En los últimos meses diversos funcionarios del gobierno colombiano, desde el Presidente de la República hasta un fiscal, pasando por una senadora y varios concejales de Bogotá, han señalado en sus declaraciones o decisiones, en forma genérica y sin individualizar responsabilidades, a organizaciones estudiantiles o grupos dentro de la comunidad universitaria como colaboradores de la guerrilla.
Estos señalamientos han tenido un gran eco en los principales medios
masivos de comunicación del país y han creado un ambiente general de
estigmatización política y social de la universidad, especialmente de las
instituciones públicas. En los últimos días, el grupo paramilitar las Águilas
Negras ha aprovechado este acondicionamiento de la opinión pública para
amenazar de muerte física o simbólica, como el destierro, a estudiantes y
profesores de la Universidad Nacional de Colombia. En el pasado tales
amenazas en otras instituciones de educación superior pública no sólo han
tenido consecuencias mortales, sino que han conducido al control de
algunas universidades regionales por este tipo de organizaciones y han
atentado gravemente contra el derecho de la comunidad universitaria a la
protesta y a la crítica razonada.
La militarización de los campus por cualquier actor armado, estatal,
paraestatal o antiestatal, y la imposición en ellos de la lógica bélica,
desvirtúa a la universidad como espacio para el debate libre y plural de las
ideas y el conocimiento, y la transforma en un escenario donde se imponen
los dogmas mediante el recurso unilateral y autoritario de las armas.
La sociedad colombiana tiene una larga lista de profesores y estudiantes
asesinados por organizaciones armadas o grupos paramilitares como las
Águilas Negras que se consideran a sí mismos y por la sola invocación de
sus credos políticos como los jueces, fiscales y verdugos de los miembros de
la comunidad universitaria que condenan a muerte.
La legitimidad de un Estado como el colombiano depende, entre otras
causas, de su capacidad para garantizarles a sus ciudadanos la realización o
el ejercicio de sus derechos fundamentales. En el caso de la universidades
estas garantías deben contemplar el respeto irrestricto de su autonomía.
Los funcionarios públicos tienen el deber de individualizar las
responsabilidades de las personas que acusan por la comisión de un delito y
de observar y hacer observar el debido proceso en cada una de sus partes,
sin infamar a toda la colectividad, como ha venido ocurriendo con las
universidades públicas y con algunas privadas.
Llamamos al Estado colombiano y a los medios de comunicación a terminar
definitivamente con la estigmatización de la comunidad universitaria y a
proteger, desde su competencia específica, la vida e integridad personal de
todos y cada uno de sus miembros. De igual manera, invitamos a la
sociedad colombiana a rodear solidariamente a las universidades públicas,
rechazar las amenazas contra la comunidad universitaria y exigir la
desarticulación inmediata de grupos paramilitares como las Águilas Negras
y de las redes institucionales o parainstitucionales que les sirven de
soporte. La autonomía, y los derechos a la protesta y la crítica razonada de
las comunidades académicas son valores fundamentales de la democracia
contemporánea y su desconocimiento conlleva a la entronización definitiva
del totalitarismo.
Firmas:
Noam Chomsky, Laura Restrepo, Ivon Le Bot, Víctor Manuel Moncayo,
Francisco Leal, Blanca Cecilia Nieva, Bernardo Correa, Oscar Delgado, Carlos
Mario Perea, Matthieu de Nanteuil, Alfredo Gómez Muller, Pío Sanmiguel,
Fabio Buriticá, Silvia de Castro, Leopoldo Múnera (80 firmas más).
La declaración pública "Rodear a la universidad", que se encuentra abierta a adhesiones voluntarias.