Gilmer Genaro García Ramírez era líder del organismo afrodescendiente Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. La comunidad vive en una zona donde está activo el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que había presionado a Genaro García para que asistiera a una reunión con el grupo el 3 de agosto. Cuando viajaba en un coche por una carretera rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, un grupo de hombres armados detuvo el vehículo y obligó a bajar de él a Genaro García y los demás pasajeros. Luego llegaron dos hombres en una motocicleta y uno de ellos mató a disparos a Genaro García.
Las FARC habían advertido a Genaro García en octubre de 2014 de que lo matarían si continuaba con su papel activo como líder del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. En 2008, el asesinato de dos líderes del Consejo Comunitario hizo que muchos miembros de la comunidad huyeran de sus casas.
El organismo afrodescendiente Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera viene luchando desde 2012 para que se otorguen títulos de propiedad colectivos y se hagan efectivos sus derechos territoriales mediante el proceso de restitución de tierras. En febrero de 2013, un juez de restitución de tierras ordenó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) elaborara e implementara con carácter urgente un plan de protección para los líderes y miembros del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. La Corte Constitucional había ordenado también protección para la comunidad mediante los Autos 005 de 2009 y 073 de 2014.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos y las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas han sufrido las peores consecuencias del prolongado conflicto armado de Colombia. Todas las partes enfrentadas –de un lado, las fuerzas de seguridad, actuando solas o en connivencia con grupos paramilitares, y de otro, la guerrilla– son responsables de abusos y violaciones de derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, tales como homicidios, desapariciones forzadas o secuestros, tortura, desplazamiento forzado y delitos de violencia sexual.
Las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares han calificado frecuentemente a los miembros de organizaciones de derechos humanos y de sindicatos de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, y los han amenazado, secuestrado o matado. Numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos, dirigentes comunitarios entre ellos, han sido víctimas de homicidio tras haber sido calificados de simpatizantes de la guerrilla. La guerrilla también ha amenazado y matado a defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos líderes de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.
Los líderes de las comunidades desplazadas y los que piden la devolución de las tierras robadas han sido víctimas de homicidios y amenazas, especialmente desde que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y sus decretos ley asociados se aprobaron en 2011 y entraron en vigor a principios de 2012. Esta ley reconoce la existencia de un conflicto armado en el país, y los derechos de sus víctimas. Además, prevé una reparación para algunos de los sobrevivientes de abusos contra los derechos humanos, incluidos los perpetrados por agentes del Estado. Sin embargo, priva a muchas otras víctimas del conflicto de la posibilidad de presentar reclamaciones de reparación, y hace que importantes extensiones de tierras robadas puedan no ser devueltas a sus legítimos dueños.
Amnistía Internacional