SOLO PREGUNTARON POR MI NOMBRE

En la mayoría de casos, la privación de la libertad se produjo sin que mediara orden de captura escrita y sin que existiera situación de flagrancia. Para detenerlas, la Policía utilizó artificios como la supuesta practica de un censo o requerimientos administrativos cotidianos. En muchos la orden de captura se hizo durante o después de la detención. Fiscales y jueces se prestaron para avalar capturas que fueron ilegales y arbitrarias.

Los programas de recompensa impulsados por el Gobierno Nacional (“lunes de recompensa” y “Delatar paga”) generaron una nefasta práctica de incentivos económicos dados a testimonios perversos. Varias personas con profundas necesidades económicas accedieron a entregar información falsa sobre supuestos vínculos de los campesinos con la guerrilla, con el fin de recibir una suma de dinero que podía ser cercana a los $300.000. Pese a ser conscientes de las inconsistencias de los testimonios y de la ausencia de pruebas, jueces y fiscales los condenaron únicamente con esa prueba en su contra.

Las capturas ocurridas en el marco de operaciones militares se efectuaron de forma extensiva a familiares y vecinos de la persona inicialmente investigada judicialmente. De forma arbitraria, y sin las debidas órdenes de captura, fueron detenidos varios integrantes de más de 24 familias en medio de la operación militar, lo que impactó de forma profunda las afectaciones emocionales y colectivas.

Durante las detenciones masivas se efectuaron allanamientos sin orden judicial. La fuerza pública actuó de manera irregular y suplantó facultades del poder judicial, y éste posteriormente se puso a su servicio y legalizó su accionar. Pese a ello, ninguno de los allanamientos practicados permitió la incautación de material que sustentará o diera validez a los informes de inteligencia y los señalamientos de los informantes.

La clonación de los testimonios de los informantes fue una de las practicas utilizadas para acusar a todos los procesados del mismo delito, a través de información genérica y con claras ausencias de circunstancias de hecho, modo y lugar. A esto se suma que los informes de inteligencia y los testimonios entregados por los informantes consideraron como indicio de responsabilidad el hecho de que las personas detenidas se dedicasen a la venta de víveres. Lo anterior también obedeció a la política de “quitarle el pez al agua” la cual presumía, entre otros aspectos, que los habitantes de las ZRC dedicados a la agricultura, se valían de su actividad productiva para alimentar a la insurgencia.

La mayoría de las víctimas de capturas masivas, particularmente quienes fueron procesados en el marco de la Operación Mariscal, fueron capturados en varias ocasiones. En su mayoría, bajo los mismos cargos y con las mismas pruebas de la primera detención (principalmente el testimonio de los “caratapás”), la policía intentó incriminarlos dos, tres y hasta cuatro veces.

Las autoridades aprovecharon la situación para detener a personas integrantes de Juntas de Acción Comunal, líderes sociales y defensores/as de derechos humanos, y endilgarles responsabilidades penales asociadas única y exclusivamente con su labor. estas actividades legítimas fueron presentadas como “fachadas” de la insurgencia.

En aras de anunciar avances en la Política de Seguridad Democrática, así se dudara de su legalidad y legitimidad, la prensa magnificó y difundió las detenciones como “duros golpes a la guerrilla”, exponiendo en algunos casos los nombres y fotografías de las personas, afectando a su vez su honra, buen nombre y presunción de inocencia.

A pesar de las innumerables pruebas de arbitrariedad e ilegalidad con la que actuaron policías, militares, fiscales y jueces, no se ha adelantado en el país una investigación judicial ni disciplinaria que conlleve a esclarecer las responsabilidades caso a caso, no solo para identificar quienes cometieron estas violaciones a la Ley colombiana y la legislación internacional, sino para tomar medidas que eviten que estos hechos se continúen repitiendo.

Las detenciones masivas no se fundaron en investigaciones serias. Fueron el resultado de las presiones ejercidas por parte del ejecutivo sobre la Fuerza Pública, con el fin de mostrar resultados militares y enviar mensajes mediáticos al conglomerado social, que den la impresión de estar avanzando en la recuperación del orden público. Para ello, se diseñaron incentivos perversos para la supuesta colaboración de civiles con el Estado a través de los programas “Lunes de Recompensa” y “Red de Cooperantes”.