Revista en Movida

La falta de garantías para las víctimas de crímenes de Estado nº4: El difícil acceso a la justicia

Escrito por: |

Cuando una funcionaria judicial se atrevió a intentar la captura de algunos paramilitares, los militares allí presentes protagonizaron una asonada y le arrebataron a los detenidos, no siendo sancionados ellos sino la funcionaria que intentó capturarlos con todas las formalidades legales. Todo mostraba que confiar en la justicia no reportaba ninguna solución sino, por el contrario, altísimos costos para los denunciantes. Militares, procuradores y periodistas se confabularon entonces para estigmatizar ante la opinión pública a quienes estábamos denunciando y contaron para ello con los grandes medios de prestigio, tales como El Tiempo, La Prensa, la cadena radial RCN y otros, los cuales destruyeron gratuitamente nuestra reputación sin reconocernos siquiera el derecho de réplica.”1

El difícil acceso a la justicia de las víctimas de Crímenes de Estado perpetua la impunidad de estos crímenes, anulando el derecho a la verdad y impidiendo la garantía de no repetición de estos hechos y su reparación integral. Las diferentes agresiones en contra de las personas que trabajan en la rama judicial, los abogados y víctimas y/o familiares buscan imponer la impunidad, difamar a los y las que buscan verdad y justicia y criminalizar el ejercicio legitimo del derecho. Las víctimas y los y las que les acompañan de esta manera son presentados como victimarios y los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de Lesa Humanidad como las víctimas de las mismas.

 

La búsqueda de la justicia de los familiares de ejecuciones extrajudiciales

Desde el descubrimiento de las fosas comunes en las que fueron enterrados algunos de los jóvenes de Soacha y las protestas subsiguientes, las madres y otros familiares de las víctimas que han hecho campaña por la justicia han sido amenazados, hostigados y sometidos a vigilancia con el fin de silenciar su campaña. En 2009, y en buena medida a consecuencia de las protestas públicas que suscitaron los homicidios de los jóvenes de Soacha, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad fueron detenidos en relación con estas muertes." Amnistía Internacional

Víctor Fernando Gómez, joven de Soacha, fue ejecutado extrajudicialmente el 25 de agosto de 2008 por integrante del Ejercito Nacional. Jhon Nilson Gómez fue de los que, a raíz de la falta de resultados por parte de la justicia colombiana, empezó a investigar por cuenta propia los hechos que llevaron a la muerte de su hermano. Jhon Nilson se salvó milagrosamente de un primer atentado ocurrido en el municipio de Fusagasuga, entre el 11 y el 18 de octubre de 2008, cuando fue empujado desde un puente de aproximadamente 20 metros de altura ubicado a las afueras de dicho municipio. Jhon Nilson había llegado a ese lugar, luego de ponerse en contacto con dos agentes de la policía municipal de Soacha, quienes lo convencieron de trasladarse a esa ciudad con el fin de avanzar en sus investigaciones sobre los asesinos de su hermano. Después de este atentado el joven continuo siendo amenazado por medio telefónico. El 22 de noviembre del 2008 Jhon Nilson recibió una llamada en la que le decían: “No sirve la experiencia, no basta con lo de su hermano, deje de investigar…”. Esta llamada fue acompañada de otras iguales o peores de intimidantes hacia distintos miembros de la familia. El 4 de febrero de 2009 Jhon Nilson Gómez fue víctima de un atentando en el sur de Bogotá en el que le propiciaron varios disparos, que dejaron sin vida al hermano de Víctor Fernando Gómez.

La defensa de los militares del caso de los jóvenes ejecutados extrajudicialmente de Soacha, durante el proceso de forma estratégica dilataron el proceso y argumentaron que los militares acusados de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, tenían que ser puestos en libertad por vencimiento de términos. Este argumento fue respaldado durante el juicio por la Procuraduría General de la Nación, desde enero hasta la fecha 46 militares han recobrado la libertad por vencimiento de términos en cuatro procesos distintos, los cuales, fueron confinados en la Escuela de Artillería, al sur de Bogotá, por orden del Ministerio de Defensa, y fueron objeto de una jornada que incluyó orientación psicológica, payasos y almuerzo con lechona2.

