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Víctimas piden reconocer responsabilidad agravada y colectiva del Estado colombiano en “falsos positivos” en el Caribe Colombiano

“Y volveremos a cantar, con los aires de la Paz y el anhelo de Justicia” llega la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas. 

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP, y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -CAJAR, organizaciones no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos, presentamos el informe “Y volveremos a cantar, con los aires de la paz y el anhelo de justicia” Informe sobre la responsabilidad del Estado en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuibles a la Primera División del Ejército Nacional, entre los años 2003 y 2008, que da cuenta de dos de los hechos victimizantes más abominables relacionados con la violencia política y el conflicto armado del país: las ejecuciones extrajudiciales en modalidad de “falsos positivos” y las desapariciones forzadas relacionadas con la primeras, cometidas en el período que abarca el informe, en los departamentos de La Guajira, Cesar y Atlántico[1], donde tiene jurisdicción territorial la Primera División del Ejército y que, a su vez, han sido históricamente afectados por el flagelo de la guerra, la corrupción y el abandono estatal.

El informe documenta 208 casos que agrupan a 383 víctimas de homicidios que corresponden a la tipificación internacional de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por integrantes del Ejército Nacional[2], de los cuales, al menos 121 también fueron  víctimas de desaparición forzada en tanto que muchos cuerpos están registrados como Personas No Identificadas, 109 víctimas, los familiares no conocen del paradero de los restos mortales de sus seres queridos, o bien, aun cuando se conoce la posible ubicación de los mismos o no se han adelantado los procedimientos necesarios para garantizar la entrega digna de restos como un acto de dignificación y de memoria. Es el caso de al menos 12 familias de víctimas directas.

El informe fue construido por las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de la región Caribe y por las organizaciones firmantes, como un aporte al trabajo de los órganos del SIVJRNR que contribuya al cumplimiento de sus mandatos y funciones en el marco de la Justicia Transicional. Busca la garantía de los derechos y la dignificación de las víctimas mortales y de sus familiares que han luchado incansablemente por la verdad y la justicia en los casos de sus seres queridos que yacen identificados y en aquellos en los que aún se desconoce el paradero de las personas o sus restos mortales.

En este informe se evidencia la existencia de una política de colaboración muy estrecha entre unidades tácticas adscritas la Primera División con jurisdicción en la región Caribe y los grupos paramilitares, particularmente con el Bloque Norte de las AUC. Esta relación continuó después de la desmovilización paramilitar en 2006, a través del involucramiento de civiles por medio de las redes de cooperantes que se convirtieron en parte del modus operandi que antecedió, en muchos casos, a las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. 

En el informe se destacan las confesiones y declaraciones de excombatientes del denominado Bloque Norte de las AUC, y de integrantes de unidades tácticas de la Décima Brigada Blindada y la Segunda Brigada, que revelan el apoyo en casos específicos en los que se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales. 

Estos señalamientos comprometen a altos mandos como el Teniente Coronel Publio Hernán Mejía, comandante de Batallón La Popa, adscrito a la Décima Brigada, al Mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, ejecutivo y segundo comandante del mismo Batallón, y a José Pastor Ruíz Mahecha, jefe de la oficina de inteligencia, quien también ocupó el cargo de jefe de operaciones del Batallón La Popa.

Por todo lo anterior, en el informe instamos a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad a que, en el marco de sus competencias, esclarezca y promueva el reconocimiento estatal de responsabilidad por estas prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, tanto por acción como por omisión, dada la actuación irregular de estructuras al interior del mismo Estado que contribuyeron a la materialización de estas graves conductas.

También le solicitamos establecer las responsabilidades colectivas y, en particular, la responsabilidad agravada del Estado, a partir del reconocimiento de la existencia de una política nacional que se extendió a varias unidades del Ejército en todo el territorio y que combinó metas de número de muertes fijadas desde el alto mando militar, con incentivos perversos como vacaciones y dinero, y presiones indebidas -incluso castigos o amenazas- contra los agentes de la fuerza pública que se negaran a hacer parte de la práctica. 

De igual manera, instamos a la Comisión de la Verdad a contribuir a fortalecer el tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva, particularmente la lucha emprendida por el Movimiento Nacional de Víctimas de crímenes de Estado -MOVICE, la Asociación de Familiares Unidas por un Solo Dolor -AFUSODO, la Organización Indígena Kankuama y la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona -OWYBT.

En relación con el apartado dirigido a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD, el informe documenta dentro del universo de víctimas mortales, que persisten casos en los que no se ha hecho una entrega digna de los cuerpos de las personas desaparecidas forzosamente por miembros del Ejército Nacional, así como los posibles lugares donde sus seres queridos creen que están localizados. De igual manera, se mencionan los casos en donde las víctimas fueron presentadas como Personas No Identificadas -PNI, dadas de baja en combate con miembros del Ejército Nacional, de las cuales existen elementos probatorios que permiten inferir que se trataría de ejecuciones extrajudiciales.

Algunas recomendaciones y solicitudes a la Unidad para el proceso de búsqueda humanitaria en la región Caribe son la incorporación del tema específico de las desapariciones forzadas asociadas a ejecuciones extrajudiciales en los Planes de Búsqueda de la Unidad, la construcción y formulación participativa de Planes Regionales de Búsqueda en los departamentos de Atlántico, Cesar y La Guajira con la característica ya señalada,  la coordinación con la JEP con el objetivo de avanzar en el establecimiento de la identidad de las personas no identificadas ejecutadas extrajudicialmente por miembros del BAPOP y, en el contexto de la pandemia del COVID-19 en Colombia, mitigar las afectaciones que esta crisis genera en la búsqueda de las personas desaparecidas que fueron ejecutadas extrajudicialmente en la región Caribe.

 

 

[1] También hay algunos casos en el Departamento de Magdalena, Antioquia, Santa Marta.

[2] En el informe, se nombran otros 15 casos atribuibles a las mismas unidades militares los cuales se cometieron por fuera del periodo 2003 -2009 (5 casos cometidos antes o después), o son hechos respecto de los cuales se cuenta con muy poca información pero que deben ser igualmente esclarecidos (10 casos).