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Una década de lucha y dignidad

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A pasado ya una década desde que las víctimas de la represión oficial, de la guerra sucia, del genocidio político, de la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales decidieron crear esta gran confluencia de almas y corazones y alrededor de un Movimiento, han puesto cara al negacionismo de Estado y ha alzado la voz contra quienes han intentado silenciar el espíritu rebelde del pueblo colombiano. En el año 2003 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez anunció al país el inicio del proceso de desmovilización de las AUC, en un intento por disfrazar el acuerdo político que lo llevó a la presidencia y a sus aliados al Congreso de la República. Se presentó un proyecto de ley de alternatividad penal, que buscaba dar carácter político a los crímenes cometidos por el paramilitarismo y con ello, blindar jurídicamente a los sectores que habían incitado la violencia política en el país. Nuestra respuesta fue contar la verdad y confrontar a los genocidas con el pueblo, las Audiencias Públicas por la Verdad y los Encuentros Nacionales y Regionales del MOVICE permitieron a las víctimas y sus familias romper el silencio en que se encontraban las poblaciones vejadas por el terrorismo de Estado y la estrategia paramilitar en gran parte del territorio nacional. Nosotros somos la prueba de lo que ha pasado en Colombia y es que ha venido quedando obsoleta la versión del conflicto que ha defendido el establecimiento y las élites políticas y económicas. No se puede tapar el sol con un dedo, el Estado Colombiano ha sido condenado reiteradamente por cortes nacionales e internacionales, en donde se ha establecido su responsabilidad en la creación y sostenimiento de los grupos paramilitares. Hoy podemos decir que el país sabe que no estamos hablando de simples errores o excesos militares, sino que han sido políticas de Estado, sistemáticas y permanentes que han desencadenado una guerra de tierra arrasada contra la sociedad, suprimiendo derechos civiles y libertades políticas. Los colombianos y colombianas empiezan a despertar del oscuro pasaje en que las prácticas totalitarias y el caudillismo intentaron constituirse como referente cultural y político. La guerra sin fin, en la que nos han querido embarcar, tiene hoy un obstáculo significativo en la conciencia creciente del pueblo colombiano por buscar una salida política y ética al conflicto. Crece la conciencia sobre el valor de la paz, la convivencia y la justicia social. Es importante recordar que el Estado Colombiano ha gastado en la última década más de 230 billones de pesos en la guerra, manteniendo como principal rubro el del Presupuesto de Seguridad y Defensa. El escalamiento vertiginoso del presupuesto militar ha pasado de 12,6 billones en el año 2000 a 27,7 billones para 2014, lo que muestra un aumento del 120% en 14 años. El presupuesto de Defensa y Seguridad es 100.000 veces superior al presupuesto en Deporte y Recreación, 80.000 veces superior al presupuesto en Cultura y 120.000 veces superior a los recursos invertidos en Empleo Público1. La impunidad en que se encuentran los crímenes de Estado en Colombia y el negacionismo que se práctica a diario por el gobierno y los aliados de la guerra, mantienen vigente la alianza de las víctimas por verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Exigimos, en primera medida, que al más alto nivel de gobierno se reconozcan los Crímenes de Estado y en consecuencia, se lleven a cabo los procesos de reforma, depuración y transformación de todas las instituciones públicas, especialmente del Ejército y la Policía Nacional. Hemos propuesto todos estos años la creación de una Comisión de la Verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia desde 1945 hasta la fecha de la conclusión y entrada en vigor del acuerdo de paz, con especial énfasis en los crímenes cometidos por agentes estatales y grupos paramilitares. Dicha Comisión no podría tener atribuciones jurisdiccionales ni disciplinarias y por lo tanto, no debe sustituir en sus funciones al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la Nación. La paz para que sea creíble, firme y duradera no puede ni debe ser sinónimo de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio o graves infracciones al derecho internacional humanitario. Finalmente, el Estado debe garantizar, sin discriminación alguna, a todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos por agentes del Estado o los grupos paramilitares una reparación justa, proporcionada, pronta e integral por todos los daños causados, tanto materiales como morales.