16 de mayo del 2024, Barrancabermeja
Organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, en calidad de organizaciones peticionarias del trámite de medidas cautelares y/o convocadas a la Audiencia Nacional citada mediante Autos SAR AI-017 del 14 de marzo de 2024 y , nos permitimos presentar las siguientes consideraciones, propuestas y solicitudes en relación con la centralidad y derechos de las víctimas de desaparición forzada, entre ellas el derecho a la búsqueda, y las obligaciones de las entidades citadas a esta diligencia para la garantía de dichos derechos.
En el contexto nacional, es imperativo abordar de manera integral y coordinada la problemática de la desaparición forzada, una realidad que conlleva profundas implicaciones humanitarias, políticas y jurídicas. Cada caso de desaparición representa una tragedia para las familias y comunidades afectadas, generando un vacío emocional y una búsqueda constante de respuestas.La presente audiencia nacional se convoca con el propósito primordial de desarrollar estrategias efectivas que permitan la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de los cuerpos de personas desaparecidas en los diferentes territorios del país.
Esta iniciativa requiere de la colaboración activa y coordinada entre diversas entidades, incluyendo instituciones gubernamentales responsables de la seguridad y justicia, organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos y búsqueda, así como la participación proactiva de la sociedad civil en general.
En primer lugar, es fundamental fortalecer los mecanismos de búsqueda e investigación implementados por las autoridades competentes. Esto implica mejorar la capacitación del personal encargado de las investigaciones, asegurar la asignación de recursos adecuados y la utilización de tecnologías de vanguardia, así como implementar los protocolos para la gestión de casos de personas dadas por desaparecidas, que permita la identificación y entrega digna efectiva a sus seres queridos.
Asimismo, se hace necesario promover la cooperación y colaboración entre instituciones a nivel nacional, regional e internacional, con el fin de facilitar el intercambio de información y recursos en casos de desapariciones que trascienden fronteras o presentan una complejidad particular. Esta coordinación estratégica permitirá una respuesta más efectiva y coherente frente a estos desafíos.
Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil y grupos de búsqueda desempeñan un rol esencial en este proceso. Su experiencia, compromiso y cercanía con las comunidades afectadas brindan un enfoque complementario y una red de apoyo valiosa para las familias en búsqueda de sus seres queridos.
Por esto, es necesario garantizar el apoyo y reconocimiento a estas organizaciones para que puedan desarrollar su labor de manera efectiva y segura. En síntesis, esta audiencia nacional representa un llamado a la acción colectiva y comprometida. La búsqueda de personas desaparecidas es una tarea que concierne a toda la sociedad y requiere de un esfuerzo conjunto y sostenido para alcanzar resultados significativos en la localización y esclarecimiento de estos casos tan urgentes.
La Justicia Restaurativa se constituye como un paradigma que marca la ruta y orienta a toda la Justicia Transicional. De allí se desprenden varios elementos que tienen que ver con las garantías de no repetición, la reparación integral a las víctimas y la búsqueda por transformar las causas estructurales que conllevaron a la consolidación de múltiples escenarios de victimización. Esto entonces supone un conjunto de valores que tiene que ver con la centralidad de las víctimas y comunidades afectadas, la verdad entendida como un proceso de construcción colectivo y dialógico y la restauración del daño como eje de toda actuación y presupuesto para la garantía de justicia.
En este sentido, como lo mencionamos el 14 de mayo en Bogotá, el carácter restaurativo en el marco de una audiencia de Medidas Cautelares y de cualquier escenario con enfoque restaurador, no puede limitarse a los momentos simbólicos que se realizan en el marco de estas diligencias. Al contrario, consideramos que en cada momento del proceso surge una oportunidad fundamental para las víctimas,entendiendo que cada uno de los escenarios de diálogo y concertación, como los que con muchas dificultades se realizaron previos a esta audiencia nacional, se constituyen como una ocasión única para reivindicar a las víctimas y sus derechos.
Por esto, consideramos imperante la definición de espacios efectivos que permitan la participación de las víctimas que proporcionen de un verdadero contenido la pretensión de la reparación. Estos espacios deben entonces estar construidos de manera inclusiva y accesible para que las víctimas y organizaciones de víctimas puedan dotarlos a partir de sus experiencias y testimonios.
Esta demanda, como se mencionó en la primera parte de esta audiencia nacional, no hace parte de un acto caprichoso o infundado. Las organizaciones de víctimas estamos convencidas de que los testimonios individuales y colectivos se erigen como una ruptura frente a los silencios que existen alrededor de los crímenes perpetrados por el Estado y que así mismo permiten y dan paso a procesos de
carácter legal, como el que nos convoca hoy en este auditorio.
Son entonces los testimonios, los de las víctimas, los que cuentan y narran experiencias que se constituyen como saberes esenciales, por ejemplo, en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En este sentido, las prácticas ancestrales de las comunidades negras e indígenas y también los conocimientos que las mujeres buscadoras han adquirido a través de sus propias experiencias, son aportes y herramientas fundamentales que deben ser correspondidas con los mecanismos utilizados por instituciones como la UBPD y la JEP, que son protagónicas en el desarrollo de los procesos que hacen parte de las Medidas Cautelares en los lugares de interés forense.