El largo camino para la consecución de la justicia

Nosotros consideramos que la sentencia al coronel Plazas obra en derecho, no vulnera la integridad de las fuerzas militares, marca un hito en la historia de lucha contra la impunidad y muestra que el país puede estar a la altura de los estándares internacionales de justicia, no entendemos como usted que encarna la máxima instancia del ejecutivo usando la popularidad que le acompaña, intente interferir en el poder judicial cuestionando decisiones de los administradores de justicia”

Carta al Presidente Uribe a los Familiares de los desaparecidos en el Palacio de Justicia 10/06/2010

A raíz de las intervenciones públicas del abogado Jorge Molano Rodríguez en las audiencias con ocasión del juzgamiento de varios oficiales del Ejército Nacional, por las desapariciones forzadas de 11 personas ocurridas en los hechos del Palacio de Justicia durante el 6 y 7 de noviembre de 1985, son numerosos los comentarios que han aparecido publicados en las páginas web de diferentes medios de comunicación, en donde en su contra se expresa que: “Me dirijo exclusivamente al vulgar y desvergonzado Eduarda (Jorge Molano) para manifestarle mi asco, mi repugnancia. Huele a terrorista, a apátrida, a dinero de los infelices secuestrados, que le abonan seguramente cada quincena sus patroncitos del monte. si tiene familia, seguramente que caminan cabizbajos. Me imagino que usted no sabe qué es honor”. Sumado a ello, en diversas páginas de Internet, aparece el siguiente texto: “Queremos dejar constancia de que si algo nos sucede a nosotros o a algunos de nuestros familiares, responsabilizamos a la juez y a su asesor el abogado Jorge Molano, que nuestra sangre caiga sobre estos personajes”, suscrito por quien se identifica como Alberto Acosta, quien al parecer es oficial retirado del Ejército Nacional.

El pasado, 1 de diciembre de 2009, las personas asignadas para la protección del abogado Molano fueron informadas que durante la última semana, en tres oportunidades, personas vestidas de civil habían concurrido a la portería del conjunto residencial donde habita, solicitando acceder a su vivienda. Estas personas se habían negado a identificarse y cuando el vigilante intentó comunicarse con el apartamento, a efectos de verificar la presencia del abogado Molano, los visitantes intempestivamente se han retirado del lugar, manifestando en algunas oportunidades, que con posterioridad lo llamaran. El teléfono celular del abogado Molano, desde el año 2004 fue intervenido, en el marco de las labores de espionaje en contra de Defensores de Derechos Humanos, Magistrados y líderes políticos adelantadas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.3 El abogado Molano Rodrìguez se desempeña como asesor jurídico de la Corporación Sembrar, la Asociación Nomadesc, la Corporación Jurídica Utopía y Fedeagromisbol.

El 10 de junio de 2010 se dictó el fallo de la juez contra el ex-coronel Alfonso Plazas Vega con una condena de 30 años de prisión por su responsabilidad en la comisión de 11 desapariciones forzadas, el 6 y 7 de noviembre de 1985. La jueza tuvo que salir exiliada fuera del fallo por falta de garantías a su vida. El 2 de junio de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de María Stella Jara Gutiérrez y su hijo, por haber recibido amenazas, seguimientos e intimidaciones, situación que se intensificó en los últimos meses, además, el estado se ha demorado en brindarle un esquema de protección adecuado a la jurista.

