No todo es bueno en la aprobada ley de víctimas

El pasado martes 24 de mayo se cumplió el último debate en el Senado de la controvertida Ley de Víctimas, la cual fue aprobada por la Unidad Nacional, coalición gobiernista que agrupa a la mayoría de partidos políticos con asiento en el Congreso. Sólo falta la Conciliación del texto final entre ambas Cámaras y la firma del Presidente, pero se da por descontado que ambos trámites se cumplirán sin ninguna complicación, puesto que éste ha sido uno de los proyectos bandera del Presidente Juan Manuel Santos, que además está interesado en que la firma coincida con la visita del Secretario General de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-Moon.

Sin embargo, existen algunos puntos que aún pueden generar debate en el Congreso, tales como la fecha a partir de la cual se reconoce a las víctimas para la reparación: mientras en la Cámara de Representantes se aprobó que fuera a partir del 1° de enero de 1991, el Senado la amplió al 1° de enero de 1985. Asimismo la discusión sobre el reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno, que no fue tema de debate en la Cámara. El senado aprobó el llamado contrato de transacción de acuerdo con el cual las víctimas pueden escoger si aceptan veinte millones de pesos en indemnización y unos beneficios adicionales en especie (salud, educación) a cambio de renunciar a entablar o continuar con acciones judiciales contra el Estado. La Cámara convirtió a Acción Social en una súper agencia encargada de todo, pero el Senado decidió crear un nuevo Departamento Administrativo igualmente adscrito a la Presidencia de la República. Ya la Presidencia ha movido todas sus fichas para garantizar que el texto quede tal cual se aprobó en el Senado. Las víctimas no tienen nada que decir al respecto porque no se les va a preguntar y porque, finalmente, ninguna de las propuestas les es favorable.

Como la mayoría de las leyes impulsadas por la coalición de gobierno, ésta también fue aprobada sin consulta ni participación de los y las interesadas, en este caso las víctimas, y sin tener en consideración las propuestas de los partidos de oposición. Sólo el Polo Democrático Alternativo presentó 105 modificaciones a consideración de la plenaria, pero que no fueron consideradas. El optimismo ha sido la nota predominante que han trasmitido los medios de comunicación, además de la propaganda a favor del actual gobierno nacional. Algunas organizaciones de derechos humanos y de víctimas también han manifestado su complacencia aunque reconocen que la misma es insuficiente. Miles de víctimas la han recibido con gran expectativa y esperanza, convencidas de que por fin van a ser atendidas en sus derechos fundamentales. El mismo senador Juan Fernando Cristo –ponente de la ley- expresó, con lágrimas en los ojos, que “las víctimas aspiran a más, pero es una muy buena ley”, es el “instrumento inicial hacia la paz y la reconciliación”.

Pero ¿cuáles son los puntos problemáticos y preocupantes de esta ley que muchos consideran perfecta, conforme a los estándares internacionales y totalmente satisfactoria de los derechos de las víctimas? Veamos algunos de ellos:

1. Esta es una ley inconsulta, debatida y aprobada de espaldas a las víctimas. Desde su inicio el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado propuso la realización de audiencias públicas donde se discutiera los puntos más controversiales y se tuvieran en cuenta las propuestas que salieran de estos espacios. Sin embargo la propuesta fue rechazada sin ninguna justificación. Pero, lo más grave es que no se realizó consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes como lo exige el Convenio 169 de la OIT y lo ha reafirmado en diferentes sentencias la Corte Constitucional. Para subsanar dicho error la ley le otorga facultades especiales al Presidente de la República para que expida un decreto donde se concrete con dichas comunidades su derecho a la reparación. Sin embargo, el tema no es así de simple. La consulta es un derecho fundamental que no se puede desconocer, es irrenunciable y la Corte ha sido radical en su reconocimiento. Además muchas organizaciones étnicas han anunciado su disposición de demandar el texto aprobado por inconstitucional.

2. El universo de víctimas es restrictivo y viola el derecho a la igualdad. El senador Cristo ha afirmado que la ley reconoce a todas las víctimas y que la fecha del 1° de enero de 1985 es sólo para el tema de reparación. Este argumento resulta realmente un contrasentido porque deja sin derechos a más de diez mil víctimas que en la década de los años setenta y principios de los ochenta sufrieron toda clase de agresiones, graves violaciones a sus derechos y crímenes de lesa humanidad. Situación que se agrava al dejar por fuera a las miles de familias que han sufrido por cuenta de las acciones del neo-paramilitarismo, eufemísticamente llamado BACRIM. El reconocimiento formal de la existencia del conflicto armado es una cortina de humo que sirve para dejar sin derechos a las víctimas del conflicto socio político en todo el país al exigirles el tener que probar que el hecho fue cometido por un grupo armado y que guarde relación causal con el conflicto. Este fue justamente el argumento con el que se le negó a la mayoría de víctimas la reparación individual por vía administrativa alegando que eran acciones cometidas por delincuencia común.

3. El contrato de transacción aprobado por el Senado es totalmente ilegal e inmoral, y busca evitar que se evidencie la responsabilidad del Estado en la mayoría de estos crímenes. Además por esta vía el Gobierno podrá convertir en medidas reparatorias las obligaciones sociales que por ley y constitución le competen. La gran mayoría de las víctimas provienen del sector social más empobrecido y excluido, situación que va a ser aprovechada para promover los “bonos” en salud y educación que las dejarán sin derechos.

4. Uno de los principales problemas es el tema de la restitución de tierras que será sólo reconocido a víctimas desplazadas forzadamente a partir del 1° de enero de 1991, con lo cual se legaliza el despojo de años anteriores. El gobierno –y los parlamentarios uribistas, fieles a su líder- han argumentado que se deben respetar las leyes que protegen a los poseedores, pero se abstienen de recordar que éstos por lo general han sido ganaderos, narcotraficantes, terratenientes, empresarios y paramilitares que se hicieron a la tierra mediante métodos de barbarie y terror, que además se aprovecharon de que la mayoría de los campesinos carecen de títulos de propiedad.

La intención de formalizar la propiedad para poder impulsar las famosas locomotoras del desarrollo minero y agroindustrial -y de paso legalizar el despojo- quedan claros al ver cómo la ley aprueba el llamado derecho de superficie y los contratos de uso de predios restituidos, de acuerdo con los cuales donde existan proyectos de interés económico, como es el caso de las grandes extensiones de palma aceitera, se debe privilegiar su continuidad. Con lo cual a los desplazados sólo se les devolverán formalmente sus tierras y se tendrán que contentar con vender o ser obreros asalariados en sus propias tierras. Tampoco habrá restitución de otros bienes patrimoniales ni se tiene en consideración el tema del despojo intraurbano tan común en la última década.

5. La ley deja por fuera todo el tema de las políticas de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y las garantías de investigación, juzgamiento y sanción de este delito. Ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado se quisieron escuchar y debatir las propuestas de las organizaciones de familiares al respecto.

Muchos otros puntos deben ser materia de debate. Queda pues mucho camino por recorrer y mucha lucha por dar. Es necesario fortalecer los procesos organizativos de las víctimas y las organizaciones sociales, que hagan posible un total reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Es necesario definir cómo enfrentar lo aprobado por el Congreso, cómo debe ser la forma de participación y la veeduría que se haga a la implementación de esta ley.

En todo caso el reto más grande es la lucha para hacer que estos crímenes nunca más se repitan.