- Reconocemos los avances forenses en La Escombrera como un logro de la lucha de las víctimas, pero advertimos con preocupación la falta de articulación entre las instituciones del Sistema Integral para la Paz, que pone en riesgo la centralidad de las víctimas y el acceso efectivo a la verdad y la justicia.»
Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) saludamos la decisión adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ampliar el polígono protegido en el marco de las medidas cautelares decretadas en La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, en cumplimiento de la solicitud realizada por las organizaciones peticionarias y las víctimas. Igualmente valoramos que se mantenga el apoyo del equipo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) en el desarrollo de este proceso cautelar.
Si bien estas acciones aún no logran satisfacer plenamente las exigencias históricas de las víctimas y de las mujeres buscadoras de la Comuna 13, representan un avance significativo en la garantía de sus derechos, especialmente en un contexto caracterizado por la incertidumbre, la falta de resultados concretos y las múltiples dificultades para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
Para las víctimas de desaparición forzada no solo de La Escombrera, sino también de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia en general, los hallazgos recientes que se dieron a través del trabajo de la JEP y la UBPD en este sitio, adquieren un valor central y reflejan la importancia de la resistencia de las víctimas y de organizaciones como el MOVICE en la búsqueda de las y los desaparecidos.
Estos avances no solo contribuyen al proceso de búsqueda de sus seres queridos, sino que fortalecen el esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica que ha afectado históricamente a esta región. En efecto, los recientes hallazgos han tenido resonancia a nivel nacional, motivando amplias expresiones de solidaridad y memoria en distintas ciudades, donde el pueblo colombiano, a través de manifestaciones artísticas, políticas y comunitarias, ha reivindicado el derecho a la verdad y ha exaltado la incansable labor de las mujeres buscadoras.
No obstante, a pesar de los importantes avances que los hallazgos en La Escombrera representan para el país y para las víctimas, observamos con preocupación la persistencia de tensiones entre las instituciones que integran el Sistema Integral para la Paz, en particular entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP. La búsqueda de un mayor protagonismo institucional, en detrimento de una acción coordinada, amenaza con afectar la centralidad que deben tener las víctimas en estos procesos.
Cuando denunciamos la falta de articulación institucional —una expresión que lamentablemente se ha convertido en un lugar común— nos referimos precisamente a escenarios como este, donde instituciones concebidas para cumplir mandatos complementarios y misionales diferenciados actúan de manera fragmentada, priorizando intereses institucionales sobre los derechos de las víctimas.
Lo ocurrido en La Escombrera es reflejo no solo de problemas de coordinación, sino también, y de forma aún más preocupante, de disputas de egos y competencias por el reconocimiento público, en un proceso donde lo fundamental debería ser el respeto y la dignificación de las víctimas, y la satisfacción plena de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición.
Reiteramos nuestro llamado urgente a todas las instituciones del Sistema Integral de Paz para que actúen de manera articulada, respetuosa y centrada en las víctimas, fortaleciendo la confianza de la sociedad en los procesos de justicia transicional y contribuyendo de manera efectiva a la construcción de una paz estable, duradera y con garantías de derechos humanos para todas y todos.
Suscriben,
Colectivo – Mujeres Caminando por la Verdad.
Corporación Jurídica Libertad.