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Urge garantizar protección de las víctimas y el desmonte efectivo de la criminalidad estatal para lograr una paz estable y duradera

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que agrupa más de 200 organizaciones de víctimas y de derechos humanos, a través de sus 22 capítulos regionales, ha insistido en que aún existen estructuras criminales al interior del Estado y que los grupos paramilitares no se han desmontado de manera efectiva.

Prueba de la permanencia de estas estructuras son las constantes agresiones que el área de protección del Movice registra contra sus integrantes en el último año y medio, las cuales, en su mayoría, provienen de grupos paramilitares como Los Rastrojos, Urabeños, Águilas Negras, La Empresa, Antires­titución de Tierras y los autodenominados ‘Amigos del Pueblo’. También las agresiones han venido por parte de trabajadores de empresas privadas y agentes del Estado; la Fiscalía, la Policía y el Ejército también han sido agresores.

De acuerdo con el informe de protección del Movice, titulado Protección de las Víctimas de Crímenes de Estado Como un Imperativo Para la Paz, desde agosto de 2013 y hasta julio del presente año se presentaron 168 agresiones sólo contra integrantes del Movimiento. De estas, 50 se registraron en el primer semestre de 2015.

En total, fueron 15 de los 22 capítulos del Movice los que se vieron afectados con las agresiones, además del Comité de Impulso Nacional y el Equipo Técnico Nacional. Bogotá, Sucre, Atlántico, Caldas, Valle del Cauca y Nariño son las regiones en mayor riesgo.

La amenaza fue la agre­sión más común contra miembros del Movice, con 133 incidentes registrados. Sin embargo, no son las únicas agresiones. En el primer semestre de este año tres integrantes del movimiento fueron asesinados. En enero ocurrió la desaparición forzada y posterior homicidio de Carlos Alber­to Pedraza en Bogotá, el 7 de abril el líder indígena Fernando Salazar Calvo fue asesinado en su residencia en Caldas y a finales de mayo sucedió el homicidio de Alex Fabián Car­vajalino, integrante del capítulo Norte de Santander. A estos crímenes se suman siete casos más ocurridos durante el periodo estudiado en este in­forme. También se registraron seis atentados.

Hacemos énfasis en que nuestros niveles de subregistro son altos y que aquí no se están incluyendo agresiones contra otras organizaciones. Por ejemplo, este domingo fue asesinado en el Cauca el dirigente social BENICIO FLOR BELALCAZAR, integrante de Marcha Patriótica, y la semana pasada circuló una amenaza contra integrantes de la Cumbre Agraria Campesina y Fensuagro (Organización miembro del Movice). Además, la última semana de septiembre circuló también un panfleto en el que grupos paramilitares amenazan a un importante número de defensores de DDHH, entre ellos, varios integrantes de organizaciones que hacen parte del Movimiento y tres integrantes del Movice Bogotá. (Ver denuncia adjunta)

Para agravar la situación, evi­denciamos que desde el Estado colombiano se contribuye a la impunidad al no avanzar en las investigaciones y se incrementa el riesgo de las víctimas y las y los defensores de derechos humanos por los hechos de corrupción y el pobre desempeño de la Unidad Nacional de Protección (UNP). También se han incrementado las judicializaciones en contra de los defensores y defensoras de DDHH en todo el país.

Recordamos que en el primer semestre de 2015, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defenso­res y Defensoras de Derechos Humanos – SIADDHH – iden­tificó un incremento aproximado del 105% en las agresiones individuales contra defensores(as) en relación con los casos registrados durante el mismo periodo de 2014. “Entre enero y junio de 2014 el Sistema de Información reportó 194 defenso­res agredidos; en 2015, durante el mismo periodo, fueron 399 los casos”1

