La extradición a Estados Unidos de 14 paramilitares colombianos entre los que se encuentran varios jefes, es para el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) un importante retroceso en los esfuerzos que ha realizado Colombia por garantizar la verdad y la justicia para miles de víctimas del conflicto en este país.
Estos 14 paramilitares estaban siendo juzgados en tribunales colombianos por violaciones a los derechos humanos, en algunos casos bajo la acusación de crímenes de lesa humanidad. Con la presencia de estos jefes paramilitares en Colombia, las víctimas de delitos graves tenían la oportunidad de enfrentar al acusado en los tribunales y también de ayudar a determinar las indemnizaciones que deberían pagarse con ganancias lícitas e ilícitas de quienes fueron condenados.
Pero dicho procedimiento, que se lleva a cabo en virtud de la Ley de Justicia y Paz de Colombia, se ha visto interrumpido por las extradiciones.
El ICTJ considera que las extradiciones plantean serios obstáculos para los fiscales y los jueces encargados de lograr el acceso de las víctimas a la justicia.
En la mayoría de los 14 casos, la extradición ha sido autorizada por cargos de tráfico de drogas, conspiración de tráfico y colaboración con organizaciones terroristas. Los acusados serán juzgados en los tribunales de Houston, Miami, Nueva York y Washington D.C. y tememos que éstos no serán enjuiciados en los Estados Unidos por violaciones de los derechos humanos.
“Las acusaciones a personas por tráfico de drogas no deben perjudicar el procesamiento por crímenes de lesa humanidad”, dijo Mariclaire Acosta, directora para las Américas del ICTJ.
"El estado de derecho está destinado a darle poder a las víctimas- dijo Acosta- pero este proceso los priva de su participación en los tribunales y de la oportunidad de descubrir la verdad".
Colombia tiene la obligación legal de garantizar el procesamiento de los delitos de derechos humanos y de promover y respetar la participación de las víctimas en los procedimientos judiciales.
Los jueces y fiscales colombianos están trabajando eficientemente y utilizando la Ley de Justicia y Paz para judicializar a los responsables de los delitos de derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia está investigando a 66 miembros del Congreso por presuntos vínculos con paramilitares.
El poder judicial también ha procesado varios casos de violaciones graves a los derechos humanos. Los fiscales de Justicia y Paz han trabajado para llevar a más de 3.000 miembros paramilitares a la justicia.
El Gobierno de Colombia afirmó que el acuerdo realizado con Estados Unidos garantizará la reparación a las víctimas y la continuación de los procedimientos de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, este acuerdo no ha sido publicado y su contenido sigue siendo desconocido.