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Tras una larga y prolongada elaboración entre las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales y los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad se ha concretado desde hace doce años la conformación del Movimiento de Víctimas de Crímenes Estado (Movice). Este es el escenario que las víctimas han diseñado, en busca de espacios propios, en procura de visibilizar la magnitud y el tamaño de la criminalización contra el movimiento social y popular, pero también es una forma de unificar las voces y los esfuerzos en la lucha contra la impunidad y por la memoria de las víctimas.

 

La organización de las víctimas de los crímenes Estado demuestra una personalidad y una identidad que reivindica el derecho a organizarse, movilizarse, y en todo caso es una apuesta por la dignificación de las víctimas. Movimiento que elabora propuestas políticas, que se resiste al olvido y se niega a conciliar los derechos de las víctimas con un Estado que ha sido capaz de favorecer a los victimarios hasta el límite de la más vergonzosa impunidad.

 

Así, el Movice, ha adoptado una postura política clara, surgida de la concepción de que buena parte de los crímenes cometidos contra el movimiento social y popular en Colombia obedecen a una intensión social, política, económica e ideológica promovida por el Estado colombiano y sus agentes, o permitida por este, e implementada por grupos paramilitares. Esto en favor de intereses particulares ligados a las clases dominantes y empresas transnacionales, crímenes todos que son de clara responsabilidad estatal, por tanto, es este quien tiene la obligación de responder ante las víctimas, sus familiares, las organizaciones a las que pertenecen y al conjunto de la sociedad colombiana, garantizando el derecho a la verdad, la justicia, la red de reparación integral y las garantías de no repetición.

 

La decisión de crear un movimiento de víctimas de crímenes Estado no niega la existencia de otras víctimas, su derecho a organizarse, como de hecho lo han realizado desde hace ya muchos años en nuestro país diferentes sectores sociales. Sin embargo, las víctimas a quienes el Estado ha desconocido los más mínimos derechos, a quienes se les ha negado el derecho a participar en el diseño de leyes contra la impunidad, para quienes no han existido espacios suficientes y adecuados en los medios masivos de comunicación, también les asiste el derecho a organizarse para exigir del Estado el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y respeto de los estándares internacionales a los derechos de las víctimas.