Aproximadamente 400 integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, salieron desde la plaza Eduardo Umaña Mendoza hasta la Corte Constitucional para expresar su desacuerdo con la ley de justicia transicional, al considerarla como una norma que legaliza el paramilitarismo y atenta contra los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
A las 2 de la tarde víctimas de todo el país salieron a las calles bogotanas que pronto fueron colmadas por consignas y cantos. Todo comenzó en la Cl. 28a- 16b-33, donde víctimas de todo el país han estado debatiendo sobre tierras, derechos humanos, salida negociada al conflicto político, social y armado y ley de víctimas.
De allí partieron a una movilización cuyo objeto consistía en elevar la voz de las víctimas para que ésta fuera escuchada en su rechazo a la actual ley de justicia transicional actualmente en trámite y que amplía la exoneración y beneficios a paramilitares, a través de una Comisión ante la cual éstos confiesan todos los crímenes de los que fueron autores materiales o testigo presenciales, sin que por ello puedan ser judicializados.
La movilización pasó por la calle séptima hacia la Corte Constitucional. Una vez allí las las víctimas, organizaciones sociales, indígenas y afrodescendientes, se concentraron. Entretanto, el representante a la cámara Iván Cepeda, en conjunto con otros delegados demandantes, le pidieron a la Corte que declare inconstitucional los artículos primero, cuarto y sexto de la Ley 1424 de 2010, pues éstos le dan le dan legitimidad a las actuaciones y crímenes cometidos por el paramilitarismo.
Las víctimas se manifestaron porque esta ley legitima la impunidad y permite la creación de una comisión de la verdad con la finalidad de cambiar confesión por pena, lo que a todas luces va en contra de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado.
Mañana continuará el V Encuentro Nacional y de éste saldrán las conclusiones finales y la declaración pública de las víctimas de crímenes de Estado del País de cara a a las políticas del gobierno Santos en materia de víctimas y tierras.
