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La Alcaldía Mayor de Bogotá estigmatiza y promueve violaciones a los derechos humanos contra el movimiento estudiantil

La “Campaña Defender la Libertad: Un Asunto de Todxs” y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional rechazamos y condenamos la actuación desmedida y violatoria de derechos fundamentales promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá y ejercida por la Policía Metropolitana de Bogotá y del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, en el marco de la movilización pacífica estudiantil del 15 de noviembre de 2018 en la ciudad de Bogotá, que derivó en la detención de al menos 95 personas, entre ellas tres menores de edad, y dejó otras decenas heridas.

La mayoría de estudiantes capturados ya han sido puestos en libertad sin ningún tipo de imputación, evidenciando la práctica de detener arbitrariamente a quienes participan de la protesta social como una forma de deslegitimarla públicamente y de amedrentar a quienes participan de estos escenarios.

De acuerdo con la información recopilada por las Comisiones de Verificación e Intervención (CVI), encargadas de la veeduría de derechos humanos en el marco de la protesta social y quienes hicieron presencia a lo largo de toda la marcha así como en los centros de detención, se pudieron constatar prácticas irregulares por parte de miembros de la Fuerza Pública, por lo que se adelantarán denuncias penales y disciplinarias contra funcionarios de alto nivel e integrantes de la Fuerza Pública, para que mediante una investigación seria, imparcial y efectiva se logre determinar la responsabilidad de quienes participaron de estos censurables hechos.

Pese a que la movilización transcurrió de forma pacífica, tal y como lo reconoció el mismo Secretario de Seguridad de la Alcaldía, JAIRO GARCÍA GUERRERO, y de que el Director General de la Policía Nacional de Colombia, General Jorge Hernando Nieto Rojas, anunció que se garantizaría la seguridad de quienes se encontraran en la movilización, las CVI constataron cómo la movilización fue intervenida de forma ilegal, al separar y disolver la marcha, en lugar de aislar a quienes presuntamente estuvieran alterando el curso normal de la movilización. Se pudo observar también el actuar de una tanqueta del ESMAD conduciendo en “zig-zag”, una actuación temeraria en contra de los estudiantes; y se registraron diferentes actos de uso desproporcionado de la fuerza y abuso de poder, como el empleo de marcadoras y aturdidoras contra estudiantes acorralados. De la misma forma, en los centros de detención se observaron tratos crueles e inhumanos, al encerrar alrededor de 20 estudiantes en un autobús de la Policía durante más de una hora, con gases lacrimógenos concentrados en el interior.

Entre las irregularidades que se cometieron, podemos destacar además de las ya mencionadas, las siguientes:

  1. La Policía de Bogotá y el ESMAD no respetaron las Comisiones de Verificación de Derechos Humanos que acompañaban a los manifestantes, aún cuando quienes las integraban fueron reconocidos como tal en el Puesto de Mando Unificado (PMU), se encontraban debidamente identificados con chalecos y habían hecho su presentación con los comandantes de Policía de cada tramo, como indica el Protocolo de Actuación para las Movilizaciones Sociales en Bogotá. Por el contrario, fueron agredidos y violentados y nunca se les tuvo en cuenta para actuar como mediadores antes de cualquier intervención policial.
  2. En una clara vulneración de los estándares internacionales en la materia, en la movilización hizo presencia personal policial sin uniforme, ni identificación alguna que adelantó retenciones irregulares, tal como se registró por varios medios de comunicación. Aquellos integrantes de la Policía Nacional con uniforme pero sin número de identificación portaban armas y contuvieron violentamente la manifestación.
  3. Se reportó que menores de edad fueron trasladados a estaciones de policía por parte del personal, sin mediar diálogo con Personería o con organizaciones de Derechos Humanos que pudieran velar por sus derechos. Si bien fueron dejados en libertad posteriormente, duraron retenidos un tiempo considerable dentro de las instalaciones de la Policía Nacional.
  4. La hostilidad en la marcha se trasladó también hasta la sede de la Universidad Pedagógica Nacional, donde estudiantes que salían de eventos académicos en las instalaciones fueron detenidos, mientras otros fueron objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la Fuerza Pública. Adicionalmente, la Policía  Nacional  obligó a personal de una ambulancia a trasladar  a  dos funcionarios de la SIJIN vestidos de civil que custodiaban un estudiante brutalmente herido, violando la neutralidad de la misión médica.
  5. Las personas retenidas, en su mayoría, fueron llevadas a la Estación de Policía que se encuentra en la Avenida Circunvalar con calle 55. El personal que se encontraba allí no interlocutó con los abogados presentes, ni con los padres de familia que reclamaban con urgencia conocer la identificación de las personas retenidas, por el contrario, se les agredió y tras la presión de los asistentes se permitió el ingreso de dos personas a la estación, quienes finalmente informaron de la situación.

 

La grave situación de derechos humanos denunciada en Bogotá responde a la estigmatización y criminalización de la protesta social encabezada por el Gobierno Nacional y la Administración Distrital. Durante las movilizaciones estudiantiles, el Presidente de la República IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, el Ministro de Defensa, GUILLERMO BOTERO y el Alcalde Mayor de Bogotá, ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO aseguraron tomar medidas en contra de las manifestaciones sociales, entre ellas, el incremento de penas en delitos como violencia contra servidor público y la judicialización de los convocantes de las movilizaciones, profundizando la estigmatización sobre quienes defienden el ejercicio legítimo de la protesta social como derecho.

Frente a los hechos presentados, la Campaña contra la Detención arbitraria, Persecución Judicial y Criminalización de la Protesta Social en Colombia “Defender la Libertad: Asunto de Todxs” EXIGE:

  1. Al GOBIERNO NACIONAL y a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ que respete y garantice el derecho a la protesta social con una actuación apropiada en el marco de la normativa vigente (Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior y Decreto 563 de 2015 de la Alcaldía de Bogotá), así como el respeto por los derechos fundamentales consagrados en su ejercicio.
  2. Al GOBIERNO NACIONAL y a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ que se abstenga de adelantar procedimientos irregulares e ilegales en contra de los estudiantes y cualquier persona que proteste pacíficamente en Bogotá y las demás ciudades del país.
  3. A la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN que (i) lleven a cabo investigaciones efectivas, serias e imparciales que contribuyan al establecimiento de las responsabilidades a que haya lugar por los hechos aquí denunciados; y (ii) que de encontrar mérito para ello, impongan las sanciones correspondientes que  permitan que estos hechos no se repitan, garantizando entre otras, el derecho a la protesta y a la movilización social.
  4. A la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y a la PERSONERÍA DE BOGOTÁ (i) que se realice el seguimiento y la investigación de los hechos denunciados. Además, (ii) que se garantice la vida, la integridad y la libertad de las personas movilizadas, acabando con la estigmatización, la persecución y los empadronamientos contra los estudiantes. Asimismo, (iii) que se garantice el debido proceso a las personas que puedan ser judicializadas en el marco de la protesta social.

La campaña “Defender la Libertad: Asunto de Todxs” es una campaña contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. En ese contexto, también sistematiza, compila y denuncia a nivel nacional e internacional las distintas modalidades de represión y uso abusivo de la Fuerza Pública. En ese sentido, agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas en el contexto de la protesta social, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com

 

Suscriben:

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP, Fundación de DDHH Pasos, Comité de DDHH de la coordinadora cívico popular de Ciudad Bolívar; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR, Rebeldía Estudiantil Organizada , – Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá- y Asociación Sindical de Profesores Universitarios-ASPU-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Congreso de los Pueblos; Modep-Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo.