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Plantón por la verdad y la justicia por masacre de Segovia, en Medellín

NO MÁS IMPUNIDAD
Segovia fue víctima de una de las peores masacres ocurridas en Colombia a manos de paramilitares y con la total complicidad de la fuerza pública, en el marco del hecho más vergonzoso de este país: el Genocidio de la Unión Patriótica (UP).

 

El viernes 11 de Noviembre de 1988 un grupo de paramilitares incursionó al municipio en tres camperos… uno de ellos se dirigió al barrio La Madre donde comenzó el horror: hombres armados disparaban indiscriminadamente, silenciando la vida de hombres, mujeres y niños que encontraron a su paso.

Mientras tanto, en el centro los demás asesinos hacían de las suyas: dispararon contra las personas que estaban en el Kiosco, en el bar Johnny Kay y en el Parque  Principal. Llovía, y las calles parecían riachuelos de sangre. Mientras tanto, en el comando de la policía, a solo cincuenta  metros del lugar de los hechos, los policías departían tranquilamente omitiendo lo que pasaba afuera.

Finalmente, la caravana de la muerte una hora después emprendió su partida arrasando a su paso con los sueños y las esperanzas de un pueblo entero… dejando grabada en la memoria de cada uno de los habitantes de Segovia las imágenes más desgarradoras del terror, el pánico y la desolación. El saldo: 43 muertos, 48 heridos y un pueblo entero con el alma desgarrada.

Hoy, veintitrés años después, continuamos exigiendo justicia. Por esto invitamos a todas las víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo, a organizaciones defensoras de derechos humanos a que nos acompañen en el plantón que realizaremos el viernes 10 DE FEBRERO A LA 1 PM frente AL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS EN LA ALPUJARRA

La Población Civil del Tarra no puede ser objeto de represalias (tal como lo refiere el artículo 158 del Código Penal. “El que con ocasión del conflicto armado, haga objeto de represalias o de actos de hostilidad a personas o bienes protegidos, incurrirá en prisión de 2  5 años…” ni de actuaciones tipificadas como Delitos contra Personas y Bienes por el Derecho Internacional Humanitario. (Artículos 135 a 164 del Código Penal Colombiano).

Frente a un inminente desplazamiento forzado masivo, desapariciones forzadas, torturas, judicializaciones y el peligro de pérdidas de vidas,

SOLICITAMOS

A la Fiscalía General de la Nación:
a) Investigar de manera exhaustiva los hechos de los que son víctimas los habitantes de las zonas urbanas y rurales del Municipio El Tarra-Norte de Santander, recabando todas las evidencias necesarias que permitan identificar los responsables  de las violaciones cometidas.

b) Dar prioridad a la indagación e investigación penal por tratarse de un hecho que atenta contra la vida, integridad física y libertad de la comunidad del Municipio El Tarra-Norte de Santander.

Al Presidente de la República:
a) Garantizar el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Nacional, protocolos, tratados y convenciones ratificados por el Estado Colombiano y que gozan de carácter fundamental y vinculante.
b) Implementar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad física y libertad de las personas residentes en la zona rural y urbana del municipio El Tarra-Norte de Santander.

A la Defensoría del Pueblo:
Emitir de manera urgente una alerta temprana, con el fin de proteger la vida, integridad física y libertad de la comunidad asentada en la zona rural y urbana del Municipio El Tarra-Norte de Santander.

A la Procuraduría General de la Nación:
Iniciar las investigaciones contra los comandantes de la Fuerza Pública que dirigen estas acciones contra la vida, integridad física y libertad de las personas que residen en la zona rural y urbana del Municipio El Tarra-Norte de Santander.

Al Ministerio de Defensa:
Ordenar el retiro inmediato de los efectivos militares acantonados al  interior de poblados rurales y urbanos del Municipio El Tarra-Norte de Santander, con el fin de garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Nacional, protocolos, tratados y convenciones ratificados por el Estado Colombiano y que gozan de carácter fundamental y vinculante.

A la Secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación de Norte de Santander:
Iniciar las acciones pertinentes, en prevención al riesgo de graves violaciones a los derechos humanos de las personas adultas, niñas y niños y adultos mayores, residentes en la zona rural y urbana del Municipio El Tarra-Norte de Santander.

Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae sobre el Estado Colombiano de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y convenios internacionales, al ser éste responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, y tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estas violaciones a los derechos humanos se sigan perpetrando.

1) A ACNUR:
Conforme a su mandato, intervenir para evitar un masivo desplazamiento forzado en las zonas rurales y urbanas del Municipio El Tarra-Norte de Santander.

2) A la Cruz Roja Internacional:
Conforme a los hechos narrados, mediar de manera urgente con el Ejército Nacional, Policía Nacional y guerrillas, con el fin de suspender la participación forzada de la población civil dentro del conflicto armado, en las zonas rurales y urbanas del Municipio El Tarra-Norte de Santander.

Pedimos a la comunidad nacional e internacional que soliciten al Estado Colombiano brindar las garantías políticas y materiales que permita a la población civil de las zonas rurales y urbanas del Municipio El Tarra-Norte de Santander, permanecer en sus poblados, municipios y viviendas sin que se vean afectados en sus derechos a la vida, integridad física y libertad.

San José de Cúcuta, 5 de febrero del 2012