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Desde el año 2019, diversas organizaciones de la región hemos denunciado y advertido sobre el aumento en la ocurrencia de hechos de vulneración a los derechos humanos; la reconfiguración de estructuras herederas del paramilitarismo, reseñadas en la Alerta Temprana 021 de 2019; y la continuidad de discursos negacionistas, caracterizados por la minimización de los riesgos, la justificación de la omisión estatal y la imagen del territorio caldense como un remanso de paz. Han sido estos discursos reproducidos por mandatarios locales, secretarios de gobierno y miembros de la fuerza pública, los que afectan la movilización efectiva de respuestas institucionales frente a la prevención y protección de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y las comunidades.
En la actualidad, se evidencia un aumento de homicidios en las regiones del Magdalena y Centro Sur de Caldas; las denuncias por la presencia de integrantes de estructuras armadas en zonas rurales, que se identifican como paramilitares; y el fortalecimiento de economías ilícitas, como la minería ilegal, que involucran la participación o financiación de las estructuras.
Estos hechos dan cuenta de la materialización de un escenario de riesgo que fue advertido, años atrás, por las organizaciones e instituciones como la Defensoría del Pueblo. Los contextos de riesgo actuales representan una amenaza latente para la protección de los derechos humanos, el cumplimiento de garantías de no repetición y la continuidad de procesos organizativos y de liderazgo social, debido a las acciones de control que las
estructuras armadas vienen implementando. Esto afecta no sólo la autonomía de las comunidades sobre sus territorios y procesos colectivos, sino también genera un profundo miedo y temor que promueve el silenciamiento, la desconfianza en la institucionalidad y la desesperanza.
Como organización de víctimas de crímenes de Estado, hacemos un llamado a las instituciones estatales del orden nacional, departamental y local para que movilicen acciones urgentes que promuevan la protección integral de las comunidades. Para ello consideramos fundamental, primero, el reconocimiento y análisis profundo de nuevas dinámicas de conflictividad, violencia y vulneración en el departamento.
Segundo, la adopción y materialización de políticas de desmantelamiento de estructuras, especialmente paramilitares. Ello implica el fortalecimiento de las acciones investigativas, el análisis de la relación entre la reconfiguración de estructuras y las economías ilícitas, y la comprensión de dinámicas regionales que afectan e inciden profundamente en el contexto de riesgo departamental.
Tercero, la creación y materialización de propuestas integrales de protección colectiva para las comunidades, caracterizadas por la presencia de diferentes entidades del Estado, quienes movilicen el acceso a servicios y oferta institucional, que contribuyan a la prevención del reclutamiento, contrarreste el narcotráfico y la implementación de planes y proyectos de vida colectivos y comunitarios, que eviten la infiltración de las estructuras en los tejidos sociales y su posicionamiento en el control social.
La situación actual requiere un cambio en la lectura y respuesta estatal para prevenir el escalamiento y agudización de la dinámica de conflictividad y vulneración. Continuaremos realizando estos llamados y denuncias como posibilidad de exigencia y constancia histórica de la necesidad de actuar y garantizar la no repetición.
La paz total se construye desde los territorios con la voz de todxs, donde se garantice la protección de los derechos humanos y se respete la vida.
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