La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Corporación Jurídica Yira Castro denuncian ante la comunidad nacional e internacional el desplazamiento forzado de por lo menos 30 personas de los Predios de El Porvenir, en Puerto Gaitán (Meta), en hechos relacionados con atentados, persecución contra personas humildes, intento de desaparición forzada, quema de enceres y pequeños cultivos.
HECHOS:
- El 27 de agosto del presente año, 9 personas que componen dos familias, 5 adultos y cuatro niños, salieron desplazados forzadamente del caserío El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán (Meta). Fueron acompañados y protegidos por una misión humanitaria compuesta por integrantes de la Defensoría del Pueblo y la Corporación Claretiana NPB.
- Entre el 28 y el 30 de agosto fueron desplazadas otras 16 familias, en total 18 viviendas familiares, que representaban, por lo menos, 30 personas (la mayoría no denunció).
- Los hechos que obligaron al desplazamiento forzado de las 18 familias son: amenaza, tentativa de homicidio con arma de fuego por parte de hombres armados, intimidación y persecución constante, entre otros. Los presuntos responsables de los hechos son hombres armados de supuestas estructuras paramilitares que se rearman en los predios del Hato Cabiona. Los campesinos de la zona denuncian que estas estructuras se están rearmando frente al silencio de las Fuerzas Armadas y la Policía, quienes les hacen favores y les avisan de situaciones que los pueden poner en evidencia (Se conoce que allí era el centro de operaciones de los paramilitares Carranceros y el Bloque que ejerció violencia en Meta y Vichada).
- El primer atentado contra dos personas se produjo el 28 de julio (2016). Ese día dos personas fueron llevadas a un paraje cercano donde tenían sus viviendas improvisadas. Una vez en el lugar, intentaron asesinarlas con arma de fuego, pero milagrosamente se salvaron. Las víctimas de este atentado se fueron hasta la ciudad de Villavicencio, a 9 horas de camino en autobús, y denunciaron ante la Fiscalía lo sucedido en Puerto Gaitán. Las autoridades no les prestaron atención y desestimaron las denuncias. La Policía del casco urbano del Porvenir y Puente Arimena les indicó que mejor no denunciaran.
- Sin embargo, los victimarios fueron informados de las denuncias y arremetieron contra las familias, empezando una persecución día y noche y obligándolos a refugiarse en la maleza. Les arrasaron lo poco que habían cultivado con maquinaria pesada y quemaron sus ranchos improvisados, por lo que no tuvieron más alternativa que desplazarse.
- Estas personas habían llegado en diciembre de 2015 e invadido las tierras cobijadas por la resolución 6423 (2014 – INCODER), engañados por el señor Elber Abril Santamaría, quien les ofreció las tierras de estas sabanas comunales, que hacían parte de ASDEPAGRAL (Asociación de desplazados y campesinos productores agropecuarios de la Altillanura con NIT 900862362-4), organización que lleva gente necesitada para que invada tierras, paguen algún dinero y luego los obliga a desplazarse. En la misma modalidad también actúa ASOYOPO liderada por el Sr. Alberto Contreras.
- Además de los llamados terreros invasores, el señor Floro Salgado y el señor Lauro Vanegas disponen de estas tierras como si fueran de su propiedad, argumentando que son cedidas por la familia Carranza en pago de trabajo por muchos años y, por ello, con el poder de la fuerza, ejercen el control y la distribución de la tierra como se les antoja.
- Los habitantes de la región han venido denunciando a la Policía local que hombres encapuchados, en motos y fuertemente armados, rondan por las sabanas y llanos de los predios del Porvenir (Puerto Gaitán, Meta). Su presencia se ha incrementado desde el pasado sábado 20 de agosto y algunos se han identificado como autodefensas del Meta y Vichada, con orden de sacar a los ahora invasores a la buena o a la mala. A algunas familias les han pagado y a otras que no han querido negociar, (con documentos de compraventa), los han amenazado hasta que han tenido que desplazarse con coerción y fuerza.
