EXHUMANDO VERDAD Y JUSTICIA

La familia Causado Márquez históricamente ha pertenecido a la ANUC y es conocida en Sucre por tener un fuerte liderazgo de procesos políticos y sociales alrededor de la lucha por la tierra y de la defensa de los derechos de los campesinos.

Esta familia ha sufrido, durante todos estos años, una fuerte persecución política en razón de su liderazgo político y social. A todos los hermanos se les ha señalado de ser integrantes de grupos guerrilleros, a pesar de que su actividad política ha estado en todo momento dentro del marco de la ley y del derecho. Los militares del Batallón de Infantería de Marina de Corozal - BAFIN y los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en muchísimas oportunidades han ingresado por la fuerza a las viviendas de todos los hermanos, violentándolos a ellos y a sus familias, con el objetivo de disminuir con eso su actividad política y social.

La violencia ejercida a esta familia incluye la desaparición forzada de Álvaro José Causado Márquez, el mayor de los hermanos, en 1994; el asesinato de Róviro Causado Márquez, otro de los hermanos, en 1996 y la desaparición forzada de Walter de Jesús Causado Márquez, otro de los hermanos, en el 2002.

Con estas desapariciones forzadas y asesinatos, los militares, en asocio con los grupos paramilitares, buscaron diezmar la actividad política de la familia, al punto de buscar exterminarla por su liderazgo campesino.

Eudaldo León Díaz era el alcalde del municipio El Roble del departamento de Sucre, de cariño, lo llamaban “Tito Díaz”. Era uno de los pocos políticos sucreños que, a pesar de oponerse a ser manejado por los paramilitares y establecer vínculos con ellos, seguían con vida. Eudaldo León realizó fuertes denuncias sobre la corrupción de las autoridades estatales y de sus nexos con grupos paramilitares.

Soy el alcalde de El Roble suspendido; suspendido por una sola razón injusta: porque en el primer encuentro que tuvimos en el Bafim, yo fui capaz de denunciar al gobernador del departamento de Sucre y me la termina de cobrar la Procuraduría Regional de Sucre. Con esto se están mostrando dos cosas, y se van a conseguir: ya hubo la suspensión y ahora viene la destitución; y después de la destitución viene mi muerte; porque el año pasado hubo una confabulación con el director del DAS y los políticos del departamento de Sucre, y fueron a sacarme de la casa para matarme (...)

(Eudaldo León Díaz, alcalde electo de El Roble)

En el 2003, Eudaldo León desapareció mientras se dirigía hacía una reunión a la que asistirían otros políticos, como Salvador Arana Sus y Álvaro García Romero (posteriormente condenados por sus nexos con el paramilitarismo), quienes le tendieron una trampa para que hombres al mando de alias “Cadena” lo condujeran a la Finca El Palmar, como represalia por sus denuncias y su actividad política. Días después de su desaparición, fue encontrado su cuerpo sin vida, el cual presentaba nueve impactos de bala y señales de tortura, como hematomas de golpes recibidos en varias partes del cuerpo.

El exgobernador Salvador Arana Sus fue condenado por la desaparición forzada de Eudaldo León, en asocio con alias “Cadena”. Frente a este caso, se ha logrado determinar que cerca de 12 testigos que se presentaron a declarar fueron asesinados.

Cristóbal Manuel Paternina Hernández residía en una finca en el corregimiento de Libertad de San Onofre, cerca de la cual fue construido un puesto de la Infantería de Marina, que prestaba vigilancia a la empresa CI. Cartagenera de Acuacultura en Liquidación. La familia Paternina Hernández relata que desde esta finca se podía ver cómo al puesto de Infantería llegaban con frecuencia paramilitares pertenecientes al Bloque Héroes de los Montes de María y cómo varios de los oficiales sostenían relaciones con miembros de esta estructura paramilitar.

En 2003 desapareció Cristóbal Manuel, después de tener una serie de altercados con el paramilitar alias “El Oso”, quien permanentemente lo hostigaba a él y a su familia. Su desaparición forzada fue producto del temor que tenían los miembros del bloque paramilitar y los militares de la Infantería de Marina de que pudiera denunciar la relación que existía entre la Fuerza Pública y los paramilitares. Un año después, a la desaparición forzada de Cristóbal Manuel de le sumó la desaparición de Luis Alberto Díaz Paternina, uno de sus sobrinos, además han recibido constantes amenazas, por las cuales tuvieron que desplazarse y dejar todos sus enseres y formas de sostenimiento.

La intención de los militares, en asocio con los grupos paramilitares, fue evitar que se denuncian sus relaciones de estrecha colaboración y para ello buscaron exterminar a esta familia, ejerciendo distintas formas de violencia sobre ella.

• Le presentamos la documentación sobre las trayectorias paramilitares y los patrones de la desaparición forzada para contribuir a sus mandatos de esclarecer las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad del Estado.
• Esperamos que en el informe final que la Comisión presente a la sociedad colombiana se de cuenta de la magnitud de la desaparición forzada en Sucre y de los nexos de grupos paramilitares y agentes estatales para cometer desapariciones forzadas y otros graves crímenes.

• Le presentamos la documentación de los casos de 259 víctimas de desaparición forzada de Sucre y en 92 de ellos, presentamos información sobre el lugar donde presuntamente se encuentran sus restos. Además, exponemos una caracterización de 15 fincas y 18 cementerios en donde se presume que se encuentran los cuerpos de personas dadas por desaparecidas.
• Esperamos que la UBPD avance en la elaboración de planes regionales de búsqueda que permitan buscar a las personas desaparecidas en el departamento de Sucre.

• Le aportamos información sobre la sistematicidad y generalidad de la práctica de la desaparición forzada en el caso de Sucre, que permite demostrar que la desaparición fue una conducta grave y representativa en el desarrollo del conflicto armado y por eso, su estudio debe ser priorizado.
• Le solicitamos la apertura de un macro caso de desaparición forzada que pueda cumplir por fin con el deber del estado de investigar, juzgar y sancionar la desaparición forzada como una grave violación a los derechos humanos, y establecer quienes fueron sus máximos responsables y la responsabilidad del Estado en esta práctica, ya que este crimen permanece en la impunidad.