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El 7 de agosto de 2002 inició en Colombia una nueva política con la que se prometió acabar la insurgencia con mano dura: la seguridad democrática. Uribe había señalado durante su campaña que el país necesitaba un estatuto antiterrorista que facilitara la detención, la captura y el allanamiento. Y así lo hizo: tan solo cuatro días después de su posesión, el Gobierno de Uribe promovió el Decreto 1837 de 2002 por medio del cual se declaró el Estado de Conmoción Interior. Con esta norma se diseñaron mecanismos para que sin necesidad de orden judicial, la Fuerza Pública practicara allanamientos, capturas e interceptaciones. Se suponía que estas medidas iban a ser extraordinarias, aunque se fueron convirtiendo poco a poco en el pan de cada día.
En el afán de demostrar que su guerra contra la guerrilla estaba prosperando, el Gobierno presionó a la Fuerza Pública para que detuviera no a uno ni a dos, sino a cientos de guerrilleros, lo que en realidad significó la detención de cientos de campesinos haciéndolos pasar por insurgentes. Con el impulso de operaciones militares, el Gobierno presentó ante los medios de comunicación supuestos “duros golpes a la guerrilla”, aunque en la realidad se trataba de golpes a la libertad y la democracia. Entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, más de seis millares de personas fueron privadas de la libertad por ser supuestos subversivos, pocos de ellos fueron juzgados.
“Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday v. Suriname
Es “impostergable la adopción de medidas extraordinarias”, para ello el Gobierno facilitará los “recursos jurídicos y materiales necesarios” para la efectividad de las fuerzas armadas y la Rama judicial, así como “mecanismos jurídicos” que facilitaran “la aprehensión, captura y retención” de eventuales implicados en organizaciones o actos terroristas, “realizando allanamientos e interceptaciones, identificando sospechosos y recogiendo pruebas que conduzcan a establecer la responsabilidad de autores y partícipes”.
Enmarcado en la conmoción interior, el 9 de septiembre del 2002 el gobierno emitió el decreto 2002, mediante el cual otorgó facultades extraordinarias a la Fuerza Pública para combatir a los grupos armados ilegalmente. Esta norma permitió a la fuerza pública empadronar la residencia de los ciudadanos, realizar detenciones, allanamientos, registros de domicilios sin autorización judicial y el otorgamiento de competencia judicial a las fuerzas militares.
La Fiscalía General de la Nación se prestó para estas arbitrariedades. El entonces Fiscal General, Luis Camilo Osorio, sostuvo que en “determinadas zonas donde toda una comunidad se pone de acuerdo para hacer actos de violencia [y por ello] las detenciones tienen que ser colectivas”.
En Gobierno flexibilizó los estándares legales que protegían el derecho a la libertad y la intimidad, y a su vez creo mecanismos y programas con incentivos perversos para incentivar la cooperación ciudadana con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.
En el marco de la conmoción interior, el Gobierno declaró a Montes de María y Arauca como Zonas de Rehabilitación y Consolidación (ZRC), es decir, zonas comandadas por militares y con un régimen especial de orden interno, para supuestamente hacerle frente a la guerrilla. En estas zonas se instauraron distintas formas de control de la población, que posteriormente fueron usadas de forma ilegal y arbitraria para promover detenciones.
Aunque se justificó la elección de estas zonas por su supuesta alta presencia guerrillera, lo que la hacía diferente a otras zonas del país que incluso tenían más control de la insurgencia, era la necesidad de proteger el Oleoducto Caño Limón - Coveñas.
La ZRC se convirtió en cárceles sin barrotes y en espacios de preparación de resultados centrados en la validación de un modelo político antiterrorista, pero supremamente pobre en materia de logros. Más allá de traer beneficios en materia de seguridad, las ZRC demostraron ser un experimento fallido para el país y catastrófico para sus habitantes, puesto que el aumento del pie de fuerza, la estrategia de los informantes y la de los soldados campesinos solo trajeron graves violaciones a los derechos humanos de la población, principalmente el de la libertad.