- Cabe destacar que las unidades de la Policía Nacional que hacen presencia en el Porvenir están ubicadas a pocos kilómetros y hacen rondas por la sabana, del mismo modo que unidades del Ejército Nacional. Sin embargo, no se presentan combates o detenciones a ninguna persona de los grupos armados no oficiales que operan en la región y que se han identificado como paramilitares.
- Por el contrario, los habitantes que se niegan a desplazarse, por llevar más de 40 años en los predios, y las familias desplazadas en el último mes coinciden en que la Policía trabaja con los invasores y que les insisten en que no denuncien por que como autoridades no pueden hacer nada. Entre ellos, denuncian constantemente al Teniente Hurtado, comandante del puesto de Policía de Puente Arimena, y al Teniente Luis Fernando Gaviria, que comanda la unidad de Policía que está designada al Porvenir.
- Por otro lado, los funcionarios de la SIJIN de Puerto Gaitán, señores Intendente Héctor Hernán Ortiz Esquerra y Patrullero Guillermo Villareal y la Sra. Teniente Carolina Castañeda, no quisieron recibir denuncias para evitar más hechos de violencia y solo el día del desplazamiento de las familias los abordaron en el camino para que dieran declaraciones. Aún así, por garantías, las familias víctimas no accedieron al interrogatorio en la calle.
HOSTIGAMIENTO A LOS INDÍGENAS CUBEO – SIKUANI
Durante el año que llevan los indígenas que reclaman tierras ancestrales en los predios de El Porvenir han recibido disparos, intentos de desalojo por parte de la Policía, con el Inspector de Puerto Gaitán, y amenazas de tumbar las humildes viviendas o para que vendan las tierras a la familia Carranza, entre otros hechos denunciados.
MODUS OPERANDI DEL PARAMILITARISMO EN EL TERRITORIO DEL PORVENIR
- Floro Salgado, Lauro Vanegas y otros trabajadores, ex trabajadores, viudas de ex empleados de la familia Carranza, se alían con terreros entre ellos. Elber Abril Santamaria y Alberto Contreras conforman organizaciones con campesinos y víctimas del conflicto, los convocan en las ciudades de Bogotá D.C., Villavicencio, Granada, San Martin, Puerto Gaitán y Puerto López (Meta); Orocué, Yopal (Casanare), Tolima y Caquetá y los llevan a los territorios del Porvenir para invadir las tierras. Una vez allí, les ofrecen dinero por las mejoras y si no aceptan, los amenazan o asesinan a alguien para generar terror y obligar el desplazamiento. De esta manera, cuando llegan las autoridades de tierras –en las que no hay confianza- muestran que estas tierras las tienen ellos y han hecho mejoras y esperan beneficiarse de los futuros proyectos ZIDRES.
- La pérdida de ganado y el envenenamiento de reses de propiedad de los antiguos habitantes del Porvenir tienen una finalidad: acabar con las fuentes de sustento de sus familias y obligarlas a desplazarse.
- Las amenazas contra los líderes y familias se las atribuyen grupos armados paramilitares, que les recuerdan a los antiguos habitantes que siguen haciendo parte de estas estructuras de despojadores para quedarse con las tierras. Sumado a ello, los derechos ancestralmente de los indígenas y de los campesinos que llevan más de 40 años en los predios son afectados sin que el Estado haga algo para protegerlos.
- Llevamos más de tres años exigiendo al Ministerio de Agricultura, al presidente Juan Manuel Santos, a la Gobernación del departamento, al Extinto INCODER y a la nueva Agencia Nacional de Tierras intervenir de manera urgente para que coloque vallas que prohíban la invasión y venta de los predios; que cambien a los funcionarios de Policía, inspectores y personeros locales, quienes no actúan y, por el contrario, realizan acciones que afectan a los pobladores, además de cutodiar a los denunciados en una aparente connivencia con estos grupos.
