Los familiares de las víctimas, 18 años después solo esperan que el informe elaborado por la Comisión de Memoria Histórica sobre la masacre de Trujillo, no quede solamente en buenas intenciones o que sea solamente utilizado para afirmar nacional e internacionalmente, que el gobierno está cumpliendo supuestamente sus obligaciones.
Para ellos es claro que la ley 975 es sólo un instrumento al servicio de la impunidad que niega su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral y que su lucha para que estos casos no queden impunes solo cesara el día en que los responsables materiales e intelectuales paguen por sus crímenes.
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