Como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, rechazamos las objeciones del Presidente de la República, Iván Duque, a la ley estatutaria que da sustento a la Jurisdicción Especial para la Paz, un acto de dilación a la implementación de las herramientas necesarias para el funcionamiento óptimo de este mecanismo. Además, el anuncio presidencial sobre su intención de reformar el Acto Legislativo 01 de 2017 demuestra la intención de modificar el centro del Acuerdo de Paz, y genera el riesgo de posibles cambios que afectarían nuestros derechos a la verdad y la justicia. Ejemplo de ello, los cambios en el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública, que ya se han intentado en otras ocasiones desde el partido de gobierno, e incluso modificaciones en las facultades y alcances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR).
Aunque el señor Presidente postule cambios solo a las seis objeciones, en el Congreso de la República se podrían introducir modificaciones lesivas para los derechos de las víctimas; nuestros derechos no son moneda de cambio en el debate electoral, la dignidad de las víctimas no puede ser pisoteada por las vanidades partidistas. El estrecho margen de votos obtenidos con mentiras y terror mediático, que dio la ventaja a la campaña del No en el plebiscito de 2016, no facultó al actual gobierno para hacer trizas la paz; los ajustes que en su momento solicitaron los promotores del No fueron aplicados, y el nuevo acuerdo aprobado.
No estamos dispuestas a ver desde las barras los nuevos intentos de impunidad para los crímenes de Estado, de ocultamiento de la verdad, y acciones que perpetúan la agonía de la desaparición forzada. Como primer paso para la reconciliación del país y la reparación a las víctimas, es indispensable el aporte de los responsables a la verdad que les permitirán obtener beneficios a la justicia y esto no puede quedar nuevamente sujeto a discusión.
Detenerse a debatir nuevamente una ley ya aprobada y discutida por los tres poderes democráticos del país es un claro obstáculo para la construcción de paz y la garantía de nuestros derechos como víctimas. Objetar la mencionada ley se convierte en un ataque al trabajo de la JEP, y en un caso específico, para las medidas cautelares que la JEP ha tomado para la protección de al menos 16 sitios en riesgo y la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, como las zonas aledañas al proyecto Hidroituango. Las víctimas, que sabemos el dolor del flagelo de la desaparición forzada, entendemos la importancia del tiempo: cada día que pasa es crucial para los resultados de la búsqueda, es por eso que cada momento de retraso ocasionado por la decisión del Presidente resta oportunidades para encontrar a nuestros seres queridos.
Cabe recordar que la honorable Corte Constitucional adoptó decisiones para responder todos los puntos de las objeciones que fueron calificadas como inconvenientes por el Presidente. Esta no es una cuestión jurídica, es un intento por cambiar las reglas de juego de la JEP que pone en tela de juicio las decisiones del Congreso de la República, la Corte Constitucional y la propia iniciativa de Gobierno. Estamos frente a una decisión de Gobierno que pone en riesgo la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del país.
Reafirmamos nuestra decisión de declararnos en duelo nacional permanente hasta que el presidente Duque cumpla con el Acuerdo de paz, y así como muchos otros sectores de la sociedad, hoy nos movilizamos e invitamos a todas y todos los colombianos a movilizarse en defensa de la paz y de la JEP. Asimismo llamamos a las embajadas de los países garantes, a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de justicia a respaldar a las víctimas, llamando a la firma sin dilaciones ni objeciones de la ley estatutaria de la JEP. No permitiremos que se modifiquen unilateralmente los Acuerdos de Paz y nos arrebaten la esperanza de un país en paz con justicia social.