ANTECEDENTES
En los antecedentes recientes, hemos denunciado que en un año y medio han asesinado a cinco personas en los predios, además de producirse reiteradas amenazas a los líderes de la región. El último crimen se dio el 9 de mayo del presente, en el predio que invadió la misma víctima.
- Siendo las 10:15 de la mañana del martes 16 de agosto de 2016, el líder campesino y de tierras, defensor de derechos humanos Miguel Briceño, recibió una llamada a su celular de un hombre que se identifica como “Carlos Mario”, comandante de “Los Urabeños”. Le hizo una amenaza de muerte muy fuerte en la cual incluye a toda su familia: “Cuando lo tenga aquí amarrado o tenga a un familiar, va a derramar lágrimas de sangre…..” y, continua aproximadamente dos minutos. Número del que proviene la llamada: 3203600345.
Constantemente las comunidades campesinas de Matarraton, el Porvenir y el Pueblo Indígena Cubeo Sikuani asentadas en la Inspección El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta, han sido víctimas de amenazas y hostigamientos. Esto en el marco de una nueva escalada paramilitar en la región.
- El jueves 21 de julio de 2016, el expresidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Matarraton, Sr. Gabriel Gutiérrez, recibe una llamada telefónica de un hombre que se identifica como perteneciente a las AUC y le amenaza de muerte.
- Siendo las 8:30 am del 21 de junio de 2016, el Señor Omar Elkin Salgado, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Matarraton, recibe una llamada a su celular. La voz de un hombre se identifica como perteneciente al grupo Los Urabeños y le informa al señor Elkin que está en una lista de 350 personas de la región del Casanare y el Meta, que le van a llamar más adelante para colocarle una cita para que se presente a una reunión que Los Urabeños están convocando, que es importante porque tiene una lista de 15 personas de la Vereda Matarraton que deben desplazar o asesinar, que más adelante le llaman y le informan donde se presenta y le informan de un dinero que debe aportar, para comprar munición, comida, medicina y 40 celulares satelitales. Cuelgan y posteriormente le llaman en 8 ocasiones más desde el mismo número que le hicieron la llamada inicial, pero el señor Omar Elkin no les contesta.
- Siendo las 11 de la mañana del 15 de junio de 2016, el señor Marco Ardila llama al capitán mayor de la comunidad Cubeo, señor Luis Fernando Chipiaje, y le manifiesta que el señor Hollman Carranza les ofrece 20 millones de pesos por cada casa que hay en el asentamiento indígena Cubeo-Sikuani; que se presente a Villavicencio el 20 de junio. Si no se presenta está en riesgo toda la comunidad. Marco Ardila le dice al señor Luis Fernando que si necesita dinero para desplazarse hasta Villavicencio le hace un giro de un millón de pesos para que cumpla la cita para la negociación del predio de la Comunidad Indígena.
- El viernes 17 de junio de 2016 alrededor de las 2:30 de la tarde, el señor Marco Ardila llama de nuevo al señor Luis Fernando Chipiaje y le insiste que acceda a la propuesta del Señor Hollman Carranza.
- El miércoles 18 de mayo de 2016, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Matarraton, Señor Omar Elkin Salgado, recibió una llamada a su celular de un hombre que se identifica como integrante del grupo paramilitar Los Rastrojos. Le hace una amenaza tipo extorsión a Don Omar Elkin, manifestándole que debe darle un dinero o se debe ir de la región.
- El 13 de junio a las 11:30 am y a las 2:30 de la tarde, el señor Marco Ardila llama al gobernador de la comunidad Cubeo – Sikuani, Señor Mauro Chipiaje Gaitán, y le comunica que de parte del señor Hollman Carranza les está ofreciendo 20 millones de pesos por cada casa que está construida en el predio donde se encuentra asentada la comunidad; que recoja este dinero en Villavicencio y desocupen los predios, si no acepta esta oferta le dice que matarán a toda la comunidad en dos días.
