Mientras empieza a funcionar la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD), persiste el profundo dolor de las familias que continúan esperando la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos. Por esta situación, las organizaciones sociales, junto a las instituciones estatales, siguen en la implementación de medidas humanitarias que den respuesta a las dolorosas incógnitas que han dejado tantos años de conflicto. Hablamos con Adriana Arboleda Betancur, directora de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), para que nos explicara cómo funcionará la Unidad de Búsqueda.
Tras conocerse el Comunicado 062 de La Habana de 2015, en el que se hablaba de la necesidad de medidas humanitarias para encontrar las personas desaparecidas y la creación de la UBPD, se dieron varios encuentros nacionales con muchas organizaciones sociales para tratar el tema. Entre 2015 y 2016, junto a la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), se formularon las recomendaciones que posteriormente serían enviadas a La Habana. Adriana, participaba en el proceso como representante del Movice. Su experiencia profesional le permitió ser elegida para viajar a La Habana, junto a Yaneth Bautista de la Fundación Nidia Erika Bautista, para exponer más de 300 recomendaciones que organizaciones sociales hicieron sobre el manejo del tema de desaparición forzada en el marco de las negociaciones de paz y de la Mesa Nacional de Trabajo Sobre Desaparición Forzada.
Adriana Arboleda Betancur: 30 años acompañando a las víctimas del conflicto
Adriana es integrante del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), es autora del libro Caminemos hacia la paz e integrante del equipo coordinador del capítulo Antioquia y de la comisión política del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Espacios desde donde impulsa la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada, en Antioquia.
Desde el año pasado Adriana asumió la Dirección de la CJL, posición en la cual asume los retos que deben enfrentar las organizaciones defensoras de derechos humanos como Movice, “Este es un país de impunidad, un país donde si mides tu trabajo por el número de sentencias o de fallos favorables a las víctimas quedas frustrado. Pero, la fortaleza está en la capacidad de resistencia y construcción que tienen las víctimas, la capacidad que tienen de hacer de su dolor una fuente de lucha”, dice Adriana, “Por lo menos a mí eso es lo que me nutre. Saber que estoy con personas que no se han dejado vencer y que están dispuestas a construir incluso más allá que su caso. No solamente en su situación particular, sino en procesos que permitan avanzar, así sea a paso de tortuga, hacia el reconocimiento integral de los derechos”.
Nacida en 1966, en Medellín, Adriana lleva más de 30 años acompañando los procesos de víctimas en Antioquia y Chocó. Su vinculación al movimiento social se dio desde muy joven con su participación en las Comunidades Eclesiales de Base en Chocó. Incluso llegó a ser la coordinadora de derechos humanos a nivel nacional, en funciones de formación y pedagogía para las comunidades.
El trabajo que venía realizando, aun desde antes de ingresar a la Universidad de Antioquia a estudiar la carrera de derecho, le permitió a vincularse con la CJL en 1998. Recuerda de este tiempo, la campaña “No más impunidad: Colombia Derechos Humanos ya” que impulsó la creación de articulaciones de trabajo en el tema de derechos humanos.
En Medellín esa articulación se conoce como Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL) en el que confluían las organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos. “Yo iba en representación de las Comunidades Eclesiales de Base, ahí ya conocía a la CJL porque ellos nos habían apoyado en trabajos en el Chocó. De ese trabajo y la cercanía, también, con el proyecto ‘Colombia Nunca Más’, a finales de los noventa me ofrecieron trabajar con ellos y desde esa fecha estoy vinculada”, dice la abogada Arboleda.
Uno de los temas que más ha trabajado a nivel profesional ha sido el de desaparición forzada. Principalmente desde la experiencia que ha tenido debido a la cercanía con casos tan sonados como los de la Comuna 13 en Medellín (por operaciones militares como la Operación Mariscal y la Operación Orión en 2002) y el caso de la Vereda La Esperanza, del Carmen de Viboral.
“Tenemos un desafío muy grande, el más grande de todos, es que se entienda la criminalidad estatal, que se entiendan los derechos que tenemos las personas que hemos sido víctimas de crímenes de Estado pero además que se posibiliten las garantías de no repetición”, explica Arboleda, “Tenemos, no solamente un desafío de cara a la sociedad, sino de cara a las víctimas. Esa es la apuesta en la que ahora estamos y esa apuesta implica un trabajo de articulación y de pedagogía. Hoy tenemos que recoger todo este acumulado para ponerlo a jugar en todas estas metas y dinámicas que el proceso de paz [con las FARC] está abriendo, o lo que se abra con el proceso de paz del ELN”.