Propuestas de las víctimas para el desmonte efectivo de estructuras criminales

El Movice ha denunciado que no es cierto que el Estado colombiano, durante las últimas cinco décadas, haya sido cooptado por el poder criminal, sino que, al contrario, fue él mismo el que creó estructuras criminales para poder imponer una reconfiguración del territorio y una reestructuración de las relaciones sociales y económicas en el país. Por esto y ya que estamos cercanos a la firma de un acuerdo de paz entre la insurgencia de las FARC y el Gobierno Nacional, presentamos el texto Estructuras Criminales al Interior del Estado Colombiano, donde exponemos nuestras propuestas para que este desmonte sea efectivo y hayan verdaderas garantías de no repetición de estos crímenes, que permitan alcanzar una paz estable y duradera. Entre otras:  

-Se deben depurar las instituciones y prácticas institucionales del Estado desde el nivel local hasta el nivel nacional. Depurar las tres ramas del Poder Público, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales contra funcionarios implicados en graves violaciones a los derechos humanos y/o vinculados a estructuras criminales. Depurar las Fuerzas Militares de los integrantes que por acción u omisión han participado en violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, como también que han estado vinculados con estructuras criminales. Depurar también los organismos de control, notarias y registros y entidades de la organización electoral como son la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral de sus funcionarios que tienen vínculos con estructuras criminales. El Estado debe derogar la doctrina de seguridad nacional, normas, y demás instructivos militares y de cuerpos de seguridad, que ordenan y promueven el paramilitarismo. El Estado debe depurar sus archivos de inteligencia, en los que reposa información sobre activistas y defensores de derechos humanos.

 

-Se debe elevar a rango constitucional la prohibición de crear, fomentar, promover, financiar y apoyar a grupos paramilitares para un efectivo desmonte de estas estructuras.

 

-La subordinación de las Fuerzas Militares al poder civil es una de las condiciones “sine qua non” para la vigencia de los derechos humanos y el Estado Social de Derecho. La militarización de la vida civil en todo el país ha incrementado las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, por lo que consideramos que la Policía Nacional debe ser separada del Ministerio de Defensa y volver bajo tutela del Ministerio del Interior. En esa misma lógica el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) debe ser desmontado por su responsabilidad en decenas de asesinatos, actos de tortura y utilización de armas de guerra y armas no convencionales para reprimir a la protesta social.

 

-Los autores intelectuales y responsables de la usurpación de la tierra así como de sus usufructuarios directos e indirectos debe ser materia de investigación penal para así establecer la verdad histórica y garantizar verdaderos procesos de reparación a las víctimas del conflicto político y armado.

 

-La Comisión de la Verdad debe tener un enfoque diferencial y un componente que reconozca las diferencias regionales y que permite construir una memoria colectiva del exilio diferenciada, que cuantifique las dimensiones de esta realidad, promoviendo la construcción de un relato histórico que revele la verdad de las víctimas exiliadas, dando cuenta de las causas, los efectos y las responsabilidades correspondientes.

 

-El gobierno colombiano debe construir un plan de retorno acordado con los exiliados que garantiza la seguridad y dignidad de los y las que han tenido que salir del país.

 

-El acuerdo de La Habana no podrá en ningún modo imponer a la sociedad una ley de punto final que indulte a los máximos responsables de la criminalidad estatal.

-Las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra no pueden ser objeto de amnistías, indultos o medidas similares que impidan investigar y/o exonerar a sus autores y partícipes.

-Respaldamos el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico consagrado, de antaño, por el Derecho internacional para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos y en numerosos instrumentos internacionales.

-El hecho de que la persona que cometió un acto que constituye delito bajo el derecho internacional haya actuado como jefe de Estado, miembro de un gobierno o parlamento, representante electo, funcionario de gobierno u otra función oficial, en ningún caso lo debe eximir de la responsabilidad penal ni constituir base para la reducción de la pena.

Llamamos la atención sobre el hecho de que, como resultado de los procesos adelantados en el marco de la Ley 975 Justicia y Paz, existen más de 10.000 compulsas de copias contra miembros de la Fuerza Pública, funcionarios públicos y personas naturales, señalados de tener relaciones con estructuras paramilitares, sin que la Fiscalía General haya podido avanzar en las investigaciones y hasta hoy no se conoce ningún resultado.

Para conocer las propuestas en su totalidad, remitirse al informe Estructuras Criminales al Interior del Estado Colombiano.