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Urge política pública de atención psicosocial construida junto con las víctimas del conflicto y de la violencia sociopolítica

Ayer durante el debate de control político sobre la atención psicosocial en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica, realizado en la Comisión VII de la Cámara de Representantes y citado por los representantes a la Cámara Alirio Uribe Muñoz y Ángela María Robledo, la Mesa Psicosocial hizo una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional ante la sostenida crisis en la atención de la salud integral a las víctimas por parte del Estado.

Según explicó Dora Lancheros, de la Corporación Avre, organización que integra la Mesa, hay tres exigencias específicas al Estado: La primera es sobre la necesidad de hacer un proyecto de ley en el cual se conciba un sistema de salud integral a víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, la segunda es contar con una política pública de atención psicosocial a las víctimas que permita, con base en las necesidades reales  del ámbito emocional y psicosocial, dar respuestas sostenibles y apropiadas y lo tercero es poder evaluar públicamente y con base en unos indicadores no cuantitativos, los impactos que están logrando estos programas en términos de recuperación y avance emocional y disminución del sufrimiento que han ocasionado las violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Viviana Quintero, del Colectivo Ansur, organización que integra la Mesa, insistió en que el Estado con el sistema actual de salud, que es absolutamente caótico e inoperante, no puede responder a la demanda ni a las necesidades en materia de atención psicosocial a las víctimas, por lo que urge la creación de un sistema diferencial, autónomo e integral para la atención psicosocial y la salud de las víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica.  

“Es necesario establecer una política pública de la cual se derive un Sistema de Atención Integral en Salud, que tenga como foco fundamental la reparación y la recuperación de las personas que han sido victimizadas en el marco del conflicto armado. El Gobierno olvida en las permanentes reformulaciones que hace de sus programas ya establecidos que se trata de afectaciones y violaciones a los derechos humanos derivados de una violencia sociopolítica en muchas situaciones auspiciada y generada por el mismo Estado. Por esto, se requiere de un sistema especial y al margen del sistema de salud actual, que no ha reconocido los efectos de la violencia en general en la sociedad colombiana y muy difícilmente tiene la posibilidad de atender directamente estas afectaciones, que son de tan hondo calado y de tan particular necesidad de atención”, sostuvo.

En comunicado público, la Mesa señaló que, a 5 años de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras), la respuesta del Estado a la atención psicosocial y salud integral a las víctimas ha sido una serie de estrategias y guías desarticuladas de la Unidad de Víctimas y un Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PSVSIVI) ineficaz en su alcance e implementación, deficiente en cuanto a cobertura y calidad del servicio, incapaz de articularse a la exigencia y apuesta nacional de reconocimiento de los daños causados por el conflicto y su consecuente obligación de reparación.

“La crítica fundamental que está haciendo la Mesa en este debate es que el Ministerio de Salud no ha sabido responder a la demanda nacional de atención, tanto a los daños como afectaciones en salud integral física emocional de quienes han sido victimizados en el marco del conflicto armado, pero tampoco ha respondido a las obligaciones que le han exigido la Corte Constitucional y los organismos internacionales de control de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ni por la presión fáctica de un hecho dramático como el conflicto armado y la necesidad de la gente de la atención ni por la presión y obligación de las entidades”.

En este sentido, llamó también la atención sobre el hecho de que, sumando las respuestas que durante el debate dieron tanto el Ministerio de Salud como la Unidad de Atención a las Víctimas, lo que se evidencia es un total de 293 mil personas atendidas versus un universo de víctimas que suman más de 8 millones de personas sin atención.

La Mesa Psicosocial también manifestó su preocupación por el hecho de que los actuales programas de atención someten a las víctimas a hechos revictimizantes, debido a la falta de personal idóneo y a la desarticulación entre las entidades gubernamentales encargadas de brindar la atención. Sostuvo que las víctimas en su  mayoría manifiestan la ausencia total de atención y en los casos en que la han recibido, indican acciones revictimizantes e insisten en que el mayor drama es, precisamente, que no haya una política pública de atención psicosocial.

“Una atención no es un registro, no es llenar una ficha; debe tener una perspectiva de acompañamiento que tenga en cuenta el daño ocasionado a la víctimas. El programa PAVSIVI carece de idoneidad, está bien de fundamentos, pero en la realidad no garantiza derechos de rehabilitación a las víctimas, no tiene personal preparado para la atención psicosocial en casos de crímenes de lesa humanidad y cuenta con una metodología que permita una atención integral. Lo que se presenta es una falta de garantías de los derechos de las víctimas y un proceso de revictimización. Por ejemplo, en los casos de entregas de los cuerpos de personas desaparecidas a los familiares, van psicólogos de la Alcaldía, porque no se cuenta con protocolos reales para suplir un procedimiento como la entrega digna de una persona desaparecida”, explicó Carolina Torres, de Copsico, organización que integra la Mesa Psicosocial.

Finalmente, recordamos que la Mesa Psicosocial es una coordinación de organizaciones de la sociedad civil con amplia y reconocida experiencia en la atención y acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica en Colombia, que nace en el 2007 como una iniciativa de organizaciones psicosociales interesadas en que la atención psicosocial hiciera realmente parte de la respuesta del Estado.

La Mesa Psicosocial está conformada por las siguientes organizaciones y algunos profesionales independientes: Corporación AVRE (Acompañamiento Psicosocial y Atención a Víctimas de la Violencia política), Colectivo Psicosocial Colombiano (Copsico), Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Tejidos del Viento, Costurero de la Memoria, Colectivo Ansur, CAPS (Centro de Atención Psicosocial), Corporación Vínculos, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Diego Fernando Abonia V, Carmen Sánchez. 

Les compartimos el comunicado público de la Mesa Psicosocial en su totalidad para que pueda informarse de sus recomendaciones al Estado colombiano: 

 COMUNICADO MESA PSICOSOCIAL_DEBATE CONTROL POL. VF.pdf