Campaña por la libertad del defensor de derechos humanos Winston Gallego Pamplona, detenido el 10 de junio de 2009.
Miércoles, 08 de Julio de 2009
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad
Tradicionalmente se han denominado delitos de opinión todas aquellas conductas que limitan la libertad de expresión al ser consideradas por los gobiernos y su aparato de justicia como “sospechosas” y por tanto perseguidas por fiscales y jueces, hasta el punto de privar de la libertad a todo aquel o aquella que piense distinto a lo que dicta el establecimiento.
Los delitos de opinión son propios de gobiernos totalitarios y antidemocráticos que aprovechan el derecho penal para sancionar a toda persona que cuestione la política oficial o que se atreva a hacerle oposición. Por ello las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideran que estos delitos violan flagrantemente los derechos humanos y son un atentado a la liberad de expresión, de pensamiento y a las libertades políticas.
En Colombia en los últimos años se ha avanzado en desconocer los principios democráticos que establece la Constitución de 1991 mediante acciones de intimidación contra toda persona que cuestione las políticas gubernamentales, a través de capturas masivas de personas que luego de varios meses tienen que ser dejadas en libertad por falta de pruebas, seguimientos y chuzadas como lo que se ha denunciado del DAS. También se ha utilizado la criminalización de las acciones legales y legitimas realizadas por organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos. Desconociendo la legislación nacional e internacional se persigue, se ataca, se amenaza, se intimida y se encarcela a todo aquel que cuestione o piense diferente a la política oficial. Se difama la labor de los defensores de derechos humanos con campañas de estigmatización, con declaraciones falsas y acusándolos de delincuentes, asociándolos con grupos armados no estatales a través de los medios de comunicación.
Hoy en Medellín, defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles, sindicales e intelectuales, son acusados del delito de rebelión sólo por negarse a aceptar como única verdad la que exponen quienes tienen el poder. En estos procesos de difamación y criminalización, el Estado viola los derechos humanos, de libre asociación, de libertad de expresión, derecho a la protesta no violenta, al debido proceso y garantías judiciales entre otros, generando retrocesos en procesos democráticos, destrucción del tejido social, desplazamiento forzado, desprestigio y destrucción de las organizaciones no gubernamentales que defienden y promueven los derechos humanos y poniendo en riesgo la vida e integridad física de líderes sociales y defensores.
Artículo 19
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” (Declaración Universal de los Derechos Humanos)