente a la grave situación de derechos humanos y agresión e intimidación permanente a los manifestantes de las delegaciones, sin que hayan verdaderas y reales garantías para ejercer el legítimo derecho de la libre expresión. Que exijan al Gobierno Colombiano una respuesta clara y contundente frente a las investigaciones que se hayan adelantado en cuanto a las denuncias realizadas. A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones al Estado colombiano. Finalmente que emitan cartas de respaldo a la presente denuncia y que acompañen la atención a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los integrantes de Juventud Rebelde.
Fuente: Agencia Prensa Rural