El Capitulo del MOVICE Antioquia, denuncia la actual persecución que se adelanta contra varias agremiaciones sindicales, de derechos humanos, movimiento estudiantil y social en general en la ciudad, estas investigaciones están siendo realizadas por la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante la IV Brigada del Ejército contra varios de nuestros miembros y organizaciones, quienes son acusadas de estar vinculadas a estructuras de grupos rebeldes de nuestro país, en el momento una persona se encuentra detenida desde el pasado 10 de junio del presente año.
La investigación referida se inicia desde el 29 de diciembre de 2006 donde
funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones solicitan a la Fiscalía
Seccional Destacada ante la RIME decretar apertura de investigación previa en
contra de varias personas que según “fuentes humanas” hacen parte de una
agrupación insurgente, más específicamente de las FARC.
Los informes de inteligencia son acatados de manera acrítica por la Fiscal 74
Seccional Delegada, quien le da credibilidad a los mismos sin ningún tipo de
análisis, estructurando sobre los mismos decisiones que
limitan garantías fundamentales e incluso sobre el tipo de procedimiento sobre
el cual se debe situar la investigación penal.
En este informe se reseñan personas a las cuales se les elabora un perfil,
dentro del cual se anotan las actividades amplias que desarrollan
organizaciones sociales, populares, estudiantiles y de derechos humanos con el
movimiento insurgente, evidenciándose la intención de los militares de
incriminar a sus integrantes, señalando las participaciones en marchas,
acciones reivindicativas y asesorías judiciales entre otras como acciones o
actos “fachada” realizadas por los miembros que hacen parte de esos grupos
insurgentes.
Uno de los sustentos de los informes de policía judicial se basa en
testimonios de guerrilleros reinsertados, sin embargo es de anotar que a las
personas vinculadas a esta investigación previa se les hizo reconocimientos
fotográficos sin el cumplimiento de los requisitos legales previstos para la
práctica de esta probanza y sin enterarlas de la actuación que se surtía en
su contra para que ejercieran el derecho a la defensa desde la génesis del
proceso, incluso en medio de esas practicas se observa la manipulación por
parte del ente investigador para forzar los testimonios en contra de diferentes
miembros de las organizaciones investigadas.
Igualmente en el proceso se llevan a cabo investigaciones, informes y
seguimientos contra miembros y organizaciones de diferente índole, en medio de
este proceso se observan que se han autorizado sin sustento alguno,
interceptaciones telefónicas y de celulares, así como de correos
electrónicos, y seguimientos a diferentes miembros de estas organizaciones y
algunos de sus familiares.
El conocimiento de esta investigación fue posible gracias a la comparecencia
voluntaria ante la Fiscalía 74 delegada ante la IV Brigada de un grupo de más
o menos quince estudiantes de la Universidad de Antioquia el pasado mes de marzo
del presente año, allí se enteraron que existía una investigación contra
cuatro de esas personas, de las cuales tres hacen parte del MOVICE. A la fecha
estas personas han sido vinculadas a una investigación formal, y una de ellas
es Winston Gallego Pamplona, integrante de la Fundación Sumapaz, lugar donde
se encuentra actualmente la sede del Movimiento en Antioquia fue detenida el
pasado 10 de junio en momentos que él comparecía voluntariamente ante dicha
fiscalía.
Este nuevo intento por judicializar el legítimo accionar de la defensa de los
derechos humanos, evidencia que existe una política de criminalización de
esta labor, del derecho de opinión y de oposición política, para colocarlas
en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad, generando además, desconfianza
en la población de nuestra región. No reivindicamos para nuestras
organizaciones ni para quienes hacemos parte de ellas inmunidad ni mucho menos
impunidad; pero si exigimos de manera categórica que las acciones judiciales
en contra nuestra se hagan con base en la legalidad, la presunción de
inocencia, el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.
Por ello, exigimos a las autoridades judiciales y los organismos de seguridad
del Estado que se aclare públicamente el origen y la intencionalidad de dichas
investigaciones y pedimos a los órganos de control que acompañen y vigilen que
se cumplan las garantías constitucionales para los defensores de derechos
humanos, líderes sociales y sindicales.
Por último, llamamos a los movimientos de víctimas, a las organizaciones
sociales, sindicales y de Derechos Humanos para que expresen su solidaridad con
quienes vienen siendo perseguidos y a su vez exijan al Gobierno Nacional plenas
garantías y respeto por la vida y la integridad de estas personas y
organizaciones.
A continuación se relacionan las organizaciones que de una u otra forma
aparecen en los informes de policía judicial, en testimonios de reinsertados y
en las solicitudes de investigación por parte del ente judicial.
sindicatos:
CUT
ADIDA
Sintradepartamento
Sintratabaco
Sintrapintuco
Sintraemdes
Colectivo Sindical Clasista Guillermo Marin
Sintraunicol
SindeSena
Sintralimenticia
Escuela Nacional Sindical ENS
Organizaciones estudiantiles y juveniles
Red Juvenil
Juventud Comunista
Federación de Estudiantes Universitarios FEU
federación de Estudiantes de Secundaria FES
Movimiento Sociales;
MODEP
Nueva Escuela Popular y Obrera
Corporación Bolivariana Simón Rodríguez
Corporación Cultural Colombo Cubana de Amistad con los Pueblos
Derechos Humanos:
Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, CODEHSEL
Asociación Campesina de Antioquia, ACA
Corporación Jurídica Libertad
Fundación SUMAPAZ
Movimiento Social de Desplazados ANDAS
Instituto Popular de Capacitación IPC
Corporación Región
Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda
Políticas:
Polo Democrático Alternativo, PDA
Alianza Social Indígena, ASI