Nosotras y nosotros miembros de la Comisión Ética, luego de nuestra última visita a Colombia en noviembre al Bajo Atrato, al Magdalena, al Cauca y al Urabá antioqueño, hemos visto, hemos escuchado y recibido con preocupación las informaciones que nos llegan desde los distintos lugares en donde estuvimos recientemente en cumplimiento de nuestra misión, ante los cuales nos pronunciamos:
1. Rechazamos los crímenes de Manuel Moya Lara, Graciano Blandón y su hijo, presumiblemente por la guerrilla de las FARC y el poblador conocido como “El Blanco” Muñoz por parte de las estructuras paramilitares en el Bajo Atrato. Ante estos solicitamos a las autoridades judiciales esclarecer, sancionar a los responsables. Con esta misma diligencia se deben tomar decisiones de fondo frente a los desplazamientos forzados, los 140 crímenes y los daños ambientales que han vivido los consejos comunitarios de los ríos del Curvaradó y Jiguamiandó y quiénes hoy habitan las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. Preocupa la información periodística según la cual no hubo necropsia de los cuerpos sin vida de Moya Lara y Blandón.
2. En el Bajo Atrato en donde se encuentran las Zonas Humanitarias y Zonas de biodiversidad, persisten las operaciones militares de la guerrilla de las FARC lo que no es un secreto, el paramilitarismo continúa consentido por la fuerza pública, no ha existido restitución de las tierras y la impunidad es galopante.
3. En este escenario, existe temor por las acciones que puedan cometerse contra la vida e integridad de los habitantes afrocolombianos y mestizos de las comunidades quiénes a través de sus iniciativas han concretado el derecho humanitario, el derecho al ambiente sano y el derecho a la tierra, a la asociación y en estas condiciones el derecho a la memoria, el derecho a saber, y el derecho a la verdad.
3. Rechazamos y objetamos las afirmaciones mediáticas nacionales e internacionales que forman parte de campañas que pretenden imposibilitar la restitución de la propiedad colectiva apropiada por 13 empresas beneficiarias de operaciones paramilitares que se desataron por la Brigada 17 desde 1996. Estas pretenden acusar a los integrantes de organizaciones de derechos humanos como responsables de los crímenes.
4. Estamos seguros que las acusaciones infundadas de la responsabilidad de los crímenes de Manuel Moya, Graciano Blandón por parte de integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, entre ellos Abilio Peña, Danilo Rueda; del Padre Javier Giraldo S.J, del Cinep o de Iván Cepeda, Fundación Manuel Cepeda y vocero del Movice, no tienen asidero. Estas acusaciones solo pretenden ocultar el fondo de los oscuros intereses empresariales.
5. Las acusaciones falsas desconocen que los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad son parte de las comunidades negras de la ley 70, habitantes tradicionales, la mayoría afrocolombianos y mestizos que asumen sus costumbres. No son invasores ni ocupantes de mala fe. Por el contrario, lo que hemos constatado, es que continúan ocupando ilegalmente las tierras los empresarios palmeros, los bananeros y los ganaderos, que continúan allí protegidos, desconociendo los fallos judiciales.
6. Se pretende en esta campaña ocultar la ocupación del territorio y la responsabilidad de militares de alto rango en la comisión de crímenes de lesa humanidad, en los que abogados de la Comisión de Justicia y Paz, representan a las víctimas del General ® Rito Alejo del Río, Iván Ramírez y el Coronel ® Alfonso Plazas Vega.
7. En nuestra última visita estuvimos en Guaimaro – Magdalena, fuimos testigos de las decisiones de las comunidades de regresar a sus territorios. Posterior a nuestra visita se realizó un intento de desalojo con uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, como resultados varios campesinos quedaron heridos y la amenaza del desalojo se mantiene.
8. Solicitamos que el gobierno resuelva de manera pronta la situación de la propiedad sobre la tierra de los campesinos de Guimaro y en su condición de campesinos desplazados, les adjudique el predio que fue objeto de extinción de dominio por narcotráfico.
