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Las víctimas reiteran exigencias al presidente Iván Duque para sobrevivir a la crisis ocasionada por el COVID-19

Bogotá D.C, 2 de julio 2020

Carta Abierta

Señor

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Presidente de la República de Colombia

Ciudad

Asunto:                 Reiteración exigencias de las Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Bogotá

Teniendo en cuenta que agudizada la emergencia económica y social para la mayoría de colombianos y colombianas, después de más de 100 días de encerramiento obligatorio, aprovechados por su gobierno y sus aliados para consumar la más brutal campaña de muerte en contra de pobladores y pobladoras, de dirigentes de organizaciones comunitarias, firmantes de los acuerdos de paz y de organizaciones defensoras de derechos humanos, nosotros y nosotras, familiares de víctimas de crímenes de estado, organizados en el capítulo Bogotá del Movice, queremos expresar:

  1. Que desde el inicio del confinamiento obligatorio, el pasado 24 de marzo, su gobierno aprovechó el estado de excepción, originado por la emergencia sanitaria, para dictar una secuencia de decretos dirigidos todos a defender los intereses de banqueros, comerciantes, empresarios, terratenientes y aumentó el desmedido endeudamiento del país con la banca internacional, agravando la situación de los sectores populares sobre cuyos hombros pretende usted que repose todo el peso de la crisis.
  2. Que el estado de excepción en Colombia está siendo usado para acrecentar la corrupción estatal y privada, profundizar las desigualdades e injusticias sociales, infiltrar las conciencias, generar descomposición social, aumentar la criminalidad e impedir cualquier atisbo de rebeldía y protesta.
  3. Que la sistematicidad de la violencia sociopolítica contra la población civil como objetivo militar, constituye un genocidio contra comunidades principalmente en el Cauca, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Nariño; como lo plantea el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, en el 2020, hasta este mes, se registran 137 homicidios de lideresas y líderes sociales y 214 excombatientes, pretendiendo con ello eliminar legítimo liderazgo y el derecho a distintas formas de organización social (Juntasde Acción Comunal, Consejos Comunitarios afro colombianos y Autoridadesindígenas),
  4. Que su gobierno, lejos de implementar la reforma agraria integral, proteger a la pequeña y mediana producción, apoyar los programas dirigidos a fortalecer la economía campesina, de pueblos étnicos y afrocolombianos, desarrollar los programas de sustitución de cultivos, realizar los planes de desarrollo con enfoque territorial especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado, decreta para las transnacionales la importación de alimentos sin aranceles; usa al Ejército Colombiano para desalojar campesinas y campesinos yreprimir a quienes defienden la sustitución de cultivos y exigen elcumplimiento de acuerdos logrados en anteriores negociaciones.
  5. Que justamente durante el tiempo de la cuarentena decretada por su gobierno, crece día a día el número de niñas y mujeres abusadas sexualmente, asesinadas y sometidas a diversas transgresiones con el beneplácito del Estado Colombiano.  Miembros  de  la  Policía  y  el  Ejército Nacional se cuentan entre los victimarios contando con la complicidad de la Fiscalía y el aparato de justicia, que les garantiza impunidad total. La inconstitucionalidad de la cadena perpetua aprobada días atrás por el legislativo, constituye una maniobra inútil, electoral y populista y es una burla a las víctimas de estos delitos.
  6. Que el pasado 21 de marzo del 2020, iniciando el confinamiento obligatorio, un motín generado por el hacinamiento y falta de garantías de salubridad, terminó en una masacre perpetrada por los guardias del INPEC, dejando como saldo 23 muertos y 100 heridos aproximadamente. El cuestionado decreto que pretendía disminuir el hacinamiento carcelario ha sido inocuoy su lenta y selectiva aplicación no ha disminuido las inhumanas condiciones ni el riesgo a las que continúan siendo sometidos los miles de prisioneros,incluidos los presos y presas políticas.
  7. En los desalojos urbanos y rurales el uso de militares y policías, continúa aumentando la cantidad de asesinados y asesinadas en nuestro país.
  8. Finalmente y como un hecho de graves consecuencias, su gobierno aprovechando la emergencia humanitaria permitió la entrada de miembros de las fuerzas militares estadounidenses, continuando su sometimiento a la política de guerra impuesta por Estados Unidos en la región, sin importarle los riesgos que esa política conlleva para la población en general.

Frente a todo lo anterior, nosotros y nosotras, familiares de víctimas de crímenes de estado, organizados en el capítulo Bogotá del MOVICE exigimos:

  1. Detener el genocidio de líderes sociales, firmantes del Acuerdo de la Habana, defensores de derechos Humanos, campesinos, e indígenas y el cumplimiento del decreto ley 154 del 2 de febrero de 2017 que crea la CNGS con el objetivo de diseñar y hacer seguimiento a una política pública para el “desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales”.
  2. La implementación de la Renta básica universal e inmediata.
  3. El cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que el país y la comunidad internacional reclaman, para superar la violencia sociopolítica y las prácticas sociales genocidas en Colombia.
  4. Generar medidas eficaces de prevención y sanción ante hechos de agresión criminal hacia las niñas y mujeres del país, siendo contundentes frente a los procesos de prevención, justicia, verdad y reparación.
  5. Erradicar al interior de las Fuerzas Militares doctrinas, como la de Seguridad Nacional,que convierten a la población en “enemigo interno” y erradicar la impunidad.que favorece la criminalidad militar y policial.
  6. Implementar una reforma política carcelaria, que responda al sentido preventivo, de reinserción y respeto a los derechos humanos de las y los prisioneros, de igual manera brindar garantías que impidan la criminalización de la protesta social y el aumento en las cifras de detenidas y detenidos convertidos en “falsos positivos judiciales”.
  7. Cumpliendo lo establecido en la Constitución Nacional, elgobierno ordene la salida de las tropas norteamericanas de nuestro territorio.

Como movimiento Nacional de víctimas de crímenes de estado, reafirmamos nuestra decisión de hacer memoria, exigir la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional y exigir que quienes están en los estamentos del poder público cumplan con su función de servir al pueblo colombiano y no a sus propios intereses.

MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

CAPÍTULO BOGOTÁ