El pasado 15 de julio vencieron los cinco meses establecidos por el Gobierno nacional en el decreto 288 de 2018 para la entrada en funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado (UBPD). Dentro de ese plazo han debido expedirse los decretos que permitieran la adopción de la totalidad de la estructura interna y la planta de personal requerida para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Unidad por la Constitución y la ley, previa entrega por parte de esta al Gobierno de los documentos requeridos para tal efecto.
Dicha situación es preocupante principalmente porque constituye un incumplimiento de los compromisos y obligaciones del Estado con las víctimas de la desaparición en Colombia, en especial frente al deber de realizar acciones concretas que estén orientadas a encontrar a todas las personas desaparecidas y conocer la verdad de lo sucedido, y profundiza la desconfianza de la sociedad hacia la genuina voluntad del Estado en atender a las víctimas de crímenes contra la humanidad.
Así las cosas, las personas y organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, entre ellas las pertenecientes a la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MTDF) de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), espacio que tiene por objetivo el impulso y la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones estatales frente a la desaparición forzada, así como la Alianza de organizaciones sociales y afines y la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, dirigimos este comunicado al Gobierno nacional, a la sociedad civil y a la UBPD con el fin de expresar la preocupación por la falta de expedición de los decretos necesarios para el funcionamiento de la entidad creada para realizar la búsqueda humanitaria de los miles de desaparecidos que se registran en el país, así como la subsecuente ausencia de disponibilidad presupuestal para su funcionamiento, y exigir el cumplimiento de los términos señalados por el mismo Gobierno nacional para tal propósito.
Adicionalmente, teniendo en cuenta la grave situación que se presenta, manifestamos nuestra disposición para facilitar el acompañamiento y apoyo que requiera el Gobierno nacional en dicho proceso, y hacemos un llamado a la UBPD para que se revisen los elementos que permitan dar agilidad a las acciones que se deriven con posterioridad a la expedición de los señalados decretos, con participación activa de las víctimas, para la urgente entrada en funcionamiento de la entidad.
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