9. Luego de nuestra visita en noviembre, la situación en la región de Dabeiba se ha agravado, en particular en la zona rural, en La Balsita y contra integrantes de la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, pues el uso de bienes civiles por parte del ejército, los coloca en grave riesgo ante una eventual confrontación armada o acción de la guerrilla como ya ha sucedido a través de la instalación de minas antipersonal, que causó la muerte a varios miembros de una misma familia.
10. Solicitamos al gobierno colombiano que se respete el principio de distinción de la población civil y no se haga presencia en sus lugares de habitación y trabajo al igual que en las Zonas de Biodiversidad de los miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz y de los habitantes. Y ante los hechos denunciados por la Comisión de Justicia y Paz se realicen las investigaciones correspondientes para que se evite su repetición.
10. En el caso de La Argelia, Cauca observamos operaciones paramilitares en cercanías de presencias militares de la Brigada 29 y del Batallón José Hilario López en un escenario de confrontación con la guerrilla de las FARC-EP. Sin embargo, hemos conocido de la desaparición confirmada de dos personas, el desplazamiento forzado de cerca de 120 familias y la presumible desaparición de otras 16 personas.
11. Solicitamos a las autoridades el enfrentamiento a los grupos paramilitares, el rompimiento de los vínculos con la fuerza pública, el respeto a la vida e integridad personal de los desaparecidos, la confirmación de los nuevos 16 desaparecidos, la atención humanitaria negada a las víctimas de desplazamiento y la adopción de las medidas necesarias para su regreso.
12. Igualmente, preocupa que las comunidades de Putumayo que hemos visitado anteriormente, se hayan quedado sin el acompañamiento de la Comisión de Justicia y Paz y otras organizaciones del Movice a raíz de las amenazas de muerte que recibieron en las últimas semanas los defensores de derechos humanos. En tal sentido requerimos al Estado colombiano no solo la investigación pronta y la definición de mecanismos para garantizar la defensa y protección de las y los defensores de derechos humanos.
13. Preocupa que el Doctor Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, haya respondido con “buenos oficios”, a los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad cuando se han planteado problemas de fondo por los que han objetado el desarrollo del trabajo de la Comisión Histórica en el Curvaradó y Jiguamiandó.
La Comisión Ética de la verdad reitera que no existen garantías plenas para la satisfacción del derecho a la verdad con estos fundamentos de hecho que hemos conocido antes y ahora, El derecho a la memoria supone un mínimo de garantías que no existen.
Valoramos profundamente el tesón y la valentía con que las familias y organizaciones del Movice contra toda ausencia de condiciones continúan adelantando procesos de dignificación y de resignificación de la memoria, de reconstrucción de proyectos de vida, de democracia política y social como un ejercicio hacia la verdad plena y la reparación integral.
Firman:
Mirta Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora
Alfonso Pérez Esquivel, Premio Nóbel de Paz, SERPAJ, Argentina
Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca; España
Bernardine Dohrn, abogada y docente en la Universidad Northwest Chicago, directora dl Centro de Justicia para los niños y la familia, EEUU
Stephen Haymes, Universidad DePAul, EEUU
Elizabeth Deligio, Observatorio de la Escuela de las Américas; EEUU
Francois Houtard, teólogo, sociólogo, director del Centro Tricontinental (CETRI), y miembro fundador del Foro Social Mundial, Bélgica
Carlos Fazio, investigador y catedrático de la UNAM; periodista, Méjico
Pierluigi Di Piazza, Centro Balducci, Udine, Italia
Andrés Redondo, Pilar Sánchez, Comunidad Cristiana de Santo Tomas, España
Enrique Santiago, director del Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África, España
Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz; Espai Catalunya-Comissió Ètica, España
Mary Bricker-Jenkins, PhD, Poor People’s Economic Human Rights Campaign, EEUU Eduard Nachmann, integrante de H.I.J.O.S. ciudad de Buenos Aires, Argentina
Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, México
Lorenzo Loncón. Pueblo Mapuche, Argentina
Juana Aguilera. Comisión Ética contra la Totura en Chile
Sean Hawkey. Consejo Mundial de Iglesias; Gran Britania
Mary Bricker-Jenkins; Campaña sobre los derechos económicos y sociales de los pobres, EEUU
Rainer Huhle, Centro de DDHH de Nuremberg, Alemania