Pueblos enteros de Montes de María fueron asumidos como enemigos del Estado, y para combatirlos, el Gobierno reforzó la presencia militar en la subregión. Allí se efectuaron más de ocho operaciones militares durante el periodo 2002 – 2007, en ellas se detuvieron a más de 331 personas, quienes fueron acusadas de proveer de “víveres” a la insurgencia, aunque se trataba en su mayoría de agricultores y comerciantes.
Sólo durante la vigencia formal de las ZRC de Montes de María (septiembre 2002 – abril de 2003), se capturaron 109 personas de las cuales solo 15 se pudieron judicializar.
“Los infantes llegaron con una mujer con la cara tapada y se llevaron a unas 20 personas. Registraron por completo varías casas, pero no encontraron nada. La mujer con la cara tapada los señalaba e inmediatamente se los llevaban. Yo les dije que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo porque mis hijos no son guerrilleros". La Operación Escorpión fue desarrollada en el corregimiento de Pijiguay, del municipio de Ovejas.
El 12 de agosto de 2003 un patrullero de la Policía informó a la Fiscalía de la presencia de miembros de los Frentes 35 y 37 de las Farc en Montes de María. Cuatro días después, la Fiscalía capturó a 156 personas en Chalán, Colosó, Ovejas, Los Palmitos, Corozal y Sincelejo. “Me fueron a capturar a las 4 de la mañana, rompieron las puertas, entraron y solamente me preguntaron por el nombre porque yo no tenía ni orden de captura … me la llenaron ahí mismo en seguida. Ahí mismo me la llenaron. Así como les sucedió a muchas personas, a muchas personas las señalaban y las montaban en el camión y le hacían la orden de captura. Ni siquiera aquí, se las hacían allá en la inspección central de Sincelejo” José Almiro Méndez Vanegas.
El entonces Fiscal Especializado Orlando Pacheco Carrascal decidió ordenar la libertad de las 128 personas detenidas por considerar que no había un sustento legal sólido que legitimara su detención. Producto de esa decisión, Pacheco fue destituido y amenazado por los paramilitares. A los cuatro meses fue detenido por prevaricato. El 24 de junio de 2004 un nuevo fiscal inició la recaptura de los detenidos de la Operación Mariscal, de ellos 45 fueron condenados a 6 años de cárcel por rebelión.
“Nosotros estábamos solos, a mi casa llegaban 10-15 guerrilleros y le decían a uno: «Háganme el favor y háganos una comida, consíganos una gallina, consíganos 4 o 5 libras de arroz, arránquenos un mate de yuca, échenos un viaje de agua para lavar y para tomar». Y uno ¿que tenía que hacer? uno tenía que hacerlo. Porque o si uno no lo hacía, después de que ellos se iban, le decían a uno que era sapo ¿sí? Entonces uno se tenía que cuidar por parte y parte. En este caso, muchos de los campesinos que estamos acá, somos inocentes. Pero que, si más de uno le cocinó a la guerrilla, si … pero no fue por culpa de ellos; fue por culpa del Estado que dejó la población sola, y eso es lo que estamos pagando hoy en día”Adael de Jesús Mejía.
Llegaron 50 soldados a las viviendas, partiendo puertas. Entraron gritando que se levantaran y que les mostraran su identificación. Luego de estos hechos se los llevaron al batallón para Corozal para verificar la cédula. “Cuando yo estaba en el batallón me dicen que yo no estaba para estar preso, no tengo orden de captura, pero dicen: «No, porque vamos a dejarlo, si ya hicimos el negocio»”Juan Fernando Alquerque.
“Tenían un listado … entonces miraban la cédula y miraban el listado y me enfocaban con un foco. Entonces (…) le dijeron:
- Mire mi comandante venga acá
- Ajá y qué pasa dijo él
- Ombe mire este no es el tipo que nosotros buscamos.
Luego, (…) un acusante que había ahí, dijo:
- Este no es el que andamos buscando, pero este también, veníamos nosotros aquí y él nos colaboraba, así que tenemos que llevárnoslo también” Álvaro José Ruiz.