Agresiones contra la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional

Es evidente que desde hace algún tiempo existe una estrategia deliberada para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia y, por ese camino, deslegitimar las decisiones que viene adoptando en el proceso conocido como la parapolítica. Para ello se han utilizado ataques verbales de algunos funcionarios del Gobierno que han tildado a los magistrados de la Corte de prevaricadores, golpistas o cohonestadores del terrorismo, o de que sus decisiones son una especie de pesca milagrosa y que además están aderezadas con un sesgo ideológico.”

Fransisco Ricaurte, presidente de la Corte Suprema el 30 de agosto de 2008

Integrantes de la Corte Suprema de Justicia fueron objetos de seguimientos e interceptaciones ilegales desde 2005 en el marco de las “chuzadas” realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo que depende directamente de la Presidencia de la República. Según Agusto Ibañez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, las “chuzadas” "han generado profundo malestar y sentida preocupación por los nefastos efectos que puede tener para nuestro sistema democrático y el orden institucional del país, en la medida que se trata de acciones criminales que socavan los derechos fundamentales". Según la revista Semana, desde el 2007 el DAS pudo tener acceso privilegiado a documentos de la Corte Suprema de Justicia por un tiempo de dos años mediante la infiltración de una detective que tenía como misión recabar información para altos cargos del Ejecutivo, incluido el presidente Álvaro Uribe. Según el propio Presidente Uribe; “Si el Gobierno ordenara el espionaje ilegal tendría que ir a la cárcel, empezando por el Presidente de la República.4

En reiteradas ocasiones, el primer mandatario y otras personas de su gobierno hicieron afirmaciones difamatorias contra la Corte Suprema de Justicia, poniendo en peligro la integridad personal de los jueces y haciendo señalamientos que buscaban a la vez vincular la Corte con estructuras paramilitares y organizaciones insurgentes. En mayo de 2009 el primer mandatario manifestó "¿Por qué la sala penal de la Corte Suprema de Justicia es tan diligente para investigar y condenar a algunos congresistas y es tan negligente cuando se trata de vinculaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)?"

En septiembre de 2007, alias 'Tasmania' envió desde la cárcel de Itagüí una carta a la Casa de Nariño en la que afirmó que el magistrado Velásquez lo estaba presionando para que declarara contra el presidente Álvaro Uribe. En abril de 2010, el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que las acusaciones que alias 'Tasmania' hizo en contra del magistrado Iván Velásquez, investigador en el escándalo de la parapolítica, habían sido un montaje orquestado desde el DAS para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia.

Los pilares de la democracia se encuentran en la separación de los tres poderes; judicial, legislativo y ejecutivo. El gobierno de Uribe tuvo en los dos gobiernos pleno control del poder legislativo y del poder ejecutivo, con apenas el poder judicial con la capacidad de mantener una postura independiente frente al panorama política, marcada por un conflicto armado interno y una fuerte infiltración paramilitar en la institucionalidad del país. Las palabras y actuaciones del presidente Uribe y otras personas de su gobierno abiertamente han deslegitimado y criminalizado la labor de la Corte Suprema de Justicia y han atacado sus fallos de una forma sistemática.

Desconocimiento de los fallos por parte del Gobierno Colombiano

Durante los sucesivos gobiernos de Alvaro Uribe Veléz, este en reiteradas instantes atacó y/o desconoció fallos de las Altas Cortes Nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos referidos a la parapolítica, la extradición de jefes paramilitares, la Yidis-política, el Palacio de Justicia y el genocidio político de la Unión Patriótica.