- En horas de la tarde del sábado 21 de mayo de 2016, el expresidente de la Junta de Acción Comunal de Matarraton, Señor Gabriel Gutiérrez, recibe una llamada a su celular de un hombre que se identifica como integrante de Los Rastrojos. Le hace una amenaza tipo extorsión y le manifiesta que si no cumple con los requerimientos lo van a asesinar. Cabe destacar que el número celular del cual salió la llamada a don Gabriel es el mismo número celular del que llamaron al señor Omar Elkin.
- El miércoles 13 de abril de 2016 alrededor de la media noche, dos hombres ingresaron a las instalaciones del colegio de la Inspección del Porvenir – Puerto Gaitán, dirigiéndose al dormitorio de los estudiantes que utilizan el internado, e intentaron abusar de las niñas, una joven de 16 años fue herida en el hecho, al parecer con un elemento corto punzante. La joven es indígena y su comunidad la retiró del internado junto con los otros niños y niñas del pueblo Cubeo, asentado en los territorios ancestrales del Porvenir.
- Entre los días 10 y 16 de agosto de 2016 han asesinado 6 reses de una sola familia. Esta familia es líder en las exigencias del derecho a la tierra. Es constante el robo, asesinato de ganado e incineración de los cuerpos, que son propiedad de la comunidad del Porvenir. Esto ha generado zozobra y pretende crear conflicto con los indígenas. En total en los últimos dos años se han perdido 66 reses.
SOLICITUDES. CESE DE HOSTILIDAES A LOS CAMPESINOS E INDIGENAS DEL PORVENIR
- Se hace un llamado de carácter urgente al Gobierno local, departamental y nacional, así como a todas sus instituciones, para que inicien acciones con voluntad política para que cesen las hostilidades por parte de grupos paramilitares, bajo la mirada permisiva de la Policía local, tales como atentados, asesinatos y daños al ganado de los habitantes indígenas y campesino nativos del Porvenir. Y protejan la vida y garanticen la seguridad e integridad de esta población.
- Se hace un llamado a los organismos multilaterales de Naciones Unidas, Cuerpo Diplomático de las Embajadas en Colombia, al CICR, MAPP –OEA, como también a la Defensoría del Pueblo para que haga presencia en el territorio y se verifique la situación, con el propósito de garantizar la protección de la vida de los habitantes de la región.
- Se solicita al defensor regional del Pueblo del Departamento del Meta hacer presencia permanente en la Inspección del Porvenir para que brinde garantías y protección a esta población.
- Las entidades de Gobierno nacional, departamental y municipal han de acatar y cumplir la sentencia de segunda instancia, proferida el 26 de noviembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia, donde ordena la conformación de un comité interinstitucional de verificación y acompañamiento de la situación de derechos fundamentales, que amapre el derecho fundamental a la vida digna y su protección. Dicho comité debe permanecer activo hasta tanto se supere la puesta en riesgo de las garantías constitucionales de la comunidad.
- Se solicita la visita de una comisión de la ONU, el cuerpo diplomático de las Embajadas en Colombia, al CICR y a la MAPP-OEA para verificar la situación en el terreno y, bajo su mandato, instar las recomendaciones correspondientes al Gobierno nacional en materia de protección especial y acciones humanitarias de emergencia que garanticen la vida e integralidad de esta población.
- Esta denuncia pública, se envía con copia a los organismos de investigación, derechos humanos y seguridad, con el fin de evitar una tragedia o alguna afectación a los habitantes de esta comunidad.
- Se deja constancia de la denuncia y se responsabiliza al Estado colombiano, a quien en diferentes oportunidades la comunidad ha denunciado hechos de amenazas y hostigamientos, sin que se hayan visto los resultados de investigaciones.
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