“Nos preguntaban qué íbamos a hacer, que hacíamos en Chalán, si éramos de Ovejas que íbamos a hacer a Chalán. Entonces nosotros les explicábamos que íbamos a jugar, nosotros somos deportistas, vamos a jugar. Nos decían que el censo era para tener un control de las personas que entraban a municipios y de las que salían …. A los pocos días me capturaron” Oscar Segundo Macarena.
“Nos preguntaban qué íbamos a hacer, que hacíamos en Chalán, si éramos de Ovejas que íbamos a hacer a Chalán. Entonces nosotros les explicábamos que íbamos a jugar, nosotros somos deportistas, vamos a jugar. Nos decían que el censo era para tener un control de las personas que entraban a municipios y de las que salían …. A los pocos días me capturaron” Oscar Segundo Macarena.
En enero de 2007 se realizó la Operación Sabanas, bajo la cual detuvieron a 7 personas. Posteriormente, en el mes de marzo, las autoridades detienen al alcalde de Ovejas, Álvaro Ramiro González Quessep, y a otras ocho personas, que fueron dejadas en libertad 15 meses después al comprobarse su inocencia.
“Cuando el man me llama y me dice: “Pero a usted lo capturaron en un combate”, y yo dije: “¿En un combate como así? que yo sepa a mí me capturaron en la casa, estaba con los hijos y estaba con la compañera. En un combate no señor, eso es falso totalmente”. (…) Cuando el Gaula llega a mi casa ellos hacen los tiros, entonces de esa manera me titulan es que yo fui capturado en un combate siendo que no fue así” Ramiro Espinoza.
Las capturas en Montes de María se caracterizaron por la ausencia de pruebas que permitieran declarar a los y las campesinas detenidas como culpables. Las irregularidades y manipulaciones procesales, así como el despliegue periodístico y público del nombre de las personas detenidas, fueron algunas de las características que convirtieron estas detenciones en arbitrarias.
la mayoría se trata de varones
que tenían una edad promedio de
aunque también fueron detenidas
y personas más jóvenes: tres de ellos eran menores de
y una joven tenía
también fueron detenidos
Muchos de los testimonios corresponden a campesinos,
se dedicaban especialmente a la agricultura y/o comercialización de los productos que sembraban;
combinaban estas actividades con acciones de liderazgo comunitario.
Varios campesinos y líderes comunitarios fueron convocados a reuniones de proyectos productivos, sin embargo, no eran más que un artificio con los que les engañaron para que permitieran que les tomaran fotografías, las cuales aparecerían después como producto de supuestas labores de inteligencia en aras de arropar de credibilidad los testimonios de los reinsertados. En algunos casos, las fotografías presentadas en dichos informes fueron tomadas durante reuniones con autoridades, pero exhibidas como fotos en campamentos guerrilleros.
En la mayoría de casos, la privación de la libertad se produjo sin que mediara orden de captura escrita y sin que existiera situación de flagrancia. Para detenerlas, la Policía utilizó artificios como la supuesta practica de un censo o requerimientos administrativos cotidianos. En muchos la orden de captura se hizo durante o después de la detención. Fiscales y jueces se prestaron para avalar capturas que fueron ilegales y arbitrarias.
Los programas de recompensa impulsados por el Gobierno Nacional (“lunes de recompensa” y “Delatar paga”) generaron una nefasta práctica de incentivos económicos dados a testimonios perversos. Varias personas con profundas necesidades económicas accedieron a entregar información falsa sobre supuestos vínculos de los campesinos con la guerrilla, con el fin de recibir una suma de dinero que podía ser cercana a los $300.000. Pese a ser conscientes de las inconsistencias de los testimonios y de la ausencia de pruebas, jueces y fiscales los condenaron únicamente con esa prueba en su contra.