El Presidente Uribe al conocer del fallo en contra del coronel retirado Plazas Vega del 9 de junio de 2010 desclasificó de una vez la sentencia, afirmando que “duele y da tristeza”. “Los actores criminales, ninguno está en la cárcel y ahora veo que condenan a un integrante de las fuerzas armadas de Colombia que simplemente buscó cumplir con su deber” El día 10 de junio de 2010 el primer mandatario propuso una reforma a la institución judicial. “Nosotros vamos a tener que pensar en Colombia un proyecto de ley, una revisión del ordenamiento jurídico, para evitar el desestímulo en las Fuerzas Armadas de Colombia. Está bien que las Fuerzas Armadas tienen que ser eficaces y tienen que ser transparentes, que tienen que recuperar totalmente el orden público y respetar absolutamente los derechos humanos. Pero de ahí al maltrato a las Fuerzas Armadas hay un trecho muy amplio”. La cúpula militar y el ministerio de defensa pidieron volver al fuero militar y la Procuraduría General de la Nación dijo de apelar la sentencia. Para la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) “estas declaraciones de las altas autoridades colombianas atentan gravemente contra la independencia de la justicia, imprescindible en un Estado de Derecho, y ponen en alto riesgo la vida y la seguridad personal de los magistrados.”

Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, (UIAF), y su ex subdirector Operativo, Eduardo Daza fueron acusados el 26 de mayo de 2010 por los cargos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de autoridad, luego de que el fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, los sindicara de haber establecido una empresa criminal en conjunto con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para perseguir y desprestigiar a integrantes de las altas cortes y a algunos congresistas. En un comunicado público de la presidencia de la República del 1 de junio de 2010 el presidente de la República critica la decisión judicial y muestra su respaldo a Mario Aranguren. “¿Meten a la cárcel a los colombianos que combaten la penetración corrupta del narcotráfico?, ¿puede estar en la cárcel un colombiano cuyo pecado, cuyo delito es haber combatido con las normas legales, en virtud de sus competencias, la penetración corrupta de los dineros del narcotráfico?".

El 23 de junio la Corte Interamericano de Derechos Humanos estableció la responsabilidad del Estado Colombiano en el asesinato del senador de la UP Manuel Cepeda Vargas y en la sentencia obligó al gobierno Colombiano realizar un acto de perdón, consultado con los familiares, en el Congreso y el Senado. Sin embargo las palabras dadas por el presidente Uribe no contenían una solicitud auténtica de perdón y constituyeron un nuevo agravio a las víctimas, con expresiones tales como: "No se puede exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones"; "no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos"; "yo no entiendo que se pueda exigir pedir perdón, en nombre del odio".

La falta de reconocimiento y de cumplimiento de sentencias de las Altas Cortes y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, da una muestra clara de un ejercicio de poder que no tolera ninguna crítica hacía su política.

Recomendaciones:

– Exigimos a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, a los jueces de garantías y a los tribunales competentes, así como al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, adoptar todas las medidas que sean necesarias para permitir el avance en los procesos en las que están vinculadas miembros de la Fuerza Pública, funcionarios del Estado y del Gobierno.

– Exigimos al Gobierno colombiano la protección de los testigos y familiares de las víctimas y el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición.

– Exigimos a la Procuraduría Nacional de la Nación ejercer su labor como ente controlador en función de la población civil y no de la Fuerza Pública

– Exigimos al gobierno Colombiano de respetar los fallos nacionales e internacionales y dar pleno cumplimiento a las sentencias.

– Exigimos al Gobierno Colombiano y funcionarios públicos de abstenerse a hacer señalamientos en contra de víctimas, abogados, jueces y magistrados que trabajan a favor de los derechos de las víctimas.

– Pedimos a los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos que condenen públicamente la excarcelación de los militares involucrados en estos crímenes de Lesa Humanidad, exijan la protección de los testigos y familiares y el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición al Estado Colombiano

– Solicitamos a la Corte Penal Internacional elevar su observación en los procesos que se adelantan en contra de miembros del ejercito nacional de Colombia por las ejecuciones extrajudiciales de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y pronunciarse frente a la posible situación de impunidad que se está presentando por la puesta en libertad de los presuntos autores materiales de estos hechos.

 

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

9 de julio de 2010

 

1Objeción de Conciencia a la Fiscalía 216” Padre Javier Giraldo, 16 de marzo de 2009

4“Un Presidente que es frentero no necesita procedimientos turbios: Uribe” Presidencia de la República 21 de abril de 2010