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Víctimas y organizaciones de derechos humanos piden a la Corte tumbar la #LeyDeINseguridadCiudadana

En el Día Nacional contra la Brutalidad Policial, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU, la Campaña Defender la Libertad y la Campaña No + Derechos Vulnerados por los Uniformados, llaman la atención sobre la necesidad de reconocer a las víctimas de la violencia policial y expresan nuevamente su preocupación por la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana que legaliza el paramilitarismo urbano al legitimar el uso de la fuerza letal en manos de particulares, criminalizando el ejercicio de defensa de los derechos humanos cuando de verificar la legalidad de procedimientos policiales se trata, y perpetuando la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía y el ESMAD.

Como consecuencia de lo anterior, organizaciones defensoras de derechos humanos y congresistas interpusimos una acción de inconstitucionalidad contra 13 artículos de la Ley 2197 de 2022,evidenciando la forma en la que  se desconocen no solo derechos consagrados en la Constitución sino en tratados internacionales de derechos humanos reconocidos por Colombia.  La Ley de “seguridad ciudadana” del gobierno nacional va en contravía de los derechos de la ciudadanía; en lugar de ofrecer soluciones francas para los problemas de inseguridad que puedan provenir de actos delincuenciales, retoma la vieja fórmula del punitivismo y del populismo punitivo, agregando un nuevo riesgo para la seguridad de las personas: el de un Estado autoritario, que legalmente puede actuar en contra de derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la protesta social, la libertad de expresión o el debido proceso.

Es inconcebible este concepto de “seguridad ciudadana” que estigmatiza y criminaliza a quienes ejercen su derecho a la protesta social, así como a quienes  han propendido por la defensa de derechos bajo el rol de comisiones de verificación, brigadas de salud y medios alternativos de comunicación, siendo estos señalados y judicializados bajo argumentos endebles que buscan desestabilizar y apaciguar  la  movilización  social. Es inaceptable que no se propongan alternativas para la judicialización de los responsables de graves abusos de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza en un contexto en el que las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado no encuentran precedentes recientes en la historia de Colombia, especialmente las cometidas en el marco del Paro Nacional de 2021.

La Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas registró[1] un total de 7.620 agresiones en el marco de la protesta social durante el 2021: 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 106 violencias basadas en género, de las cuales 23 corresponden a violencia sexual, 343 agresiones a personas defensoras de DDHH, 3.546 detenciones arbitrarias e ilegales y 1.636 denuncias por abuso de poder y violencia policial

Para garantizar los derechos de las víctimas de la violencia policial se requieren retomar las bases del Estado Social de Derecho con: a) un poder judicial y disciplinario que investigue y juzgue eficaz y debidamente las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado; y, b) un control constitucional  oportuno de la legislación que vele por la salvaguarda y el respeto de los derechos fundamentales como el de la protesta social y los derechos de las comunidades étnicas, indígenas y campesinas.

Hoy volvemos a insistir en la urgencia de una reforma profunda de la policía, que nos permita avanzar en una fuerza pública para la paz, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la abolición del servicio militar obligatorio y la sanción de todos los militares y policías comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos como garantías de no repetición.

 

 

[1] Para más información vea: Campaña CDLAT, 2021. El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021.