¿Pero a qué podemos temer quiénes tanto hemos enfrentado, quiénes tanto hemos luchado?
No a la ausencia, porque con ella cargamos desde hace años.
No al dolor, porque con el vivimos todos y cada uno de los días.
No al cansancio, porque hemos recorrido una y otra vez todos los caminos.
No, a lo único que le tememos es al silencio con el que se viste el olvido,
a la desmemoria, a la amnesia que suele manchar la historia.
Y contra este temor, no tenemos sino el arma de la memoria.
Diversos espacios en diversos escenarios en Colombia y fuera de ella tienen como tema común hablar de la paz, de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad. La necesidad de profundizar en el conocimiento de las causas estructurales del conflicto colombiano, así como denunciar la responsabilidad del estado colombiano y de las élites económicas y políticas por la utilización del terror como herramienta de control que ha permitido la implementación de un modelo económico excluyente y del statuo quo, se vuelven de primer orden en la medida en que el ejercicio de la oposición política, la exigibilidad del respeto de los derechos humanos y la movilización social, cada vez cuentan con menos garantías para su ejercicio en Colombia.
Durante los dos períodos del actual presidente, Álvaro Uribe, la situación en materia humanitaria y de derechos humanos se ha visto agravada. Los múltiples señalamientos, judicializaciones y montajes contra líderes sociales han contribuido a un clima de polarización que atiza la confrontación en la sociedad. La desaparición forzada, la eliminación física, la tortura, las amenazas, el desplazamiento forzado, siguen siendo prácticas sistemáticas utilizadas por el estado y su estrategia encubierta, para controlar territorios y poblaciones y garantizar la extracción de recursos y la inversión de capital nacional y extranjero. La política de seguridad democrática contribuye, la negación de la existencia de un conflicto armado, la militarización y creciente vinculación de civiles han profundizado la situación de derechos humanos de manera grave.
El régimen político colombiano no puede calificarse de democrático cuando los vínculos con el paramilitarismo de altos funcionarios públicos, de todas las ramas del poder administrativo han sido probados. La mal llamada parapolítica no es más que la evidencia de la existencia de un estado terrorista. La investigación de más de 100 parlamentarios, la renuncia de dos directores del servicio secreto de inteligencia y la investigación de uno por vínculos con el paramilitarismo, de fiscales, embajadores, directores de institutos nacionales (INCO, INVIAS, INCODER, entre otros) demuestran que no nos encontramos “frente a casos aislados” ni a la “penetración del estado por el paramilitarismo”.
Se ha pretendido además legalizar el paramilitarismo, que no es la única forma de terrorismo de estado en Colombia, pero sí la más sanguinaria, tras un aparente monologo, en el que los derechos de las víctimas y sus voces han sido nuevamente burladas. La ley de impunidad (mal llamada de Justicia y Paz) no garantiza el conocimiento de la verdad, la aplicación efectiva de justicia a todos los perpetradores y beneficiarios de los crímenes, ni contempla la reparación integral – individual y colectiva – a las víctimas y menos garantiza la no repetición.
En este contexto las mujeres son las más afectadas y también las más desconocidas. Son las principales víctimas del conflicto, de la militarización de la sociedad y del empobrecimiento. Las escasas políticas públicas diseñadas para atender a las víctimas desconocen los impactos diferenciales y necesidades particulares de las mujeres.
Las reflexiones realizadas en estas I JORNADAS INTERNACIONALES Mujeres Derechos Humanos y Paz en Colombia avanzan en la construcción de propuestas desde las mujeres y el fortalecimiento de la organización social. Permiten llenar de contenido y desde una perspectiva feminista los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral; así como trabajar herramientas de sanación y dignificación de las víctimas son aportes fundamentales desde las mujeres comprometidas con la paz positiva. Han sido además las mujeres latinoamericanas las que han dado los principales aportes en la importancia de la memoria no sólo como garantías de no repetición y construcción ética de la sociedad en la que NUNCA MÁS se cometan los crímenes horrendos contra la humanidad, sino que la paciencia, la persistencia y la resistencia al olvido, durante décadas han sido muestra y ejemplo de dignidad.
La lucha contra la impunidad se convierte en un imperativo ético. Las garantías de no repetición deben incluir la construcción de las condiciones políticas para la reconstrucción de proyectos políticos colectivos que han sido atacados y en particular, las condiciones para que los miles de compatriotas que hoy se encuentran exiliados y refugiados puedan retornar a la Colombia justa y con dignidad que todos y todas nos merecemos.
Reciban del MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO un abrazo fraterno y la apuesta por la posibilidad de “caminar la palabra” que recorre nuestra América Latina en la que se viene regionalizando la esperanza.
Del poder de perdonar sin límites, surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas; la impunidad de todas la formas de maldad; la descomposición de los gobiernos; la descomposición política de la sociedad".
Jeremy Bentham (1748-1832)