Las capturas ocurridas en el marco de operaciones militares se efectuaron de forma extensiva a familiares y vecinos de la persona inicialmente investigada judicialmente. De forma arbitraria, y sin las debidas órdenes de captura, fueron detenidos varios integrantes de más de 24 familias en medio de la operación militar, lo que impactó de forma profunda las afectaciones emocionales y colectivas.
Durante las detenciones masivas se efectuaron allanamientos sin orden judicial. La fuerza pública actuó de manera irregular y suplantó facultades del poder judicial, y éste posteriormente se puso a su servicio y legalizó su accionar. Pese a ello, ninguno de los allanamientos practicados permitió la incautación de material que sustentará o diera validez a los informes de inteligencia y los señalamientos de los informantes.
La clonación de los testimonios de los informantes fue una de las practicas utilizadas para acusar a todos los procesados del mismo delito, a través de información genérica y con claras ausencias de circunstancias de hecho, modo y lugar. A esto se suma que los informes de inteligencia y los testimonios entregados por los informantes consideraron como indicio de responsabilidad el hecho de que las personas detenidas se dedicasen a la venta de víveres. Lo anterior también obedeció a la política de “quitarle el pez al agua” la cual presumía, entre otros aspectos, que los habitantes de las ZRC dedicados a la agricultura, se valían de su actividad productiva para alimentar a la insurgencia.
La mayoría de las víctimas de capturas masivas, particularmente quienes fueron procesados en el marco de la Operación Mariscal, fueron capturados en varias ocasiones. En su mayoría, bajo los mismos cargos y con las mismas pruebas de la primera detención (principalmente el testimonio de los “caratapás”), la policía intentó incriminarlos dos, tres y hasta cuatro veces.
Las autoridades aprovecharon la situación para detener a personas integrantes de Juntas de Acción Comunal, líderes sociales y defensores/as de derechos humanos, y endilgarles responsabilidades penales asociadas única y exclusivamente con su labor. estas actividades legítimas fueron presentadas como “fachadas” de la insurgencia.
En aras de anunciar avances en la Política de Seguridad Democrática, así se dudara de su legalidad y legitimidad, la prensa magnificó y difundió las detenciones como “duros golpes a la guerrilla”, exponiendo en algunos casos los nombres y fotografías de las personas, afectando a su vez su honra, buen nombre y presunción de inocencia.
A pesar de las innumerables pruebas de arbitrariedad e ilegalidad con la que actuaron policías, militares, fiscales y jueces, no se ha adelantado en el país una investigación judicial ni disciplinaria que conlleve a esclarecer las responsabilidades caso a caso, no solo para identificar quienes cometieron estas violaciones a la Ley colombiana y la legislación internacional, sino para tomar medidas que eviten que estos hechos se continúen repitiendo.
Las detenciones masivas no se fundaron en investigaciones serias. Fueron el resultado de las presiones ejercidas por parte del ejecutivo sobre la Fuerza Pública, con el fin de mostrar resultados militares y enviar mensajes mediáticos al conglomerado social, que den la impresión de estar avanzando en la recuperación del orden público. Para ello, se diseñaron incentivos perversos para la supuesta colaboración de civiles con el Estado a través de los programas “Lunes de Recompensa” y “Red de Cooperantes”.
Montes de María ha sido considerado a lo largo de la historia la despensa agrícola del Caribe. En sus municipios los cultivos de ñame, tabaco, aguacate y plátano marcaban no solo la actividad productiva de gran parte de la población, sino una cultura preponderantemente colaborativa y asociativa.
Sin embargo, después de las capturas masivas la situación se transformó notablemente. La desconfianza de que cualquier persona pudiese participar como informante para ganarse el pan de la semana, así implicara acusar falsamente a sus vecinos, deterioró los lazos sociales.
Así mismo, el estigma de haber estado privado de la libertad por ser un supuesto insurgente, generó riesgos para la seguridad de decenas de campesinos que decidieron abandonar su tierra e irse de la región.
Muchas familias se desintegraron, las enfermedades producto del estrés y la presión empezaron a surgir en muchos de los/as detenidas y sus vidas nunca más fueron las mismas.