Es esencial resaltar que la participación activa de los familiares, las organizaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos en los procesos de búsqueda es un derecho reconocido tanto a nivel nacional como internacional y constituye un principio fundamental que orienta las actividades del Sistema Integral de Paz. En este sentido, resulta imprescindible que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fortalezcan los mecanismos de coordinación, consulta y colaboración con estos actores, incluyendo las organizaciones locales de búsqueda, para llevar a cabo las acciones surgidas de las medidas cautelares, los pactos territoriales por la búsqueda y las mesas técnicas territoriales. Esto permitirá integrar de manera efectiva y respetuosa las
vivencias, experiencias, testimonios, saberes, aportaciones y expectativas de las víctimas en el proceso de búsqueda de sus familiares.
Como parte de los procesos de revisión de las atrocidades y crímenes cometidos por el Estado, la memoria, que empieza a construirse desde la amalgama de los testimonios de las víctimas, surge como trama de los relatos de resistencia que busca, a través del recuerdo, hacer frente al negacionismo y la impunidad, pero también aparece como una herramienta cargada con un horizonte que apunta hacia el
futuro.
Es por esto, que la memoria se constituye en una garantía de no continuidad y no repetición de los crímenes de lesa humanidad. Así, además de la necesaria articulación de las memorias y verdades que surgen en el marco de los procesos que se adelantan en los trámites de Medidas Cautelares y además de la necesidad de poner eso en función de la elaboración de narrativas explicativas sobre estos hechos victimizantes perpetrados por el Estado, resulta central que en los lugares donde actualmente se adelantan trámites de Medidas Cautelares se puedan construir, de la mano de instituciones como el CNMH, la UBPD, la JEP y la participación activa y vinculante de las víctimas y organizaciones de víctimas, lugares de memoria que permitan restituir la memoria social sobre lo acontecido alrededor de los diferentes hechos victimizantes.
En contextos de transición, la apertura de espacios que viabilicen la reconstrucción y restitución de la memoria resulta central. Para las organizaciones y las víctimas, esto habilita la posibilidad de aportar a la construcción de historia como herramienta estructuradora de verdad. Por eso, insistimos en que la JEP debe comprometerse en construir escenarios y mecanismos que fortalezcan y potencien las rutas que las víctimas y las organizaciones hemos históricamente venido construyendo alrededor de la verdad jurídica e histórica alrededor de la violencia estatal y la violencia sociopolítica.
¿Quiénes y qué verdades se han fijado alrededor de los hechos victimizantes perpetrados por el estado? ¿Cuáles han sido los relatos predominantes y hegemónicos? ¿A través de qué herramientas y métodos se ha profundizado y sedimentado la versión de la historia de los perpetradores de la violencia? Estas, son preguntas que nos permiten reflexionar y reivindicar la necesidad de seguir fortaleciendo todas las propuestas que, desde la sociedad civil, pero que, con la articulación de instituciones del Estado, posibilitan hacerle frente al negacionismo y la impunidad.
Finalmente, luego de presentar los temas principales y retos sobre las acciones de implementación para la búsqueda, la creación de esta Audiencia Nacional debe contemplar un ejercicio articulatorio, que consolide y permita el diálogo interinstitucional y con organizaciones de víctimas y civiles; aportando en las acciones de investigación que contribuyan en la búsqueda para las entidades competentes. Además, de generar espacios para el fortalecimiento de las entidades transitorias como permanentes que son competentes para la búsqueda. Por último, este escenario no debe convertirse en espacios adicionales que generen acciones dispersas y en paralelo a otros procesos como las medidas cautelares o los planes de búsqueda o de investigación que actualmente se adelantan. El objetivo debería propender a la escucha activa y la ejecución de lecciones aprendidas previas.
Para nosotros, como organizaciones peticionarias, es crucial que cada uno de los elementos planteados tanto en la primera sesión como en esta, no solo sea escuchado, sino también tomado en consideración en todas y cada una de las acciones que las instituciones mencionadas previamente llevan a cabo en el contexto de las Medidas Cautelares que se implementan en todo el territorio nacional. Nuestra expectativa es que estos elementos no se limiten a meras palabras o declaraciones, sino que se traduzcan en acciones tangibles y efectivas que reflejen un compromiso real con la justicia, la verdad, la reparación integral a las víctimas y la no repetición de los crímenes cometidos. Estamos convencidos de que sólo a través de una implementación coherente y responsable de estas medidas, se podrá avanzar hacia la construcción de un país en paz.
Suscriben,
– La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)
– El Grupo Interdisciplinario (GIDH)
– La Corporación Jurídica Libertad (CJL)
– El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
– El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
– La Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB)
– La Ruta del Cimarronaje, el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social
CEDAT Universidad de Caldas.
– La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU)
– El Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS)
– La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO)
– La Corporación Regional para la defensa de los derechos humanos (CREDHOS)
– El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo
– El Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (OBSURD)
– Colectivo 28 de Febrero
– Colectivo 16 de mayo