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Urge proteger y buscar cuerpos enterrados en la zona de influencia de Hidroituango: Las medidas cautelares no dan espera

 

Intervención de Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

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Los días 8 y 9 de octubre de 2019 se realizó la audiencia de ampliación de la información sobre la solicitud de medidas cautelares para el caso Hidroituango presentada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE y el Movimiento Ríos Vivos a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP, órgano de justicia transicional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición –SIVJRNR,  derivado del Acuerdo de Paz.

En dicha audiencia, las organizaciones de víctimas ilustramos ampliamente la necesidad de una inmediata decisión por parte de la JEP en relación con esta solicitud de medidas de prevención y protección de sitios donde están enterradas cerca de 600 personas. 

Según lo expuso el Movimiento Ríos Vivos, que agrupa a 15 organizaciones de campesinos y campesinas, barequeros y barequeras del cañón del río Cauca afectados por la represa Hidroituango, si bien las medidas se solicitaron sobre seis municipios afectados, la zona de influencia del proyecto es de 12 municipios en los cuales se presentaron 124 masacres desde 1981. No obstante, las afectaciones del megaproyecto podrían llegar a 27 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar y Sucre.

De los municipios afectados, el que tuvo índices más altos de violencia fue Tarazá donde ocurrieron al menos 11 masacres de las que se cometieron en todo el territorio de influencia del megaproyecto y donde operó el grupo paramilitar autodenominado Bloque Mineros. Es de destacar que EPM-Hidroituango tuvo conocimiento todo el tiempo de la violencia de estos grupos en la zona e incluso usó el conflicto armado como excusa para impedir la participación de las comunidades, pero el mismo conflicto y las víctimas que iba dejando a su paso no fueron razón para detener la obra, a pesar de las  exigencias de las comunidades.  

El Movimiento Ríos Vivos solicitó a la JEP revisar las versiones libres rendidas por al menos 12 integrantes de esta estructura que aseguraron haber usado el  río como sitio de enterramiento. La represa Hidroituango sigue siendo un riesgo grave para la búsqueda e identificación de estos cuerpos, no solo por la inundación sino por derrumbes y otras situaciones derivadas de las obras que se adelantan. Un riesgo para los vivos pero también para los muertos.    

Por su parte, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ubicó los hechos en el contexto de la violencia sociopolítica vivida en el departamento de Antioquia que dejó cerca de 2 millones de víctimas, según diferentes estadísticas. En relación con la desaparición forzada, de acuerdo con el  Registro Único de Víctimas hay más de once mil personas dadas por desaparecidas en Antioquia, mientras que el Observatorio de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH del Centro Nacional de Memoria Histórica establece que son 17.214 víctimas directas, y que se presentaron en el departamento 1.252 masacres que dejaron alrededor de 3.068 personas asesinadas, muchas arrojadas a los ríos o inhumadas en fosas y cementerios sin que sus familias pudieran sepultarlas dignamente. 

El Movice insistió en que no se trató de hechos aislados y que desde los años noventa en el marco de la estrategia de planeación “Antioquia Siglo 21, la mejor esquina de América”, se definió  construcción de la represa hoy conocida como el macroproyecto Hidroituango, acompañada de la militarización de los territorios y la persecución a sus opositores. Posteriormente llegó el paramilitarismo que “curiosamente” cumplió un papel de favorecimiento de los intereses de los empresarios mediante una dinámica de asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado de familias y comunidades que habitaban el territorio  de influencia de la represa.

Ante este panorama presentado por las organizaciones, las respuestas de las instituciones estatales y otras relacionadas con el proyecto resultaron insólitas y revictimizantes, a tal punto de causar perplejidad en los magistrados de la JEP.

La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior referenció visitas a cementerios legales y capacitación de sepultureros como la principal intervención en relación con esta tragedia humanitaria. La encargada de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia se limitó a citar espacios de participación dinamizados por la voluntad de las organizaciones sociales, no pudo precisar una cifra de víctimas de desaparición forzada a nivel departamental ni tampoco en el área de influencia del proyecto pese a existir una mesa técnica sobre desapariciones forzadas de Hidroituango. Las direcciones de asuntos indígenas y consulta previa no se presentaron, lo que llevó a los jueces a iniciar un incidente de desacato contra estos funcionarios. Este desaire es solo un ejemplo de lo que las comunidades del río Cauca y las víctimas de Crímenes de Estado han afrontado en la búsqueda de sus desaparecid@s.

Pero quizás la intervención más reveladora del manejo que le ha dado la empresa EPM y su socio Hidroituango S.A. a la tragedia humanitaria de la desaparición forzada en la zona fue de la investigadora de la Universidad de Antioquia Timisay Monsalve quien expuso que en el marco de un convenio suscrito por EPM con la firma Integral y la participación del grupo de Investigación sobre formación y antropología pedagógica e histórica de la Universidad de Antioquia del cual hace parte, se trasladaron tres cementerios en Peque, Sabanalarga y Buriticá. Solo en el cementerio de Orobajo (Peque) se exhumaron 349 cuerpos, se lavaron sus ropas, sin que haya forma de garantizar que no había allí víctimas del delito de desaparición forzada.

Saludamos, en este sentido, la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP de decretar una inspección judicial a los laboratorios de la Universidad de Antioquia donde reposan dichos cuerpos.  

No obstante, y ante la gravedad y la urgencia de la situación reiteramos que urge que la JEP decrete las medidas cautelares solicitadas sobre los sitios de enterramiento del cañón del río Cauca ubicados en los municipios de Peque, Ituango, Valdivia, Briceño, Sabanalarga y Toledo, y que dichas medidas deben extenderse a toda la zona afectada por el megaproyecto tanto aguas arriba como aguas abajo. 

Solicitamos también dentro de dichas medidas declarar sitios sagrados de memoria y duelo a lugares como puente Pescadero (entre Ituango y Toledo), La Garrucha (Entre Sabanalarga y Peque) y Puente Viejo (en Puerto Valdivia), las playas, los remansos, las rocas gigantes que cruzan el río Cauca.  

La protección de los sitios de enterramiento supone también la suspensión de la obra como ya lo ha decretado la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –Anla, el desagüe regulado y controlado junto con la labor de arqueología marina necesaria para el hallazgo de los sitios de enterramiento aguas arriba. Aguas abajo, las medidas deben ser el control de descargue de aguas, la siembra de bosques y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, proceso que debe hacerse de forma participativa, con plenas garantías y protección de las víctimas y sus comunidades y con quienes han preservado la memoria, no solo de los sitios de enterramiento sino de la verdad de lo ocurrido en décadas de guerra. 

También solicitamos a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD, priorizar la zona de influencia del megaproyecto y elaborar un plan de búsqueda interinstitucional cuyo objetivo sea encontrar a las personas con vida o entregar sus cuerpos a sus seres queridos.

Emprender la búsqueda ya de las desaparecidas y los desaparecidos del cañón del río Cauca puede ser una oportunidad para que el departamento y el país reconozcan la magnitud de la violencia y el conflicto armado que hemos vivido. como garantía de no repetición. Para poner por encima de los intereses económicos las consideraciones humanitarias, la memoria y la verdad  de las víctimas.