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Recomendaciones y solicitudes del Movice para las Medidas Cautelares de Puerto Berrío, Antioquia

Como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice, peticionario de las Medidas Cautelares e interviniente especial, resaltamos que en el marco de las audiencias de seguimiento hemos hecho diversos llamados para que la institucionalidad de los municipios reconozca el continuum de la desaparición forzada, materialice procesos concretos que detengan su persistencia, evidencie avances reales en la protección de las buscadoras, de los buscadores y por supuesto, el progreso real de los procesos de búsqueda que vienen agenciando históricamente las víctimas y que anhelan respuestas y resultados dignos que alivien el dolor impuesto por la guerra que no cesa.  Seguimos enfatizando que la realidad de la DF es un crimen de lesa humanidad, de responsabilidad estatal por acción u omisión y persistente en el tiempo.  Por lo tanto, como movimiento de víctimas, aunque continuaremos en el camino de exigibilidad de garantías para la satisfacción de nuestros derechos, no aceptamos la mezquindad de la respuesta institucional que insiste en presentarse en estos espacios de seguimiento sin avances reales, con respuestas sostenidas y excusadas desde las limitaciones estructurales del Estado que lo que evidencian es la no priorización programática y presupuestal hacia las víctimas.  

En este sentido, nos permitimos a continuación hacer las siguientes solicitudes:

  1. Dado que la administración municipal, en cabeza de su alcalde no brindó respuestas efectivas relacionadas con la protección de los líderes y lideresas sociales, el manejo de cementerios y frente a la situación dramática expuesta de la continuación de la práctica de cuerpos arrojados al río, solicitamos a la Jurisdicción que requiera al alcalde para brindar respuestas efectivas a las víctimas y organizaciones acompañantes en estos temas.
  2. La situación de riesgo de líderes y lideresas sociales, organizaciones sociales y de víctimas es alto, y no se evidencian medidas claras de prevención, protección y cuidado, incluso con posterioridad a esta audiencia. Por tanto, se requieren planes claros municipales y macrorregionales para su protección integral individual y colectiva. Solicitamos a la magistratura que ordene a la Defensoría del Pueblo, a la administración municipal en cabeza de su Alcaldía y a las instancias competentes en esta materia, para que presenten planes articulados de seguimiento a la alerta temprana que incluya e informe cuáles organizaciones sociales aparecen en la misma y exponga los mecanismos de seguimiento y acompañamiento en la implementación de las medidas adoptadas. También que sustenten de manera concreta, cuáles son los mecanismos de participación efectiva y concertación con los líderes y lideresas sociales y organizaciones de víctimas para la implementación de programas o medidas de prevención y protección individual y colectiva.  En este mismo sentido y teniendo en cuenta el temor manifestado por las víctimas en el marco de esta audiencia, recomendamos a la Jurisdicción que se emitan medidas de protección con posterioridad a esta diligencia que favorezca la protección y salvaguarda de sus vidas.
  3. Constatamos la persistencia de la desaparición forzada y la permanencia en el tiempo de las prácticas y estrategias de ocultamiento asociadas a este crimen de lesa humanidad. Tal y como ha sido relatado en esta audiencia, el río continúa siendo vulnerado y utilizado como escenario de garantía de la impunidad e imposición del olvido. Esta práctica del horror, extendida y perfeccionada tristemente a lo largo de nuestro país, atestigua dramáticamente la aparición de cuerpos de seres queridos en ríos como el Cauca, río Medellín y el propio Magdalena. No se puede permitir la repetición de esta historia macabra de dolor y de intento de imposición del olvido. Es necesario que el Sistema Integral para la Paz tome medidas integrales para la exigencia de investigación de estos hechos a las entidades competentes y para la garantía de la búsqueda en estos escenarios complejos que permita la efectiva recuperación de los cuerpos de estos seres queridos.
  4. En la misma línea, evidenciamos en audiencias como la de Samaná y ésta de Puerto Berrio, la necesidad de generar un proceso de intervención integral desde la JEP y la UBPD, en el marco de las medidas cautelares, en la macrocuenca del río Magdalena. Para ello es importante que los diferentes mecanismos, con participación de las organizaciones sociales y de víctimas, dialoguen sobre los criterios que permitan determinar el alcance de este territorio, teniendo en cuenta no solo factores de orden administrativo o ambiental, sino las dinámicas de las desapariciones forzadas, el carácter de las víctimas y los patrones de macro criminalidad que han rodeado este crimen. Esto incluye la ampliación de las Medidas Cautelares y del Plan Regional de Búsqueda en los municipios priorizados.
  5. En la misma línea es imprescindible definir claramente los criterios de conformación de la macroregión expuesta en las intervenciones de esta audiencia y permitir tener respuestas efectivas desde allí, al establecimiento del Universo de Persona dadas por Desaparecidas e identificación de otros sitios de interés forense para la búsqueda que no se limiten a los cementerios.
  6. Se debe definir un plan integral de manejo en el Cementerio La Dolorosa y otros cementerios veredales del municipio, que permita corregir la forma en que se ha dado la disposición y custodia de los cuerpos. Para el caso del Cementerio de La Dolorosa, es urgente que la alcaldía informe sobre los avances y/o acciones específicas desarrolladas para su protección e informe a la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas los avances para su posible traslado. Esto implica también, la concertación con todas las partes involucradas en el plan de traslado del cementerio, garantizando la preservación, custodia de los registros y de las personas que se van a trasladar. De la misma manera, La UBPD ha informado que falta ejecutar 4 fases de las determinadas en dicho cementerio, por lo que se requiere saber cómo desde la alcaldía se están abordando estos temas y si está siendo tenida en cuenta la intervención actual. Recomendamos la implementación de un Plan de protección integral de seguridad del cementerio La Dolorosa y otros cementerios veredales del municipio.
  7. Clarificar el plan de intervención de los otros cementerios diagnosticados y presentados en el marco de esta audiencia por parte de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
  8. Solicitamos a la UBPD y a la JEP realizar el cruce de información del Jardín Cementerio Universal de Medellín con las víctimas de Puerto Berrío para determinar si existen Cuerpos Identificados No Reclamados, que correspondan a víctimas de este municipio. Para ello es necesario que la Fiscalía General de la Nación entregue la información de los cuerpos exhumados e identificados y se proceda a la entrega digna de estos seres queridos a sus familias.
  9. En el marco de las respuestas aquí brindadas por la Fiscalía, solicitamos informe y se aclare la ubicación, disposición y estado del proceso de identificación técnica y forense, protocolos de entregas dignas realizados y por desarrollar, cruces de cotejos genéticos realizados en el Banco de Perfiles Genéticos, entre otras acciones enmarcadas en sus competencias, que permita la trazabilidad de información de las víctimas y las organizaciones sociales acompañantes sobre sus seres queridos.
  10. Teniendo en cuenta el discurso sostenido en las audiencias públicas de seguimiento relacionado con la precariedad de la infraestructura y las limitaciones de la capacidad técnica y humana referidas por el Instituto de Medicina Legal y que son utilizadas para argumentar el paupérrimo avance en materia de búsqueda, reconocimiento, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas, recomendamos a la JEP y la UBPD que como Sistema Integral para la Paz, garante de los derechos de las víctimas, facilite la realización de una audiencia pública con presencia de delegatarios dos del alto gobierno para abordar la realidad del INML-CF en cuanto a su fortalecimiento institucional y la disponibilidad de recursos para atender el análisis de los cuerpos que ya han sido exhumados y los recuperados por la JEP y la UBPD que les están siendo entregados.

Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad