Aunque la Semana Internacional del Detenidx Desaparecidx ha concluido, nuestra voz no se apaga.
Las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas seguimos alzándonos para solidarizarnos con quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social. Esta conmemoración ocurrió en un contexto de creciente movilización ciudadana, en el que múltiples sectores reclaman al Congreso de la República la aprobación de reformas sociales fundamentales que han sido sistemáticamente bloqueadas. Desde nuestras luchas históricas, nos sumamos a esta exigencia colectiva por un país más justo y digno.
Lamentablemente, la desaparición forzada y las diversas formas en que esta práctica ha sido ejecutada en el contexto del conflicto armado y de la violencia sociopolítica en Colombia no son hechos del pasado. Por el contrario, constituyen una realidad persistente y alarmante. Así lo confirmó el más reciente informe del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), producto de su visita a Colombia entre noviembre y diciembre de 2024. El informe establece que las desapariciones forzadas ocurrieron no solo durante el conflicto armado, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, sino que continúan presentándose en la actualidad.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también alertó sobre esta grave situación. En su informe sobre retos humanitarios en Colombia, documentó 252 casos de desaparición en 2024: 206 víctimas civiles, 44 integrantes de grupos armados ilegales y 2 miembros de la Fuerza Pública. Este número representa un preocupante aumento del 13 % respecto a 2023. Los casos se concentraron en siete departamentos (85 % del total): Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Chocó, territorios profundamente impactados por el accionar de actores armados y la ausencia efectiva del Estado.
Estas cifras reflejan sólo una parte de una realidad mucho más profunda y dolorosa. Pese a los esfuerzos institucionales, la desaparición forzada continúa siendo un crimen recurrente, alimentado por la persistencia del conflicto armado y de múltiples violencias que hoy coexisten en el país. Como lo ha sostenido el CICR, Colombia enfrenta actualmente varios conflictos, no uno solo. En este contexto, la desaparición sigue siendo utilizada como estrategia por parte de actores armados ilegales y, en algunos casos, por agentes estatales, en medio de disputas territoriales y económicas, lícitas e ilícitas. Todo ello se ve agravado por causas estructurales no resueltas, como la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.
Durante la visita del CED a Colombia, las víctimas y organizaciones de derechos humanos expresamos nuestra profunda preocupación por la continuidad de esta práctica, incluso en medio de diálogos de paz en curso con diversos actores armados. A pesar de los esfuerzos de diálogo, la impunidad sigue siendo una constante. Las denuncias por desaparición forzada raramente avanzan en el sistema judicial y los niveles de impunidad alcanzan cifras inaceptables.
Un informe entregado al Comité por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y otras organizaciones, expone con contundencia esta realidad. Con base en una respuesta oficial de la Fiscalía General de la Nación, se identificó que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2024 ingresaron 28.792 casos de desaparición forzada. De estos, 28.527 continúan en etapa de indagación, 124 en investigación, 79 en juicio, 61 en ejecución de penas, y solo un caso ha concluido por terminación anticipada. Esto significa que apenas el 0,21 % de los casos han llegado a juicio, lo que evidencia un nivel de impunidad cercano al 99 %.
Esta impunidad también se refleja en los bajos resultados de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. A pesar de algunos avances en la articulación institucional, estos no se han traducido en resultados concretos. La formalización del Sistema Nacional de Búsqueda mediante el Decreto 0532 de abril de 2024 no ha sido suficiente. La Política Pública de Búsqueda, que se encuentra en formulación desde 2024, avanza con lentitud, lo cual impide superar los cuellos de botella en las labores de búsqueda e identificación, y mantiene limitada la capacidad técnica e institucional, debido a la falta de recursos y mejoras tecnológicas.
Asimismo, es necesario mencionar el rezago en la adopción de la Política Pública de Intervención a Cementerios, impulsada por el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Derechos Humanos. Esta política, que busca establecer parámetros claros para la gestión adecuada de cementerios —lugares donde reposan cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado—, ha quedado estancada. A pesar de la participación activa de víctimas y organizaciones en su construcción, y de la fase de comentarios ciudadanos, hasta la fecha no se ha oficializado el decreto. La desorganización persiste en los cementerios del país, y mientras tanto, estos pueden seguir siendo utilizados clandestinamente para ocultar cuerpos.
Este tema deberá ser evaluado en la próxima audiencia de seguimiento a la Medida Cautelar Nacional decretada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues es inaceptable que, a pesar de los compromisos asumidos, el Estado siga incumpliendo su deber de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de desaparición forzada.
Por todo lo anterior, denunciamos con firmeza la negligencia institucional, la falta de voluntad política y la perpetuación de la impunidad que hoy siguen alimentando la práctica de la desaparición forzada en Colombia. No aceptamos que se siga enterrando la verdad bajo capas de indiferencia estatal y complicidad estructural. Exigimos que el Estado cumpla con su obligación de garantizar los derechos de las víctimas, y que deje de relegar nuestras demandas a la formalidad vacía de decretos sin aplicación.
La desaparición forzada no cesará mientras persistan las causas que la originan: el control territorial armado, el modelo económico extractivista, la represión a la protesta social y el pacto de impunidad que protege a los responsables. Las víctimas no han dejado de buscar y nosotras, las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas, no dejaremos de exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.
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